Si en el punto clave de ayer señalábamos la debilidad de la posición de ERC en relación al catalangate, hoy hay que señalar todo lo contrario. El partido republicano ha dado un puñetazo sobre la mesa y hay que ver si su contundencia ha hecho que la rompiera o no. Concretamente, Aragonès ha formulado al menos cuatro exigencias al gobierno central, amenazando con retirarle el apoyo si no se cumplen. Es evidente que si este asunto se produjera, la estabilidad del gobierno Sánchez estaría muy comprometida y la posibilidad de unas elecciones sería muy real. En concreto, lo que ERC exige:
- Comisión de investigación en el Congreso para esclarecer cuáles han sido las responsabilidades que han permitido este espionaje masivo sobre personas del ámbito independentista, incluido el presidente de la Generalitat.
- Un procedimiento para depurar responsabilidades por parte del gobierno español.
- Cese o dimisiones de las personas más afectadas por el asunto.
- La consideración de que la mesa de diálogo y otras posibles contrapartidas no hagan caso a esta cuestión y no eliminan las tres exigencias anteriores.
Por tanto, es evidente que Aragonés ha ido muy allá en su pulso, porque las condiciones son muy concretas y difíciles de difuminar. Si se cumplen, ERC habrá apuntado un éxito en su credibilidad. Si como hasta ahora el gobierno Sánchez sigue sin querer aclarar el asunto, y ERC rompe con el gobierno de forma fehaciente, es decir, en las votaciones en el Congreso, también conseguirá una ganancia, si bien perderá admiradores en la vertiente de que hasta ahora valoran su pragmatismo en relación al gobierno español. Sin embargo, si al final todo queda en poco, ERC y con ella el independentismo, registrará una brecha formidable que acentuará la falta de credibilidad y el declive que ya sufre.
Por tanto, Sánchez tiene un importante problema sobre la mesa, acentuado por el hecho de que amplios sectores del PSOE no ven tan grave la posibilidad de que la seguridad nacional española investigara a través de los móviles el independentismo. Juega a favor de esta consideración la protección constitucional que tiene la unidad de España y el hecho de que algunas de estas personas eran prófugas de importantes acusaciones y al mismo tiempo mantenían contactos con otras muchas.
El problema por parte de ERC, junto al sector que no quiere romper con el PSOE, radica en si los demás aliados, UP, Bildu, Compromís, BNG, Mas País, les seguirían en esa actitud de ruptura o bien la posición quedaría básicamente circunscrita en los partidos catalanes, que de todas formas ya significa un grueso de votos decisivo en el Congreso.
Estamos, por tanto, en un momento crucial de esta legislatura, tanto en términos de estabilidad gubernamental como del futuro del independentismo.
La dificultad adicional es que, esclarecer todos estos hechos en el supuesto de que fuera el Centro Nacional de Inteligencia el responsable, sólo podría ser abordado por la comisión de secretos del congreso. Porque todos estos asuntos están sujetos por ley a la clasificación de secreto y sólo la comisión es pertinente para tratarlos. El grave problema se produce porque esta comisión no se reúne desde marzo de 2019 y, por tanto, el CNI no tiene control parlamentario desde hace tres años.
Y para hacerlo más complicado todavía, esta comisión no ha podido ser constituida en la actual legislatura porque no se ponen de acuerdo, dada la oposición del PP y de Cs, en que se incorporen ERC, Bildu y la CUP. Una posibilidad que también dista mucho de preservarse por el ejército y las fuerzas de orden público. Habría aquí un círculo vicioso, el único sitio donde se pueden aclarar responsabilidades, la comisión de secretos, ni siquiera existe.
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