Si nos atenemos a los resultados del Plenario del Ayuntamiento de Barcelona celebrado ayer, donde se votó favorablemente la retirada de todos los honores otorgados por la representación institucional de la ciudad al anterior jefe del estado, sí quedaría claro que esta representación ciudadana censura al rey emérito y lo hace antes de que se haya demostrado ninguna de las imputaciones que han aflorado sobre él. Es decir, lo hace prescindiendo de la presunción de inocencia, y ateniéndose únicamente a la versión de Corinna Larsen. Sólo esta breve descripción del núcleo de la cuestión pone de relieve la trivialización de la representación política de la ciudad.
No es una práctica democrática bien asentada que se juzgue sin más referencias que las existentes, las aducidas por Corinna Larsen, la tarea de años y años de un rey que ha sido positivamente importante para Barcelona. Se puede alegar contra esta interpretación su marcha del país, pero tampoco sería justo asignarle la responsabilidad cuando es sabido que este hecho tan desafortunado se ha producido a causa de las presiones del gobierno español. Este es el enmarcado necesario del Plenario Municipal de este pasado jueves, 27 de agosto.
Yendo al contenido específico de la sesión, el resultado se impuso por la mínima, 15 concejales a favor de los dos grupos independentistas y 14 en contra del PSC, Cs, y PP, mientras que el partido de Ada Colau se abstuvo en la votación, si bien la alcaldesa, como es habitual, enmascarada bajo la protectora mascarilla de la bandera LGBTI+, hacía un claro discurso antimonárquico recordando que ella antes de que pasara nada, ya hizo retirar el busto de Juan Carlos I del Salón de Plenos y cambió el nombre de la plaza formada por el cruce entre la Diagonal y el Paseo de Gracia por el de «Cinco de Oros».
En la votación no se habría impuesto la censura a Juan Carlos I si Valls y la concejala Eva Parera, que forman su minúsculo grupo, se hubieran hecho presentes en el debate, pero en una desafortunada decisión, que no excluye el temor escénico, decidieron no acudir al plenario. Esta es la peor determinación que puede tomar un representante de la ciudad porque, en definitiva, está elegido para hacerse presente en nombre de aquellos a quienes dice representar porque la han votado. Se puede no votar, abstenerse, votar en contra, hablar, mantenerse en silencio como protesta, pero en ningún caso se puede desertar de la obligación de hacerse presentes. Una vez más, Valls y su acompañante mostraron que su concepción de lo que es la política no encaja con la defensa de los intereses de la ciudad. Si todos los grupos hicieran igual que ellos, la vida democrática no existiría, porque si cada vez que se produce un debate que se rechaza totalmente, que deba producirse por razones jurídicas o institucionales, desapareces de la institución, la democracia representativa dejaría de existir. Valls pudo no hacerse presente porque todos los demás que pensaban de forma similar sí acudieron.
En la medida en que el secretario general del Ayuntamiento consideró que el debate se podría hacer porque no tenía ninguna efectividad jurídica, Valls no tiene ninguna razón para justificar su ausencia.
