Un reciente estudio firmado por dos expertos, Concepció Patxot y Gianko Michailidis de la UB, y que ha hecho público la fundación la Caixa, señala que las transferencias del estado favorecen mucho más a las personas mayores que a los menores a lo largo del ciclo de vida. Concretamente, señala que el estado del bienestar ha sustituido de forma asimétrica las ayudas a la familia y las ha orientado hacia la gente de mayor edad. La crisis de 2008 ha agravado esta situación, lo que explica el aumento de la pobreza infantil por encima del resto de la población. Estas medidas dan una mayor sostenibilidad al sistema político porque los mayores votan, pero perjudican la sostenibilidad financiera de éste, porque es una trayectoria sin recorrido. Lo que reclama el estudio es un rediseño que considerara y equilibrara el impacto a lo largo de la vida.
La importancia de esta prevalencia de las ayudas del Estado sobre la gente de mayor edad se ve claramente al contemplar el riesgo de pobreza antes y después de las transferencias del Estado, donde se observa que la reducción en los grupos de edad más jóvenes de 65 años es mucho menor que la de este último tramo de vida, y que allí donde se vuelve más inefectiva es en el período completo entre los 0 y 17 años.
A este dato estructural hay que añadirle una segunda, política. El Estado dedica 10 veces más recursos a promover el aborto que a ayudar a las mujeres embarazadas. Concretamente 32 millones de ayudas para el aborto y sólo 3,3 millones para el embarazo. El estado señala con esa magnitud de dinero que promueve como objetivo del orden de 100.000 abortos al año. Lo que se obtiene de forma habitual con una ligera inflexión a la baja en el año de la covid. Sólo hay que comparar esta cifra de abortos con la disminución de los nacimientos. Fueron 336.811 en 2021, por tanto, representan casi una tercera parte de los niños que nacen. Es una cifra brutal y mientras se mantengan estas proporciones, difícilmente puede haber renovación demográfica.
Otros dos datos señalan la magnitud del problema. La cifra de nacimientos del año pasado demuestra que no nos hemos recuperado de lo que se consideraba un bajón coyuntural debido a la covid en el año 2020 porque la cifra ha sido claramente inferior. También, y esto hace años que ocurre, el número de muertes es mayor que los nacimientos, concretamente se produjeron 450.687, lo que significa que cada año perdemos población natural y que en todo caso si no se reduce más es gracias en la inmigración. En ese momento ya casi el 30% de los nacimientos que se producen son de madres extranjeras.
Una de las consecuencias de todo ello es que en los próximos años la mitad de la población no tendrá nietos, un factor que vendrá a añadirse a las causas de soledad no deseada que se produce a consecuencia de la fragilidad de los emparejamientos y la proliferación de personas que viven solas a partir de los 45 y 50 años.
Por si fuera poco, hay que añadir el coste que significa mantener un hijo, los cálculos realizados hasta la edad de 18 años señalan que puede llegar a 5.444 euros al año. Otras estimaciones para los hijos en sus tres primeros años de vida señalan un coste de 650 euros al mes.
Si a este hecho añadimos la paupérrima política de ayudas a la familia del Estado y la Generalitat es fácil constatar que la demografía de Cataluña y de España está configurando un agujero negro del que será imposible escapar.
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