Los rebrotes, que si no se controlan pueden dar lugar a una segunda ola, están castigando Barcelona, sobre todo en los sectores más afectados, los de la cultura, el deporte, el ocio y la hostelería. Ante este escenario Ada Colau se ha centrado en la crítica, legítima, a la Generalitat. Al actuar así ocupa el lugar de un opositor cualquiera, que no tiene en sus manos otro instrumento que alzar la voz. Pero este no es el caso del gobierno municipal de Barcelona, porque la ciudad tiene importantes competencias; de hecho, es una autonomía dentro de la autonomía de Cataluña.
Es falso que no pueda hacer nada y que todo dependa de la Generalitat, porque Barcelona, por su Carta Municipal de la Ley 22/1998 de 30 de diciembre y la ley 1/2006 de 13 de marzo de régimen especial tiene competencias únicas y extraordinarias en salud pública, movilidad y policía, que Colau no ha esgrimido ante la Generalitat ni ha aplicado. Se refugia en el victimismo jugando con la pretendida ignorancia del ciudadano y del periodista, presentándose como la alcaldesa de una población de tantas, en lugar de liderar el gobierno municipal autónomo de Barcelona y la presidencia del Área Metropolitana.
Por el artículo 88 de la Carta Municipal, participa necesariamente en la gestión de las competencias en materia de policía, sanidad y movilidad, que son titularidad de la Generalitat.
El artículo 103 señala que le corresponde al Ayuntamiento la adopción de medidas urgentes y el requerimiento de las colaboraciones necesarias en los supuestos de crisis o emergencias que afecten a la salud, el control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, incluidos los turísticos, las actividades deportivas y de ocio, la información sanitaria, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Pero hay más.
En relación con la sanidad, le corresponde la participación en la planificación, gestión y evaluación de centros, servicios y establecimientos instalados en la ciudad que dependen del Servei Català de la Salut. Por esta razón, dispone del Consorci Sanitari de Barcelona constituido por la Generalitat y el Ayuntamiento, que dirige y coordina la gestión de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria, sociosanitaria y de promoción y protección de la salud de la región sanitaria del municipio. Y, por si fuera poco, del Consorci Sanitario de Barcelona depende el órgano ejecutivo que es la Agència de Salut Pública y medioambiental de Barcelona, que ejerce las competencias de dicho artículo 103 y le corresponde la dirección y gestión de los centros de la salud pública de la ciudad. En este órgano ejecutor de la política y de la salud pública, el Ayuntamiento tiene una mayoría de las tres quintas partes y, por si fuera poco, la presidencia es de Ada Colau. Ella es la responsable de la instancia que ejecuta las políticas sanitarias, las planifica y evalúa.
Si con todo esto en sus manos su única respuesta es la queja y la protesta, es que tiene serias dificultades para ejercer con plenitud sus atribuciones como alcaldesa de la ciudad.
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