El pleno celebrado el viernes 26 de febrero acentuó la sensación de que la alcaldesa de Barcelona ha agotado su capital político y que, más pronto que tarde, abandonará el Ayuntamiento para ocupar un puesto de responsabilidad, probablemente fuera de España. La única dificultad es de carácter interno y radica en decidir quién sería el sustituto de Colau, ya que debería contar no sólo con el apoyo de los socialistas, sino también de Barcelona pel Canvi, los dos votos del pequeño grupo de Manuel Valls que permitió a la alcaldesa repetir su mandato.
No es, por tanto, un tema fácil, si bien no es necesario que la correlación de fuerzas sea la misma, porque Colau podría intentar un pacto que contara con la abstención de ERC. También la sustitución se puede producir al final del mandato, es decir, sencillamente que Colau no repita en la lista, si hay dificultades para proceder a la práctica habitual que el alcalde saliente deja el lugar a su sustituto con tiempo suficiente para hacer -se un nombre de cara a las futuras elecciones. Y esto quiere decir necesariamente un año antes de que aquellas se produzcan.
En el último pleno el gobierno municipal se vio doblemente derrotado. Primero, políticamente en el debate sobre la situación de la ciudad, en el que todos los partidos (ERC, JxCat, Cs, PP y Barcelona pel Canvi), presentaron duras críticas, que no supieron encontrar en el gobierno el nivel de respuesta adecuado, que más bien se enrocó en una justificación por las dificultades del momento. Poco empuje, por tanto, y poca iniciativa.
Es del todo evidente que ha sido un año difícil, pero también significaba una oportunidad para demostrar la diferencia con el prácticamente inexistente gobierno de la Generalitat. Por ejemplo, las competencias únicas y extraordinarias que tiene Barcelona en diversos ámbitos, en concreto el sanitario, podían haber facilitado la adopción de mejores medidas de cara a la Covid-19 , pero el gobierno municipal ha decidido confundirse con el paisaje y simplemente dejar que hiciera la Generalitat.
Algo parecido se puede decir del ámbito educativo, sobre todo en relación a la población más desfavorecida. Las competencias municipales le permitían, a través del Consorcio de Educación, implementar medidas para mejorar la situación de estos alumnos desfavorecidos, que sufren en mayor medida las limitaciones impuestas por la pandemia. También podía abordar acciones específicas sobre el fracaso y el abandono escolar, y sobre los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero sus iniciativas en este campo han sido de una timidez extraordinaria.
Sea como sea, el balance es muy duro para la ciudad: 100.000 infectados, 4.500 muertes oficiales, una reducción del PIB del 10% y un paro que se sitúa en el 12,6% . Así como 88.000 personas atendidas por los servicios sociales, que tienen la suerte de tener en Cáritas una formidable válvula por la que se escapa la presión que, de no existir, habría hecho saltar por los aires los servicios municipales.
Pero seguramente el golpe más fuerte ha sido en el punto siguiente del orden del día, cuando la oposición tumbó el Plan de Acción Municipal (PAM) que es el programa de actuaciones concretas para este año, que recoge las iniciativas que el Ayuntamiento piensa llevar a cabo. Por segunda vez consecutiva es rechazada la que es la hoja de ruta del gobierno. El hecho es aún más sorprendente si se considera que el presupuesto municipal, que es el marco financiero que hace posible el PAM, fue aprobado por amplia mayoría. Colau mantiene un problema: la dificultad de relación con los grupos municipales desde el primer día que alcanzó el Ayuntamiento y que después de los años pasados no ha conseguido superar. Seguramente porque actúa como si tuviera una mayoría que está muy lejos de haber alcanzado.
Por si fuera poco, el debate sobre los disturbios en Barcelona dividieron a los dos socios del gobierno e hizo que los Comunes votaran conjuntamente con los independentistas, mientras que Collboni lo hacía con Cs, PP y Barcelona por el Canvi. La diferencia fundamental era la condena de los disturbios en la forma y, sobre todo, en la inclusión del indulto para el rapero Pablo Hasél, punto en el que los socialistas no estuvieron dispuestos a transigir.
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