La lectura del acuerdo entre estas dos fuerzas independentistas augura tiempos movidos, al tiempo que establece una serie de objetivos concretos. Su alcance y contenido es de tal manera, que ya se puede anunciar de antemano que no se cumplirán porque son inalcanzables en una legislatura, y una buena parte de ellos de imposible cumplimiento. Es el problema de hacer programas sin tener la calculadora a mano.
Lo primero que declara el acuerdo es el camino de la independencia y del giro a la izquierda, y abre explícitamente la puerta a una futura incorporación de la CUP en el gobierno; en otros términos, ahora no formará parte pero sí puede decidir hacerlo en un futuro, lo que evidentemente tiene que hacer más complejo el pacto con JxCat.
Se quiere que el independentismo tenga una incidencia real dentro y fuera de las instituciones, lo que augura el uso de movilizaciones en la calle. De hecho, el título del primer apartado ya es suficientemente explícito «acumulación de fuerzas y confrontación democrática», y presenta la acción política como un enfrentamiento continuado con el estado. Habrá, y este aspecto no se ha hecho público, una mesa de dirección estratégica independentista, que definen como «fuera de foco», es decir que trabajará al margen de toda información pública y transparencia. No es bueno que en un sistema democrático haya una instancia al margen del gobierno y del Parlamento que se otorgue la dirección global más allá del día a día. Tendríamos así dos instancias democráticas: la mencionada mesa de dirección y el Consejo para la República, del que hay que ver si Puigdemont se sale con la suya y termina formando parte del organigrama de gobierno. Sería una estructura bien anómala, fuera de todo control parlamentario.
El acuerdo establece por otra parte la soberanía parlamentaria y sitúa la instancia del Parlamento por encima de toda decisión que le afecte aunque sea de los tribunales de justicia. Este hecho también augura un capítulo conflictivo.
Se amplía también la consecución de los llamados «derechos materiales«: vivienda, derechos de ciudadanía, derechos y libertades, suministros, antifascismo y ecologismo.
En esta especie de cajón de sastre se define que su consecución debe realizarse por medio de «la confrontación con el estado … con un apoyo social amplio, con un movimiento popular existente y con posibilidades de implementación y materialización».
El texto aborda la cuestión de la mesa de negociación con el gobierno español, que es la base específica de ERC y concreta las posiciones de ambos partidos. Por parte de la CUP, dice que se asume temporalmente desde la crítica y el escepticismo y se da un margen a la negociación, y se compromete a no hacer crítica parlamentaria por este motivo. ERC por su parte lo formula como una posibilidad de la que rendirá cuentas periódicamente, y de manera concreta se compromete a que la primera mitad de 2023 valorará los trabajos de la mesa, el proceso de negociación y la eventual finalización de esta negociación. Ambas partes se reafirman en que la resolución del conflicto a través de la mesa sólo puede consistir en la autodeterminación y la amnistía que, por cierto, ya ha sido rechazada por la mesa del Congreso, tras la iniciativa presentada por los grupos independentistas. La razón ha sido el carácter no constitucional, dado que este texto excluye toda posibilidad de amnistías generales.
El acuerdo, de 16 páginas, desarrolla una serie de puntos, muchos y muy concretos, de la renta básica universal en un plan piloto, un plan de rescate social, las políticas de la vivienda que entre otras cosas prevén dedicar 1.000 millones anuales a este objetivo y poner a disposición 5.000 viviendas al año, el programa de Salud que básicamente consiste en un proyecto de retribuciones salariales cuestión que se lleva la mayor parte de los acuerdos, y en el que curiosamente no figura ni una sola referencia a la Covid-19, al plan de vacunación, a la inexistencia de una red nacional de prevención de enfermedades infecciosas. En definitiva, nada relacionado con el gran problema que tiene planteado Cataluña, como el resto del mundo, con la actual epidemia. Es uno de los hechos más llamativos de un programa bastante llamativo.
Otro apartado es el de trabajo digno para todos que prevé incorporar 90.000 interinos y temporales del sector público.
En el orden público ya es conocida la suspensión de las pelotas de foam y en general es un conjunto de puntos que demuestran que lo que les preocupa no es la seguridad de los catalanes, sino el control y desmantelamiento de la policía.
Otro apartado es el impulso a sectores estratégicos públicos, que incluye la implantación de la banca pública a corto plazo, la remunicipalización del agua y la creación de una empresa energética pública. Se prevé la creación de la consejería de Acción por el Clima, un nuevo departamento más. También trata del fomento del empleo, la industria y el cooperativismo, y prevé la elaboración de un plan nacional para la industria. De hecho, el programa está lleno de «planes», más de una docena, que requerirán un esfuerzo ingente. El problema de tanta planificación es que la Generalitat no tiene una organización que lo acoja. Se puede gobernar a base de planes si la organización administrativa lo contempla, pero este no es el caso de la Generalitat.
Hay un apartado muy impreciso sobre el enfoque de los fondos europeos Next Generation y termina con un punto relacionado con el municipalismo y la innovación.
Con un programa como éste, que sólo sabe concretar gasto, pero no sabe precisar impulsos y respuestas para la economía y para afrontar la Covid, difícilmente saldremos bien parados. Share on X
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