El gobierno de ERC es la manifestación de lo difícil que resulta sacar adelante una acción tan compleja con solo el 10% de los votos, que es la representatividad que tiene este partido. No se trata únicamente de la parálisis parlamentaria por la incapacidad de aprobar leyes. De hecho, éstas proliferan de tal modo que cierta abstinencia, sobre todo si fuera selectiva, ya iría bien. Pero el problema se extiende más allá. Afecta desde la estrategia al día a día.
Constatémoslo: la famosa mesa de diálogo ha desaparecido de escena y sus resultados más que escasos son frustrantes, como atestigua la situación judicial de la mayoría de inculpados por el 1-O. La comisión bilateral, fundamental para obtener una relación con el estado de peso, está desaparecida y yace bajo tierra la comisión de traspasos. Aragonès debería responder por qué prácticamente y en estos últimos años han sido los más escasos en conseguir nuevas competencias efectivas, cuando precisamente el gobierno español ha estado condicionado en mayor manera por los votos catalanes.
El sistema de financiación está caducado desde hace años, pero ni siquiera está en la agenda política. Ahora una serie de organizaciones (Cámaras de Comercio, Cecot, Pimec, FEMCAT, AMEC) recuperan la iniciativa de obtener algún tipo de pacto fiscal que permita a la Generalitat gestionar sus propios ingresos. Pero esta demanda cae en un pozo muerto porque Aragonès y Junqueras, fieles aliados de Sánchez, ya asumen que hasta pasada la actual cita electoral, es decir hasta el 2024, de este tipo de temas ni hablar. Con estas banderas es difícil prosperar.
Sin embargo, es que si de la estrategia pasamos al día a día, el resultado es penoso. Un caso muy trágico es el de la iniciativa que un conjunto de entidades (como Arrels, Asís, Cáritas, San Egidio y San Juan de Dios), llevaron al Parlament. La proposición de ley que la concretaba fue aprobada en enero del 2022, hace más de un año y la dinámica parlamentaria desde entonces es perfectamente descriptible. Tienen la pachorra de decir que seguramente se aprobará antes de que acabe 2023; es decir, dos años para aprobar una ley que tiene un consenso generalizado. Y esto todavía no es seguro.
Es una vergüenza y no solo del gobierno, que tiene la mayor responsabilidad, sinó también del Parlament. Esta ley intenta paliar el desastre de la gente que duerme en la calle cuyos recursos tampoco es que sean para echar cohetes: 7 millones en 5 años. ¿Y después? El problema grave es que cada 6 días muere una persona sin techo solo en la ciudad en Barcelona. Se desconocen las cifras para el conjunto de Cataluña. Esto significa que en el tiempo que habrán necesitado para aprobar la ley, si todo va bien, habrán muerto más de 120 personas que viven en la calle.
Y qué podemos decir de la ley que puso límites al alquiler y que ahora con datos sobre su aplicación se constata que su consecuencia hizo subir el precio de los pisos baratos y benefició principalmente a los hogares que son alquilados por las personas de más poder adquisitivo; logró el efecto opuesto al que pretendía. Es como la ley del “sólo sí es sí”, pero sin tanta atención mediática.
O el escándalo de una nueva multa por el pretendido anuncio sexista de una tienda que pedía una trabajadora de más de 40 años. Para la Generalitat situar esa condición es sexismo y te cobran un ojo de la cara como castigo. Lo que quería ser una demanda de cierto interés social, ofrecer trabajo a un perfil que no encuentra con facilidad, el de las mujeres de mayor edad, se ha transformado en una acción sexista.
Más que gobernar, lo que impera es el desbarajuste maquillado por el reino de la imagen y la subvención a los medios de comunicación.
