Hay obsesiones que se declaran, y otras que se ejecutan con una tenacidad tan metódica que acaban siendo más elocuentes que cualquier discurso. El caso de Vox con Cataluña pertenece a esta segunda categoría. No es una oposición al catalanismo —eso sería, en definitiva, una posición política discutible— ni tampoco una discrepancia con la catalanidad como expresión cultural. Es otra cosa: una impugnación directa de Cataluña como realidad cultural y lingüística.
Solo desde esta perspectiva —y no desde ninguna lógica racional mínimamente consistente— se entienden los acuerdos que este partido ha impulsado y que el Partido Popular ha asumido con una docilidad que, en Cataluña, alguien debería explicar con un mínimo de decencia intelectual.
El caso de la Comunitat Valenciana es paradigmático.
Se ha decidido eliminar de la asignatura de Lengua y Literatura a todos los autores catalanes. No una revisión, no un debate académico, no una matización curricular: una cancelación en bloque. Y no hablemos de figuras marginales o discutidas. Hablamos de Mercè Rodoreda, una de las grandes novelistas europeas del siglo XX. Al parecer, una autora peligrosa para la integridad valenciana. No es una exageración retórica: es consecuencia directa del criterio aplicado.
Pero la situación adquiere un tono casi grotesco cuando la propia operación incluye a Josep Pla.
Pla, que representa una de las expresiones más depuradas de la prosa conservadora, escéptica y profundamente arraigada en el país. Pla, que nunca fue sospechoso de ningún radicalismo cultural ni político. Pla, en definitiva, convertido ahora en víctima de un celo ideológico que supera, con creces, al que practicó el propio franquismo, que nunca le censuró de forma sistemática.
Esto ya no es política cultural: es estridencia. Y también ignorancia.
La ironía es tan evidente que casi da pereza subrayarla. Los fundadores de la revista Destino, muchos de ellos provenientes del bando vencedor de la Guerra Civil y que dieron cabida a cientos de artículos de Pla, difícilmente habrían imaginado que, décadas después, la derecha política llegaría a una posición tan restrictiva. Junto a Vox, la censura franquista parece casi generosa. Es un caso de evolución a la inversa: no hacia la libertad, sino hacia una especie de puritanismo ideológico que recuerda más a algunos excesos revolucionarios que a una tradición conservadora.
Pero si el caso valenciano es grave, el de Aragón posee una dimensión casi experimental.
Allí, el acuerdo impulsado por Vox se presenta con una formulación que ya es toda una declaración de intenciones: «liberar Aragón de la imposición del catalán». Una imposición que, hasta ahora, no había sido detectada por nadie.
¿Qué había, en realidad? Un reconocimiento mínimo del catalán en su variedad leridana en la Franja, especialmente en zonas como Fraga, comparable al reconocimiento —aún más precario— del aragonés. Es decir, una política de protección cultural moderada, casi tímida, propia de cualquier estado que carezca de complejos respecto a su diversidad.
La respuesta ha sido eliminar ese reconocimiento.
Y ahí es donde aparece una de las declaraciones más reveladoras del momento. El presidente aragonés, Jorge Azcón, justificó la medida afirmando que la lengua hablada en la zona de Fraga no debería llamarse catalán, sino “fragatino”. Es una notable aportación a la lingüística mundial: la creación de una lengua por decreto político.
El problema es que el fragatino, si existe, solo puede ser una variedad dialectal. Y un dialecto, por definición, lo es siempre de una lengua. La pregunta es inevitable: ¿de qué lengua es dialecto el fragatino? La respuesta, por mucho que incomode, es obvia.
Esta operación no responde a ningún criterio filológico. Responde a una necesidad política: desvincular al catalán de cualquier presencia que supere los límites administrativos de Cataluña. Es decir, negarle la condición de lengua compartida en España.
Y ahí es donde aflora la cuestión de fondo. Lo que está detrás de estas decisiones no es una discrepancia sobre currículos escolares o denominaciones lingüísticas. Es la idea —implícita pero persistente— de que el catalán no es una lengua española en el sentido pleno del término. Que es una anomalía, una excepción tolerada, pero no una realidad que pueda extenderse con normalidad por otros territorios.
Si no fuera así, ¿qué problema habría en que autores catalanes fueran estudiados en Valencia? ¿O que el catalán fuera reconocido en la Franja? Ninguno, evidentemente. Salvo si se parte del supuesto de que esta presencia es, en sí misma, una amenaza.
El contraste con Cataluña es, en este punto, casi incómodo. El aranés, una variante del occitano sometida históricamente a la presión del jacobinismo francés, goza en el Valle de Arán de un nivel de protección y normalización que incluye la enseñanza oficial y el reconocimiento institucional. Cataluña nunca se ha sentido amenazada por esta realidad. Por el contrario, la ha incorporado como parte de su patrimonio.
En Aragón, sin embargo, la respuesta a una diversidad lingüística mucho más consolidada ha sido la negación.
Esto no es solo una cuestión de política lingüística. Es una cuestión más profunda que transforma la diversidad en problema y la riqueza en amenaza.
Y lo más significativo es que todo esto no ocurre en un contexto marginal, sino en el marco de acuerdos políticos formales, avalados por partidos que aspiran a gobernar con normalidad. La responsabilidad, por tanto, no es solo de quien impulsa estas medidas, sino también de quien las acepta.
Por eso la pregunta final no es retórica. Es política y concreta: ¿qué piensa el Partido Popular en Cataluña de todo esto? Y, sobre todo, ¿cómo se lo explica a los ciudadanos que, con mayor o menor convicción, todavía lo consideran una opción razonable?
Eliminar a Rodoreda i Pla no es política educativa. Es censura cultural. #LenguaCatalana Compartir en X
