La medida que ha adoptado el gobierno es propicia a un falso debate en el que nada se aclara y todos perdemos entre “buenistas” y “xenófobos”, entre posiciones extremas. La única forma de evitarlo es estableciendo un diagnóstico basado en la realidad, que no resulta tan difícil
Marco general y naturaleza de la medida
La decisión del Gobierno español de regularizar de forma extraordinaria alrededor de 500.000 personas en situación administrativa irregular, mediante decreto y sin debate parlamentario, constituye una de las intervenciones más relevantes en política migratoria desde 2005. No se trata de una medida marginal ni coyuntural: afecta a un volumen de población equivalente a más del 1 % de la fuerza laboral y tiene implicaciones institucionales, económicas, sociales y demográficas de largo alcance.
Desde el punto de vista analítico, conviene separar tres planos que a menudo se confunden en el debate público:
- la legitimidad institucional del procedimiento,
- los efectos micro y macroeconómicos,
- la dinámica estructural de la inmigración irregular.
Solo distinguiéndolos es posible evaluar la medida con rigor.
Valoración institucional: regularizar por decreto y evitar el Congreso
Desde una perspectiva estrictamente constitucional, el uso del Real Decreto es legal. Sin embargo, no es institucionalmente neutro.
Regularizar a medio millón de personas:
- altera el mercado de trabajo,
- modifica la base de cotizantes,
- genera derechos sociales futuros,
- tiene efectos distributivos claros (ganadores y perdedores).
Todo ello son materias propias del debate parlamentario, no de una decisión reglamentaria. Eludir el Congreso evita:
- la comparación sistemática de costes y beneficios,
- la exigencia de memoria económica,
- la rendición de cuentas sobre impactos territoriales (vivienda, sanidad, educación).
Desde la ciencia política y la economía institucional, esto debilita la calidad deliberativa de la política pública y refuerza la percepción de que la inmigración se gestiona como variable táctica, no como política de Estado. El coste no es solo político: es menor capacidad de corrección ex ante de errores de diseño.
¿Por qué ahora sí si es una medida que inicialmente es fruto de una Iniciativa Legislativa Popular, que duerme el sueño de los justos en el Congreso desde hace años?
Precisamente lo lógico hubiera sido darle trámite, y más dado el apoyo masivo de la ILP y abrir el debate Parlamentario. La razón de oportunidad de Sánchez de hacerlo por una innecesaria vía de urgencia no es solo congraciarse con Podemos y facilitar que acepte el acuerdo de traspasar las competencias en inmigración a Cataluña, que exige Junts. Existe otra causa espuria. La polémica sobre la medida ocultará el debate sobre la degradación del ferrocarril y el colapso catalán.
Dimensión humana: el círculo vicioso de la irregularidad
Desde el punto de vista microeconómico y social, la literatura es clara: la irregularidad genera un equilibrio perverso.
El inmigrante irregular:
- no puede trabajar legalmente sin papeles,
- no puede regularizarse sin contrato,
- no puede alquilar vivienda formal,
- queda atrapado en economía sumergida y precariedad residencial.
Este círculo vicioso no es accidental, sino estructural. La regularización lo rompe de forma inmediata y tiene efectos positivos bien documentados:
- reducción de explotación laboral,
- aumento de movilidad ocupacional,
- mayor inversión en capital humano,
- integración cívica y fiscal.
Desde este punto de vista, la regularización está sólidamente respaldada por la evidencia empírica. No es un gesto simbólico, sino una corrección de una disfunción administrativa persistente.
Al mismo tiempo, lo que debe cuestionarse es la legislación y práctica política española que permite situaciones tan perversas para las personas. Regularizar no basta porque al mismo tiempo se está acumulando otra bolsa de irregulares que en este momento ya supera las 300.000 personas. Por ello, una nueva regularización después de tantos años de la última debería venir acompañada de otra legislación y práctica, menos complaciente con las entradas irregulares, más garantista para los inmigrantes que llegan acogidos a la ley y más medios para su integración y para la expulsión de los irregulares.
Por otra parte, España no puede y no debe hacer una política en este ámbito distinta de la de la Unión Europea, porque es dañino para la cohesión del conjunto y suicida para España, con su actual práctica de puertas abiertas a la inmigración masiva, creando además alicientes para que vengan (las propias regularizaciones periódicas, la no expulsión, el ser puerta de entrada a una UE mucho más cerrada). La actual medida, a pesar de contener importantes factores positivos y ser humanamente necesaria, resulta defectuosa por incompleta e improvisada y aumentará el coste económico social, político que está generando la inmigración.
Impacto económico a corto plazo: lo que sí funciona
Afloramiento fiscal y cotizaciones
La evidencia académica (España 2005, Italia 2002, EE. UU. regularizaciones parciales) muestra que la regularización:
- incrementa inmediatamente las cotizaciones a la Seguridad Social,
- aumenta la recaudación por IRPF,
- reduce el empleo completamente informal.
Esto es indiscutible. La regularización mejora el saldo fiscal a corto plazo porque convierte trabajadores “invisibles” en contribuyentes.
