Hay problemas que ocupan titulares todos los días y otros que, pese a su gravedad extrema, parecen condenados a vivir en los márgenes de la agenda pública. Los abusos sexuales contra menores en Catalunya pertenecen claramente a esta segunda categoría. Es una realidad de una magnitud extraordinaria, que afecta a cientos de familias cada año y a miles de víctimas a lo largo del tiempo, pero que sigue sin generar la respuesta institucional que correspondería a una sociedad que pretende proteger a los más vulnerables.
Los datos disponibles son ya bastante alarmantes. Según el Informe sobre delitos contra la libertad sexual 2024 del Ministerio del Interior, las cuatro provincias catalanas se encuentran entre las diez circunscripciones españolas con una mayor tasa de delitos contra la libertad sexual por habitante. Lleida ocupa la tercera posición, con una tasa de 7 delitos por cada 10.000 habitantes; Girona, la quinta, con 6,2; Tarragona, la séptima, con 5,7; y Barcelona, la novena, con 5,6.
El informe estatal no ofrece el detalle absoluto de los casos que afectan a menores en Catalunya. Sin embargo, aplicando el prudente criterio de considerar una proporción de víctimas menores equivalente a la del conjunto de España, se puede estimar que durante el año 2024 se produjeron entre 1.900 y 2.000 victimizaciones por delitos sexuales con un menor de edad como víctima.
La magnitud es estremecedora. Los menores representan menos del 18% de la población catalana pero concentran aproximadamente el 41% de las victimizaciones por delitos sexuales.
Dicho de otro modo: el principal problema de violencia sexual no afecta a las mujeres adultas, sino a los niños y adolescentes. Y, sin embargo, esta realidad sigue prácticamente ausente del debate político catalán y de las prioridades del Govern Illa.
Pero existe una cuestión aún más grave. No sólo falta una política específica proporcionada a la magnitud del problema. Todo indica que existe una notable resistencia institucional a conocerlo en profundidad y facilitar información sobre su dimensión real.
La cronología de los hechos aportada por la Corriente Social Cristiana es especialmente reveladora.
El 13 de mayo de 2025, una representación de esta entidad se entrevistó con el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, para trasladarle diversas preocupaciones. Entre ellas, la necesidad de conocer con precisión el alcance de los abusos sexuales a menores en Catalunya y las actuaciones desarrolladas por la administración.
Ante la ausencia de respuesta, el 12 de junio de 2025 se formalizó por escrito una petición concreta. No se pedían opiniones ni valoraciones políticas. Se reclamaban datos. Entre otras cuestiones, se solicitaba información sobre los procedimientos gestionados por la DGAIA -hoy DGPPIA- relacionados con abusos sexuales a menores; datos sobre denuncias, detenciones y sentencias; un informe integral sobre la situación en Catalunya, y una investigación específica de la Sindicatura de Greuges sobre posibles abusos en instituciones bajo responsabilidad de la Generalitat.
La respuesta no llegaría hasta siete meses después. El 10 de diciembre de 2025, el director general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia, Josep Muñoz Luque, contestó sin proporcionar ninguno de los datos solicitados. Su comunicación se limitaba principalmente a explicar la existencia de la estrategia Barnahus y de los catorce centros que funcionan en Catalunya.
La Corriente Social Cristiana insistió de nuevo en los meses de enero y febrero de 2026. Sin resultado.
Finalmente, el 16 de abril de 2026, ejerció formalmente su derecho de acceso a la información pública amparado por la legislación catalana de transparencia. Las preguntas eran precisas: procedimientos en los que la Administración hubiera sido parte en relación con delitos sexuales contra menores, datos globales sobre estos delitos en Catalunya e información relativa a las actuaciones de las unidades de atención a las víctimas.
La respuesta administrativa llegó en junio de 2026, después de una ampliación extraordinaria del plazo justificada por la supuesta complejidad de la búsqueda de información.
El resultado fue decepcionante.
La resolución concedía formalmente un acceso parcial a la información pero, en la práctica, aportaba muy pocos datos relevantes. Sólo facilitaba el número de procedimientos en los que los servicios jurídicos de la Generalitat habían comparecido como acusación particular en delitos contra la indemnidad sexual de menores.
