Google ha dominado de forma abrumadora, por encima del 90% , las búsquedas mundiales en internet durante los últimos 15 años.
El dominio del buscador norteamericano y de su empresa matriz, Alphabet, ha levantado cada vez más dudas entre las instancias gubernamentales, los activistas y, por supuesto, la competencia industrial.
Sin embargo, no ha sido hasta hace unos días que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa un conjunto de medidas que podría desplegar contra la empresa después de que ésta perdiera el pasado agosto un caso importante en los tribunales de competencia.
Entre las medidas esbozadas por la justicia estadounidense, destacan el troceamiento de Alphabet (al estilo de la Standard Oil de principios del siglo XX, la gran referencia del anti-trust), pero también la obligación a Google de compartir datos clave con sus rivales o dar acceso a su red de anunciantes.
En agosto, el juez federal Amit Mehta dictaminó que durante más de una década, Google había desplegado un conjunto de acuerdos de exclusividad con otras compañías para asegurarse de que su motor de búsqueda recibía su primera posición en móviles y otros aparatos, ilegalmente excluyendo a sus rivales. La acusación provenía nada menos que del gobierno federal y de varios estados.
Por ejemplo, Google paga anualmente la increíble cantidad de 20.000 millones de dólares a Apple para que los iPhones posicionen a Google como motor de búsqueda por defecto.
Por el momento, habrá que esperar hasta el 20 de noviembre (escasos días después de conocer quién será el nuevo residente de la Casa Blanca) para que el gobierno presente ante el juez Mehta las medidas concretas que propone para evitar las prácticas de anticompetencia de Google .
A la espera de lo que pueda ocurrir entonces, las acciones de Alphabet sólo perdieron un 3% la semana cuando se conoció la decisión. Una clara evidencia de que los inversores consideran que el Departamento de Justicia tiene un camino muy largo que recorrer antes de hacer verdaderamente daño al lucrativo negocio de Google.
Y es que para poner en peligro al gigante de internet, es necesario primero que el gobierno federal convenza al juez Mehta de sus medidas. Además, es previsible que la empresa presente recurso en una trama que podría alargarse hasta el Tribunal Supremo.
Pero si el caso prospera, las consecuencias podrían ser demoledoras para Alphabet, tener implicaciones muy concretas y palpables para miles de millones de usuarios en todo el mundo, y suponer un verdadero cambio de juego en la industria digital dominada por las Big Tech, que a menudo ocupan cada una una posición masivamente dominante en su ámbito correspondiente.
En último término, la decisión judicial podría bajar drásticamente el precio de los anuncios en internet, pero también poner punto y final a la gratuidad de muchos de los servicios de Google, como el sistema operativo Android y el navegador Chrome, empleados masivamente en todo el mundo por los profesionales del desarrollo y la industria del software.
