Hay gobiernos que legislan. Otros administran. Y algunos, sobre todo, construyen relato. El gobierno de Salvador Illa parece instalado en esta tercera categoría: la política convertida en escenificación comunicativa. La paradoja es notable porque Illa llegó al poder exhibiendo precisamente lo contrario: moderación, eficacia y capacidad de gestión frente al ruido permanente del sanchismo.
Dos años después, el balance es otro. Su sumisión política a Pedro Sánchez —a quien llegó a definir como «un referente moral»— ha ido acompañada de una creciente práctica de propaganda institucional que desborda los límites habituales de la comunicación pública.
El caso más reciente es especialmente revelador porque afecta a la principal angustia material de toda una generación: la vivienda.
El programa Préstamo Emancipación, presentado como una gran política de acceso a la vivienda para los jóvenes, ilustra hasta qué punto el relato oficial a menudo entra en contradicción con las cifras.
El análisis publicado por el portal Menjòmetre —basado en datos oficiales de la Generalitat, el ICF, el Colegio de Registradores y la Agencia Tributaria de Catalunya— dibuja una realidad mucho menos triunfal que la presentada en ruedas de prensa y campañas institucionales.
La promesa es aparentemente atractiva: préstamos de hasta 50.000 euros, al 0% de interés, ampliados hasta los 40 años. El mensaje encaja perfectamente en la gramática política contemporánea: juventud, emancipación y prosperidad compartida. Pero cuando se abandona el terreno del eslogan y se entra en el de las matemáticas, el programa revela sus enormes limitaciones estructurales.
El problema central es simple: la medida no reduce ni un euro el precio de la vivienda. Tampoco rebaja los impuestos de compra ni incrementa significativamente su oferta de pisos. Únicamente amplía la capacidad de endeudamiento de los compradores. Es decir, facilita asumir un precio desorbitado, pero no actúa sobre ninguno de los factores que lo provocan.
Los datos son contundentes.
El precio medio de una vivienda de segunda mano en Barcelona era de 396.400 euros en el cuarto trimestre de 2025. El préstamo público, limitado a 50.000 euros, solo cubre el 12,6% del valor real del inmueble, muy lejos del 20% anunciado. Pero aún hay más: los impuestos y gastos de compra ascienden a 40.348 euros adicionales. En total, un comprador necesita disponer previamente de 119.628 euros entre entrada, impuestos y costes notariales. Después de recibir la ayuda pública, todavía necesita casi 70.000 euros propios antes de recibir las llaves del piso.
la Generalitat ofrece préstamos públicos mientras mantiene simultáneamente una de las mayores fiscalidades inmobiliarias de Europa.
Esto explica la profunda contradicción del modelo: la Generalitat ofrece préstamos públicos mientras mantiene simultáneamente una de las fiscalidades inmobiliarias más elevadas de Europa. Cataluña aplica un ITP general del 10%, superior al de Alemania, Portugal, Irlanda, Países Bajos o Reino Unido. Un comprador catalán paga casi 40.000 euros de impuesto por una vivienda que en Países Bajos estaría exenta de tributación si se trata de la primera residencia de un joven.
La comparación internacional resulta especialmente incómoda para el relato del Gobierno.
En Dinamarca, el impuesto equivalente sería de 2.378 euros; en Irlanda, de 3.964; y en los Países Bajos, un comprador joven no pagaría nada. Cataluña encabeza esta comparativa con diferencia. Es difícil hablar de «derecho a la vivienda» cuando la Administración impone una barrera fiscal inicial equivalente a más de un año de salario bruto medio en Cataluña.
por cada euro prestado a los jóvenes —y que éstos tendrán que devolver— la Generalitat ingresa cerca de 28 en impuestos inmobiliarios.
La contradicción es aún mayor porque la Generalitat ingresa masivamente gracias a esta situación. En 2024, recaudó 2.774 millones de euros en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, un 12,7% más que el año anterior. Por el contrario, el programa de ayudas moviliza solo 100 millones anuales. La relación es reveladora: por cada euro prestado a los jóvenes —y que estos tendrán que devolver—, la Generalitat ingresa cerca de 28 en impuestos inmobiliarios.
La política pública acaba convirtiéndose así en una redistribución peculiar: se recauda masivamente sobre casi 100.000 compraventas anuales y solo se ayuda aproximadamente a 2.000 compradores cada año. Es decir, uno de cada cincuenta. La «prosperidad compartida» parece funcionar sobre todo en dirección a la caja pública.
las viviendas adquiridas con este préstamo pasan a ser viviendas de protección oficial de precio limitado permanente.
Pero existe todavía un elemento más problemático, prácticamente ausente de la propaganda institucional: las viviendas adquiridas con este préstamo pasan a ser viviendas de protección oficial de precio limitado permanente. El comprador asume el precio completo de mercado, paga todos los impuestos y soporta todo el riesgo hipotecario, pero renuncia prácticamente a cualquier futura revalorización del bien. Sólo podrá venderlo por el precio inicial actualizado con el IPC y con limitaciones estrictas sobre reformas y usos posteriores.
Esto elimina precisamente una de las grandes funciones sociales y patrimoniales de la propiedad: acumular ahorro y construir capital familiar a lo largo del tiempo. El Gobierno presenta la medida como emancipadora, pero lo que ofrece es, sobre todo, un mecanismo de endeudamiento prolongado con una rentabilidad patrimonial prácticamente nula.
Lo más significativo es que la investigación económica internacional lleva años alertando sobre estos efectos.
El Banco de España ya había advertido en el 2024 de que los avales públicos en la compra tienen un «impacto limitado» si no van acompañados de un aumento de la oferta de vivienda. La London School of Economics llegó a conclusiones similares al analizar el programa británico Help to Buy: gran parte de la ayuda acababa trasladándose directamente al aumento de los precios y beneficiando a promotores y propietarios del suelo.
El problema, por tanto, no es solo técnico, sino también político. El gobierno Illa ha optado por una forma de gobernanza basada en el anuncio permanente, el impacto mediático y la ocupación comunicativa del espacio público. Cuatro páginas de publicidad institucional pueden construir durante unas horas la percepción de un gobierno activo. Pero no crean viviendas, no abaratan el suelo ni reducen la fiscalidad que expulsa a toda una generación del mercado inmobiliario.
La Generalidad actúa a menudo como una gran agencia de comunicación institucional.
Este es probablemente el núcleo del problema catalán actual: la sustitución progresiva de la política efectiva por la narrativa política. La Generalitat actúa a menudo como una gran agencia de comunicación institucional. Y cuando la distancia entre propaganda y realidad se hace demasiado grande, el descrédito acaba afectando no solo a un gobierno, sino también a la confianza ciudadana en las instituciones.
La vivienda exige reformas profundas, un incremento masivo de la oferta, simplificación urbanística y una revisión seria de la fiscalidad. Lo que hoy se ofrece es otra cosa: una operación comunicativa construida sobre préstamos, endeudamiento y titulares efectistas. Y la diferencia entre gobernar y anunciar es, precisamente, esa.
La Generalitat presta 50.000 €… después de haber cobrado casi 40.000 en impuestos. #viviendacatalunya #governilla Compartir en X