El resto de cuestiones quedaban sin respuesta efectiva. En algunos casos se alegaba que obtener los datos exigiría una excesiva elaboración. En otros se invocaba la protección de los menores. Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar: en determinados apartados, la misma resolución acababa proporcionando parcialmente datos que, según su argumentación inicial, eran prácticamente imposibles de obtener.
Esto plantea tres interrogantes inevitables.
Primero: ¿por qué se deniega información aduciendo dificultades técnicas cuando después se acredita que una parte de los datos existe?
Segundo: ¿por qué no se facilita información agregada, anonimizada y estadística perfectamente compatible con la protección de las víctimas?
Y tercero: ¿cómo es posible que una administración responsable de la protección de miles de menores no disponga de sistemas estadísticos capaces de conocer con precisión un fenómeno de esa gravedad?
Las posibles conclusiones son inquietantes. O bien la Generalitat no dispone de mecanismos adecuados para conocer la realidad de los abusos sexuales a menores bajo su responsabilidad; o bien dispone de la información y se resiste a facilitarla; o bien se producen simultáneamente ambas circunstancias.
Cualquiera de estas hipótesis es grave.
Y esta situación adquiere una dimensión aún más preocupante si se recuerda el contexto reciente de la DGAIA. Durante los últimos años, se han acumulado episodios que han erosionado profundamente la confianza pública: el caso de la menor tutelada víctima de explotación sexual; el caso Noelia, la joven de 25 años eutanasiada después de haber estado bajo tutela pública desde los trece años; las irregularidades detectadas por la Oficina Antifraude en prestaciones a extutelados y otros expedientes económicos, o las investigaciones sobre las llamadas plazas fantasma en pisos tutelados.
Precisamente por eso, la transparencia debería ser una exigencia ineludible. Cuando una administración acumula episodios controvertidos, la única forma de recuperar credibilidad es ofrecer toda la información posible, no restringirla.
La cuestión de fondo es muy simple. Si Catalunya sufre cerca de dos mil casos anuales de victimización sexual de menores, resulta incomprensible que no exista un gran informe público, periódico y detallado sobre esta realidad. Resulta incomprensible que el Parlament no dedique una atención preferente a esta emergencia social. Y resulta incomprensible que obtener información básica exija más de un año de peticiones, reiteraciones, silencios administrativos y resoluciones parciales.
Las preguntas que siguen sin respuesta son elementales:
- ¿Cuántos casos de abusos sexuales a menores se registran realmente en Catalunya y qué tipología presentan?
- ¿Cuántos afectan a ámbitos de competencia directa de la Generalitat, como la tutela de menores, la escuela pública, las actividades de ocio reguladas o las federaciones deportivas?
- ¿Cuántas quejas, denuncias o querellas ha recibido la Generalitat sobre esta materia?
- ¿Cuál ha sido la evolución del fenómeno en los últimos cinco o diez años?
Sin estos datos es imposible elaborar políticas públicas eficaces. Pero sobre todo es imposible exigir responsabilidades.
Ignorar esta realidad o negarse a informar de ella no elimina el problema. Por el contrario, contribuye a perpetuarlo. Una administración que no desea conocer con precisión la magnitud de un fenómeno difícilmente podrá combatirlo con eficacia.
Los abusos sexuales a menores constituyen probablemente una de las formas más devastadoras de violencia. Precisamente por eso, la primera obligación de los poderes públicos es conocer su realidad. La segunda es contarla. La tercera es actuar. Y la cuarta, prevenir.
Sin conocimiento no existe prevención. Sin transparencia no existe responsabilidad. Y sin responsabilidad, las víctimas siguen siendo las grandes olvidadas.
Este es, hoy, el gran escándalo del Govern Illa.
Si los menores son el 18% de la población pero sufren el 41% de las victimizaciones sexuales, ¿por qué esta realidad sigue ausente del debate político catalán? #Catalunya #Infancia #AbusosSexuales Compartir en X