PIB: crecimiento extensivo, no intensivo
La medida aumenta el PIB, pero conviene precisar cómo:
- más horas trabajadas,
- más empleo formal,
- más consumo declarado.
No aumenta la productividad media de la economía. Es crecimiento por cantidad de trabajo, no por eficiencia. Esto no es negativo en sí, pero no resuelve los problemas estructurales del modelo productivo español.
Los costes que suelen ocultarse. Impacto sobre el mercado salarial
La literatura es clara y bastante ideológica:
- el efecto agregado sobre salarios medios es pequeño,
- pero sí existen efectos negativos concentrados.
Los principales perdedores potenciales:
- trabajadores nativos poco cualificados. Esto afectaría, por ejemplo, a aquellos que solo disponen de la ESO como nivel de estudios, también presionar al alza el desempleo de los jóvenes menos cualificados, que ya es muy elevado en España,
- inmigrantes ya regularizados en los tramos salariales bajos.
Al legalizar mano de obra antes informal, aumentan los costes laborales y se produce:
- sustitución de empleo poco productivo,
- presión competitiva en sectores intensivos en trabajo (hostelería, cuidados, agricultura).
Esto no invalida la regularización, pero exige políticas compensatorias que no están previstas.
Seguridad Social: alivio hoy, compromiso mañana
Aquí el análisis debe ser frío.
Corto plazo
Más cotizantes jóvenes → mejora transitoria del balance financiero.
Medio y largo plazo
Esos cotizantes:
- generarán derechos de pensión,
- lo harán desde bases salariales bajas,
- en un sistema ya estructuralmente deficitario.
La regularización no empeora el problema, pero tampoco lo soluciona. Si no hay aumento de productividad ni carreras laborales estables, el efecto neto a largo plazo es limitado y puede ser negativo. El balance generacional para todos aquellos regularizados que no alcancen unos ingreso medios de 25.000 euros anuales en valor monetario actual, serán receptores netos de las prestaciones del estado; están subvencionados con los impuestos del resto de los ciudadanos.
Este hecho tenía una menor incidencia sin regularización porque su acceso a los beneficios del estado del bienestar era mucho más limitado, lo cual era poco humano. Es un círculo vicioso que exige claridad y debate público, porque la regularización implica una solidaridad forzada, que el gobierno no puede imponer sin más, entre otras cosas porque los miembros de la elite, y ellos lo son, están ha cubierto de sus consecuencias. Esto deslegitima todavía más la vía del Decreto Ley sin tramitación parlamentaria
Presión sobre vivienda y servicios públicos
Este es uno de los puntos más subestimados.
Aunque los inmigrantes ya residen en España, la regularización:
- formaliza la demanda de vivienda,
- visibiliza necesidades antes ocultas,
- incrementa la competencia por alquileres baratos.
En un mercado ya en crisis, especialmente en áreas metropolitanas, el efecto no es nulo. No porque “lleguen más”, sino porque entran plenamente en el mercado formal.
Lo mismo ocurre con:
- servicios sociales,
- sanidad primaria,
- educación obligatoria.
La ausencia de presupuesto específico de integración es una debilidad seria del diseño de la medida.
El problema estructural: irregularidad persistente y efecto llamada
Tras la regularización:
- quedarán alrededor de 300.000–350.000 personas irregulares,
- en un contexto donde la irregularidad ha crecido en unas 800.000 personas en ocho años.
La evidencia empírica no confirma un efecto llamada automático, pero sí muestra otra cosa más preocupante:
Sin vías legales suficientes y ágiles, la irregularidad se reproduce.
La regularización no cierra el sistema, solo limpia parcialmente el stock acumulado. Sin reformas:
- del sistema de visados laborales,
- del asilo,
- del arraigo administrativo,
la bolsa irregular volverá a crecer.
Diagnóstico final
Lo que la regularización sí es:
- una medida humanamente necesaria,
- económicamente razonable a corto plazo,
- eficaz para reducir explotación y economía sumergida.
Lo que no es:
- una solución estructural,
- una política de productividad,
- una respuesta integral al colapso del modelo migratorio.
El principal problema
No la regularización en sí, sino:
- su aislamiento,
- su aprobación sin debate,
- la ausencia de políticas complementarias.
España vuelve a crecer a base de sudor, no de productividad, y usa la regularización como parche recurrente. Funciona, pero no transforma.
Y lo que quizás sea más grave, castiga a los grupos sociales más débiles: demandantes de vivienda de bajos ingresos, población inmigrante ya asentada y regular, trabajadores jóvenes con menor nivel de formación y en general toda la población con un nivel equivalente a la ESO. Sigue dopando a las grandes empresas de sectores de baja productividad como el turístico, para que inviertan en productividad en lugar de gastar en mano de obra, todo lo contrario de lo que nuestra economía necesita.
Regularizar a 500.000 personas no es “buenismo” ni “xenofobia”: es economía política. El problema es hacerlo sin debate ni reformas estructurales. #Inmigración #Regularización Compartir en X
Cargando ...
