El InformeCat 2021 de la Plataforma por la lengua señala que desde 2005 se han perdido medio millón de hablantes habituales del catalán. Y no sólo eso, sino que un 41,7% de los encuestados considera que la Generalitat de Cataluña protegía más al catalán antes del proceso independentista, por un 30,9% que opina que ahora la protección es superior, y un 15,3% que cree que lo hace igual que antes.
Existe, por tanto, una percepción social importante que coincide con la apreciación objetiva sobre la reducción de catalanohablantes habituales. No es algo extraño. El independentismo ha comportado el olvido de la política de las cosas, entre ellas la del impulso al catalán. Y también ha significado una radicalización en las posiciones, por lo que la catalanidad, para una parte de la población contraria al independentismo, es ahora percibida como negativa, cuando hasta principios de siglo estas mismas personas consideraban que conocer y hablar el catalán y tener en consideración su cultura era positivo.
Es una consecuencia más de la debilidad social del independentismo y la polarización que comporta. A diferencia de otros lugares para los que la lengua es un factor secundario, como puede ser el País Vasco o Irlanda, Cataluña toma conciencia de su necesidad de autogobierno con el fin de preservar su lengua, cultura, derecho propio y tradiciones. Todo ello, la dinámica independentista, tal y como está formulada, lo ha dañado, al igual que ha degradado la calidad del gobierno de la Generalitat, ha paralizado instituciones, ha destruido el prestigio del Parlament ante toda la colectividad catalana y ha estropeado la más importante la estructura de estado que tenía, que era la policía.
Existe un error de fondo en el planteamiento independentista que es la sobrevaloración en cuanto a su implantación en la sociedad catalana y las consecuencias de este hecho en las actitudes de los ciudadanos y particularmente en el caso de la lengua.
Esta dinámica se observa en la paradoja de la discusión sobre la ley de las plataformas digitales. ERC ha rebajado su posición política a una propuesta tan mínima que ni siquiera satisfaría por sí sola a la antigua CiU. Dará su voto decisivo a los presupuestos a cambio de que se regule el uso del catalán en las plataformas. Pero esta exigencia sería innecesaria si la conciencia social en Cataluña de que Netflix, HBO y las demás plataformas, sobre la necesidad de utilizar también el catalán fuera importante, porque en definitiva se mueven estrictamente por razones de mercado.
Lo que ocurre es que esta presión social no existe. El consumidor catalán acepta con agrado que toda la producción sea en lengua castellana y no se registra ningún movimiento social ni político de demanda sobre estas plataformas. En otros términos, hay una parte importante de personas que votan independentismo, pero al mismo tiempo existe una inhibición social insólita en la historia del catalanismo en cuanto a la reivindicación popular de la lengua y la cultura. Es una pésima combinación para el futuro de nuestro país.
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