La invasión rusa de Ucrania en febrero del 2022 cogió al gobierno alemán, entonces recién estrenado de la coalición semáforo entre socialdemócratas, verdes y liberales, por sorpresa.
Sin embargo, el impacto inicial fue tan importante que el canciller Olaf Scholz proclamó con solemnidad un Zeitenwende (“cambio de época” o “punto de inflexión de relevancia histórica”) en materia de política estratégica y de defensa de Alemania .
Para demostrar la seriedad con la que se tomaba este postulado, Scholz anunció aumentar el presupuesto de defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto anual de forma permanente, además de lanzar un paquete único de 100.000 millones de euros destinado a modernizar y adquirir nuevos equipos.
Por otra parte, desde entonces Alemania se ha convertido en el principal aliado y donante europeo a Ucrania, entregando más de 8.000 millones de euros destinados a ayudas militares solo para el ejercicio 2024.
Todo esto, hasta que empezaron los problemas de deuda pública alemana.
A finales del año pasado, el ministro de finanzas Christian Lindner, conocido por ser un firme defensor del rigor presupuestario, anunció que su país necesitaba seguir endeudándose por encima de lo que establece la constitución federal alemana para poder acabar 2023.
El Tribunal Constitucional había anunciado precedentemente bloquear una transferencia de la deuda que implicaría infringir la regla que impide al gobierno endeudarse por encima del 0,35% del PIB.
A mediados de julio de este año, el propio Lindner anunció que el borrador de los presupuestos generales para 2025 acordados entre los tres partidos colegiados prevé recortar a la mitad la ayuda militar a Ucrania, para situarse en torno a los 4.000 millones de euros.
El ministro explicó que Ucrania debería apoyarse más en fondos de otras «fuentes europeas».
Para justificarse mejor ante sus socios internacionales -y claro los propios ucranianos- Lindner añadió que esperaba que Ucrania recibiera este 2024 50.000 millones de dólares provenientes del acuerdo provisional de los países del G7 para conceder un préstamo basado en los activos rusos congelados.
Por lo que se desprende de las negociaciones presupuestarias entre los miembros de la coalición gubernamental alemana, la reducción de la ayuda a Ucrania fue la solución encontrada para poder seguir incrementando el gasto público en otros ámbitos, como programas de ayudas sociales y lucha contra el cambio climático, sin violar la obligación constitucional contra el sobreendeudamiento.
El diario Politico , que fue quien accedió al borrador, explica que el gobierno alemán esperó al inicio del período clave de las vacaciones veraniegas en Berlín para llegar al preacuerdo, lo que según apunta denota el carácter sensible de su contenido.
El propio canciller Scholz ha exhortado durante los últimos dos años a otros países europeos a aumentar la contribución al esfuerzo militar ucraniano. Pero en su conjunto, el tan aventado cambio de época alemán parece haber durado poco.
Incluso la famosa medida de llevar el gasto militar al 2% del PIB ha terminado materializándose a costa de gastar los 100.000 millones de euros de gasto extraordinario anunciados en el 2022, según apunta Politico. Unos fondos que estaría previsto agotar en 2027. Lo que ocurra después de esa fecha, todavía queda muy lejos.
