La regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes irregulares sitúa a España en una posición singular —y profundamente contradictoria— dentro de la Unión Europea. No se trata únicamente de una decisión de política interna, sino de un movimiento que rompe el consenso comunitario en un momento especialmente delicado para el proyecto europeo. Mientras la Unión endurece su política migratoria, España se aparta de esa línea común y actúa en sentido inverso, convirtiéndose de facto en la principal puerta de entrada regularizada al espacio Schengen.
El 29 de enero, la Comisión Europea presentó sus estrategias sobre inmigración y asilo para los próximos cinco años. El mensaje fue inequívoco: prioridad absoluta al control de fronteras exteriores, refuerzo de los retornos y limitación de los flujos irregulares. Estas directrices no fueron aprobadas por gobiernos conservadores aislados, sino por el núcleo institucional de la Unión. Prácticamente al mismo tiempo, el Gobierno español activaba la mayor regularización de inmigrantes de su historia reciente.
La contradicción es evidente y grave. En un espacio sin fronteras interiores, regularizar masivamente en un solo Estado miembro equivale a generar efectos automáticos sobre el conjunto de la Unión. Las personas regularizadas en España podrán desplazarse libremente por el territorio europeo, lo que introduce una asimetría profunda entre países que sí están reforzando controles y uno que opta por una vía opuesta. Esta divergencia no es neutra y abre la puerta a conflictos futuros perfectamente previsibles.
Uno de ellos es el restablecimiento de controles fronterizos internos. Francia ya ha recurrido en el pasado a esta medida y no sería extraño que, ante un flujo procedente de España, volviera a hacerlo. Otros países podrían adoptar discriminaciones indirectas, controles selectivos o restricciones administrativas para quienes procedan del sur. El resultado sería una erosión adicional del principio de libre circulación, uno de los pilares básicos de la Unión.
España no puede alegar excepcionalidad ideológica. No es el único país con un gobierno socialdemócrata. Dinamarca constituye un ejemplo especialmente significativo: un gobierno firmemente asentado en la socialdemocracia ha adoptado una de las políticas migratorias más duras de Europa, incluso más restrictiva que la recientemente aprobada por la Comisión. España, por tanto, no se aparta del consenso europeo por razones de color político, sino por cálculo interno.
Este alejamiento recuerda a otros episodios en los que países europeos se separaron del consenso comunitario cuando les convenía, y que fueron duramente criticados por el propio Gobierno español. La diferencia ahora es que España ocupa el papel del disidente, con consecuencias que trascienden ampliamente el ámbito doméstico.
Pero las implicaciones no se limitan a la Unión Europea. A medio plazo, la regularización tendrá un impacto directo sobre el perfil del electorado. No de forma inmediata, pero sí progresiva. Una parte de las personas regularizadas acabará adquiriendo la nacionalidad española. Este proceso se suma a una política de nacionalizaciones iniciada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ampliada posteriormente, que facilita el acceso a la ciudadanía a personas con ascendientes españoles incluso lejanos.
El resultado es una alteración significativa del equilibrio electoral: se incorporan al cuerpo electoral personas con una débil —cuando no inexistente— vinculación histórica, cultural o cívica con el país. Este fenómeno no es neutro políticamente y ha sido verbalizado sin complejos por dirigentes como Irene Montero, cuando apeló explícitamente al “reemplazo” de los españoles que discrepan de su proyecto político por inmigrantes de toda condición. Más allá de la provocación retórica, la lógica subyacente es clara y profundamente inquietante.
En Cataluña, estas dinámicas adquieren una dimensión aún más delicada. Cataluña posee una lengua y una cultura propias que dependen críticamente de procesos de integración efectivos. Mientras que los inmigrantes hispanohablantes se integran de manera natural en la lengua y cultura españolas, no ocurre lo mismo con el catalán. La presión demográfica sobre el equilibrio lingüístico y cultural es, por tanto, muy superior.
Cataluña es, además, el territorio con mayor número absoluto y proporcional de inmigrantes de España, así como el que concentra una mayor proporción de población musulmana y africana. Solo en el último año, la población extranjera ha crecido en 100.000 personas. Este dato se produce en un contexto demográfico extremadamente adverso: en el mismo periodo hubo 67.524 defunciones frente a solo 53.802 nacimientos. A ello se suma un saldo migratorio negativo con el resto de España de 6.437 personas.
El cuadro es claro: mueren más personas de las que nacen, se marchan más catalanes al resto de España de los que llegan y, simultáneamente, se produce un flujo masivo de inmigración extranjera. Todo ello ocurre a una velocidad que desborda completamente la capacidad de las políticas públicas de la Generalitat, tanto en recursos como en competencias efectivas.
El conflicto que se genera no es coyuntural, sino estructural. Se trata de un crecimiento demográfico rápido, masivo y difícilmente asimilable, sin contrapartidas reales en inversión, planificación o integración. La regularización, lejos de aliviar esta presión, la consolida y la acelera.
España se convierte así en una anomalía europea y Cataluña en un laboratorio extremo de esa anomalía. Una puerta de entrada al espacio Schengen en un momento en que Europa intenta cerrarla. Una política que se justifica en nombre de la humanidad, pero que ignora sus efectos acumulativos, sus contradicciones externas y sus consecuencias internas más profundas.
Regularizar en un solo país sin fronteras interiores afecta a toda Europa. #Schengen Compartir en X
