Si bien las encuestas iban anunciando el rechazo al proyecto de texto constitucional elaborado por una asamblea escogida específicamente para este motivo, el resultado final se ha convertido en mucho más catastrófico de lo que se podía pensar porque con el 99,98% de las mesas escrutadas, el «no» llega al 62%, mientras que el «sí» sólo alcanza el 38%.
Hay que considerar que en este caso el voto era obligatorio y ha sido, por tanto, la votación más masiva de toda la historia de Chile. Más de 13 millones de personas han depositado su voto de las 15,1 millones que tenían derecho a ello. En términos absolutos el rechazo a la nueva Constitución ha sido el mayor resultado electoral, en un determinado sentido, de toda la vida política chilena, muy por encima del plebiscito que se llevó a cabo en 2020, que en un 78% votó a favor de reemplazar la Constitución existente de 1980 llevada a cabo durante la dictadura de Pinochet. Sin embargo, este 78% significaba poco más de 7 millones de votos.
También fue plebiscitada y elegida una convención de 155 miembros que fueron escogidos con la misión específica de redactar la Constitución. Era un organismo paritario y ha trabajado durante un año para disponer del texto. El resultado que ahora se produce deja muy mal parada esta asamblea constituyente formada por muchos independientes, muy decantada hacia las posiciones más de izquierda y que tenía, y esto le da un tono político especial, el apoyo del actual gobierno de Chileno, del presidente Gabriel Boric Font y de las fuerzas que le apoyan, en concreto el Frente Amplio, el partido socialista, el partido comunista, el partido radical y la democracia cristiana, que desde hace tiempo es un aliado tradicional de los socialistas y que ahora con ese resultado se sumerge todavía en una crisis más profunda.
De hecho, el único expresidente chileno que se ha manifestado claramente que votaría contra la actual Constitución ha sido precisamente el demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle, que actualmente es senador, hijo del que fue el primer y destacado presidente demócrata cristiano de Chile, Eduardo Frei Montalva, y que ocupó la presidencia entre 1964 y 1970. En sentido contrario, la expresidenta Bachelet, que ha ocupado el cargo en dos ocasiones, hizo insistentemente campaña en favor del «sí». Otros, como el último presidente Piñera de la derecha no quiso manifestar cuál fue su intención de voto e insistió en la necesidad de recuperar la unidad.
El gobierno no esperaba una derrota tan importante, si bien entraba en sus cálculos que pudiera ganar el “no”. En este sentido, y de forma urgente, Boric convocó ayer domingo a todos los líderes políticos a una reunión hoy lunes 5 de septiembre en la Casa de la Moneda, sede de la presidencia chilena a las 16h. de Chile.
La dificultad ahora es que el país vive, por un lado, en la incertidumbre, sin tener claro lo que debe seguir. El proyecto de Constitución, que cambiaba prácticamente toda la fisonomía institucional de Chile, deberá ser sometido ahora a un profundo proceso de negociación, pero con el añadido de que habiendo fallado escandalosamente la participación de la ciudadanía teóricamente independiente al redactar un texto constitucional, la pelota vuelve a estar en el terreno de los partidos políticos que, precisamente, han sufrido a lo largo de estos años un gran descrédito, que en parte ha permitido que Boric con su Frente Amplio lograra la presidencia, pero que ahora tendrán que intentar recuperar el camino de la unidad y llevar a cabo una Constitución factible.
Es evidente que existen aspectos que no podían prolongarse más, como los relacionados con una excesiva privatización. El caso más espectacular es el del agua, en el que incluso los glaciares podían ser reclamados como propiedad privada. Sin embargo, también es importante disponer de un sistema público de enseñanza que no signifique que el estudio se convierta en un privilegio al alcance de quienes tienen más dinero o generador de un endeudamiento extraordinario.
También existe el problema de la sanidad, que tiene una caracterización similar. No es un tema menor que en Chile el sistema de pensiones no sea de distribución como en España, sino de capitalización, donde cada persona hace una aportación y en función de ésta cobrará la pensión cuando llegue el momento. Modificar este modelo es también un compromiso sobre todo por parte de la izquierda. El problema es que la transición de un sistema de capitalización a otro de distribución es costoso y está por ver si el estado chileno está en condiciones de afrontar este reto.
Todo este difícil escenario se produce en un marco económico global nada favorable, si bien el hecho de que las materias primas, como el cobre, una de las principales exportaciones chilenas, tengan buenas cotizaciones, puede paliar las condiciones internacionales más adversas relacionadas con la crisis energética, la inflación y el riesgo de una recesión o al menos una ralentización generalizada del crecimiento mundial.
Lo ocurrido en Chile pone de relieve un hecho que en el caso de España no se valora lo suficiente. La dificultad de elaborar una constitución dotada de un fuerte consenso y que pueda dotar de cohesión y estabilidad al país.
