No es poco, de hecho es el mayor escándalo político de carácter económico de toda la vida democrática del país, porque significa la condena definitiva a dos expresidentes de la Junta de Andalucía que han gobernado a lo largo de todo este siglo. Chaves y Griñán. Sobre todo el primero. Y también porque ambos, más la que fue consejera, Magdalena Álvarez, han tenido la condición de ministros del PSOE. Es insólito que tres exministros vayan a acabar en prisión o en la inhabilitación. También es algo extraordinario por el número de altos cargos condenados, 19 exactamente. Y especialmente por la cifra fraudulentamente utilizada que supera los 600 millones de euros.
Recordamos brevemente lo sucedido. El hilo inicial de esta historia parte, hace 11 años, del caso Mercasevilla. A partir de él se fue destapando una red de sobornos por parte de altos cargos del PSOE que consistía en dar ayudas a empresas sin la documentación y el control necesario incluso llegando al extremo de ni siquiera ser publicadas estas ayudas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. También en las ayudas para las prejubilaciones de las empresas se introducían personas ajenas a las mismas. De este modo se extendió una trama extraordinariamente amplia que haciendo uso de dinero público favorecía a aquellas personas y empresarios que tenían afinidad con el PSOE, al tiempo que se construía una red clientelar porque la garantía de la continuidad radicaba en que los socialistas se mantuvieran en el gobierno.
Todo esto ha quedado ampliamente demostrado y la discrepancia, que también se ha manifestado en la sentencia que condena a prisión a Griñán, 3 votos a favor y 2 en contra, es si su delito, a diferencia del de Chaves, debía incorporar la entrada en prisión. Pero este hecho no quita para nada la magnitud de la manipulación política que el socialismo ha operado en Andalucía.
Ante esta realidad, una organización normal habría asumido sus responsabilidades, debería pedir perdón, asegurando que ya han tomado las medidas para que no se volviera a repetir. En lugar de eso, el PSOE de Sánchez niega la mayor. Cuestiona la sentencia condenatoria que no es más que enfriar lo establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, si bien ahora lo hace el Supremo.
Las razones que da el secretario general actual de este partido, Juan Espadas, es que los condenados son «personas honorables«. Es un extraño argumento para quien acaba de ser condenado y además añade que el fraude tenía como finalidad un fin social que es una forma de decir que el fin justifica los medios, y que, por tanto, el valor de la norma es relativo. Es un argumento que podría utilizar sin problemas Laura Borràs acusada de algo que técnicamente se parece, pero que obviamente por su dimensión está a años luz de la magna operación del PSOE andaluz. A Borràs se le acusa de haber fragmentado lo que debía ser un solo contrato para así, dado que la cantidad era menor, poder acogerse a la contratación directa y favorecer a un amigo. Las cifras son modestísimas, pero si se confirma, el delito está ahí.
La nueva portavoz del gobierno, ministra de Educación y Formación Profesional, ha intervenido también con unas declaraciones que son impropias de un miembro del ejecutivo y que demuestran la incompatibilidad entre ser la máxima responsable de Educación de nuestro país y al mismo tiempo portavoz del PSOE, porque ha querido justificar el asunto a base de constatar que el programa había sido aprobado por el gobierno andaluz con los votos del PP, sin considerar que no es el programa el que se discute, sino la forma en que se han entregado el dinero de estos programas sin ningún tipo de control, en unos niveles increíblemente escandalosos. El otro argumento es que el PSOE no se ha financiado con ese dinero. Ésta es una verdad a medias, y no lo ha hecho directamente, pero sí a través de la compra y fidelización de voto que le permitía continuar en el poder en Andalucía. También ha insistido en la finalidad social, dando los ingresos mínimos a quienes más los necesitaba, pero claro, resultaba que los necesitados sólo eran los de un lado, y que las ayudas en ningún caso se hacían públicas para evitar levantar la liebre.
No puede ser que el gobierno español actúe de esta manera, y manifiesta una vez más que se mueve en el ámbito de la arbitrariedad de los buenos y los malos. Es bueno aquel que me conviene a mí, y es malo el que va contra mis intereses. Estar gobernados bajo estos criterios es un peligro para todos.
