La esperada comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado para abordar una supuesta nueva “financiación singular” para Cataluña se ha celebrado, sí. Pero nadie sabe muy bien en qué consiste esta supuesta buena nueva.
La realidad es que el texto pactado no incorpora ninguna concreción tangible, ni mucho menos una sola cifra. Y, por si fuera poco, algunas fórmulas empleadas son tan ambiguas que permiten interpretaciones contradictorias. Un ejemplo más de la práctica del trilero institucionalizado, con el Gobierno socialista español jugando a la confusión con el Gobierno socialista catalán, mientras la ciudadanía catalana sigue siendo víctima de la enredada.
Ordinalidad: ni promesa ni compromiso
Una de las pocas referencias concretas del texto es la famosa «ordinalidad». Pero hay que leer la letra pequeña: no forma parte del cuerpo normativo del acuerdo, sino de la exposición de motivos, que no tiene ningún valor jurídico vinculante. Así, se puede hablar de ordinalidad sabiendo que no hay ni voluntad ni compromiso de hacerla realidad.
Y se lo adelantamos: no se hará realidad. Lo que realmente se ha acordado, en secreto, no es un régimen de excepción para Cataluña dentro del sistema de financiación autonómica. Lo que está sobre la mesa es la financiación de las singularidades —competencias específicas como la policía de tráfico, la lengua y la cultura, la gestión penitenciaria, entre otras—, pero sin alterar el régimen general.
Once años de retraso y siete con Sánchez en el timón
Este acuerdo llega con un retraso de once años respecto al plazo en el que debería haberse establecido un nuevo sistema de financiación autonómica. Cabe recordar que siete de estos años son responsabilidad directa del presidente Pedro Sánchez, que no ha querido mover ficha hasta que Esquerra Republicana se lo ha impuesto como condición de supervivencia parlamentaria. Ahora bien, lo que ha logrado Esquerra es una concesión ambigua, aplazada y de bajo impacto real.
Agencia Tributaria Catalana: gestión sin recaudación
El documento habla de una mayor gestión tributaria por parte de la Agencia Tributaria Catalana, incluso de tributos como el IRPF. Pero esto, sin una clarificación sobre qué porcentaje de estos impuestos ingresará realmente en la Caja de la Generalitat, es humo. La cuestión clave no es quién gestiona, si no dónde va a parar el dinero. Y este dato clave no se concreta. Ya sabemos por qué.
Cercanías como precedente del fracaso
El modelo adoptado para Cercanías es ilustrativo de lo que nos espera con la financiación. Lo que se presentó como un traspaso completo ha terminado siendo una empresa mixta Generalitat-Estado con mayoría estatal en manos de Renfe. Ahora, con la financiación, todo apunta a una fórmula similar: un consorcio tributario entre Estado y Generalitat -previsto en el Estatut, pero nunca aplicado-, que no representa ningún avance sustancial ni soberanía fiscal efectiva.
Una fórmula exportable… y vacía
Lo cínico de todo es que el Gobierno español presentará esta fórmula como generalizable a cualquier comunidad que lo quiera. Esto significa que, de singular, nada. Cualquier autonomía con competencias específicas podrá aspirar a un tratamiento similar. Mientras, Cataluña sigue dentro del régimen común, y cualquier idea de concierto económico al estilo vasco o navarro es pura fantasía. Tanto Junts como Esquerra juegan a hinchar el globo con grandes palabras, pero el resultado real es de impasse y dilación
Un discurso útil para Vox y el PP
Este juego de máscaras es doblemente peligroso. Por un lado, porque Cataluña no obtiene nada sustancial. Por otro, porque el relato hinchado de Junts y Esquerra alimenta el discurso victimista de Vox y el PP, que acusarán a Cataluña de disfrutar de un trato privilegiado… cuando lo que realmente ocurre es que seguimos siendo perjudicados por el sistema actual.
Ninguna reforma viable en el Congreso
Y no olvidemos un detalle fundamental: cualquier reforma sustancial del sistema de financiación debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados. En el contexto político actual, esa mayoría es prácticamente imposible. Por tanto, el acuerdo no es solo vago, sino políticamente inviable.
Singularidades para todos, ordinalidad para nadie
Una de las frases del documento lo dice claro: se propone un modelo «adecuado a las necesidades y singularidades de todos los territorios». Pero esto es un oxímoron. Una singularidad, por definición, no puede ser compartida por todos. Lo pactado es simplemente financiar algunas competencias específicas, como habría podido hacerse hace años, mientras se mantiene intacto el modelo perjudicial para el conjunto de los catalanes.
El único punto claro: frenar la competencia fiscal
La única medida concreta del documento es una limitación a la baja en la capacidad de reducir la presión fiscal autonómica, especialmente pensada para frenar a Madrid. Una cláusula negociada entre gobiernos del mismo color, que vuelve a demostrar cómo la Generalitat actúa más como una delegación del PSOE que como una institución al servicio de los catalanes.
El acuerdo con Madrid no concreta cifras ni soberanía fiscal. Pero sí limita rebajas de impuestos. ¿Eso es el pacto? #Fiscalidad #GeneralitatPSOE #financiacionsingular Compartir en X
