Este lunes 21 de septiembre Catalunya Ràdio ha entrevistado por enésima vez a Carles Puigdemont. Seguramente era una necesidad después de que varios medios de comunicación publicaran el domingo que la ANC cuestionaba que Puigdemont presidiese el Consell per la República (CR). Acusaban a esta instancia de no ser integradora de todas las opciones independentistas, señalando específicamente a la CUP, y remarcando que había demasiados miembros de JxCat. También le parecía mal a la Asamblea que el CR le hiciera competencia al actuar como una entidad civil en lugar de como una institución.
En su entrevista, Puigdemont ha mostrado porque se lo cree o porque le interesa, una extremada visión en blanco y negro de la situación política. Por un lado, hay un estado que persigue y oprime Cataluña, sus derechos y su lengua. Y, por otro lado, el pueblo catalán, que se defiende de una manera ejemplar y modélica que deviene referencia admirable para Europa. Es evidente que la realidad no es así. Hay aspectos concretos que sí responden a este retrato, pero ni mucho menos responde como conjunto a la descripción del escenario actual, ni de España, ni de Cataluña. Una vez más Puigdemont olvida el 50% de la población de Cataluña que no comparte sus puntos de vista y que mayoritariamente los rechaza. Sí que hay una pugna entre el estado en el marco de la interpretación constitucional y una opción política, que es el independentismo, que en su práctica ha vulnerado de forma más o menos grave, según el observador, aquel marco constitucional. Se puede cuestionar el trato tan extraordinariamente duro dado a los presos por los hechos del 1 de octubre, pero todo esto responde a una pugna de poderes, no a una confrontación Cataluña-España.
Esta visión en blanco y negro no ayuda de ninguna manera a que Cataluña afronte bien sus problemas, porque en este escenario en el que se juega, según Puigdemont, la supervivencia de las otras cuestiones, por importantes que sean, son secundarias.
Al mismo tiempo se produce un enfrentamiento entre los presos que pertenecían al PDeCAT, como Joaquim Forn, Jordi Rull y Jordi Turull, y el mismo PDeCAT. En un extenso artículo publicado este domingo en La Vanguardia, los primeros defienden la opción de consolidar JxCat como mejor política «disruptiva», que hará posible alcanzar los objetivos pretendidos y la fidelidad al 1 de octubre. Los firmantes reúnen en su condición de presos el hecho de ser personas de una larga trayectoria, no ya en el PDeCAT, de corta vida, sino en CDC, especialmente Joaquim Forn, ligado a puestos de responsabilidad en la vida del partido desde los años 90. Podríamos decir que este escrito es la respuesta a las declaraciones de Artur Mas, que ve así una vez más como sus palabras, dirigidas a no abandonar el nuevo partido que él impulsó, no son ni siquiera seguidas por aquellos que no hace tantos años fueron colaboradores suyos y personas, algunas de ellas, de gran confianza.
En la actual circunstancia, los presos son un gran capital político, seguramente el más importante con el que cuenta el independentismo. De ahí el acierto en la iniciativa de la Lliga Democràtica de pedir el indulto, y también hace que resulte incomprensible el retraso del gobierno Sánchez en mover ficha en esta materia. Quizás cuando lo haga y con lo que lleve a cabo, como puede ser la modificación de la legislación sobre sedición, habrá pasado tanto tiempo que, cuando se apruebe, no tenga ninguna eficacia.
Se hace muy difícil interpretar qué quiere realmente el independentismo cuando se producen hechos como los sucedidos en la última sesión parlamentaria en la que ERC y la CUP, que por un lado reivindican insistentemente a Torra la convocatoria de elecciones, votaron contra la propuesta de Comuns, PSC, PP y Cs precisamente pidiendo la convocatoria. Cuando la política llega a estos extremos y los partidos no actúan de acuerdo con sus convicciones y metas, sino en función de quién presenta la propuesta, es decir, si en la política existe una especie de pecado original secular que se arrastra por el origen de cada partido, entonces el sistema democrático está dañado.
Y mientras proliferan las pugnas, los enfrentamientos y las contradicciones, las personas que lo necesitan no pueden acceder a inscribirse en el paro por el colapso de los servicios públicos, y en los CAP se multiplican las listas de espera, no ya para especialistas e intervenciones, sino por algo tan elemental como es para acceder al médico de familia.
Hay un profundo desajuste entre lo que unos hacen en política, y el para qué esta debería servir.
