Hace dos años, el Congreso de los Diputados aprobó por amplia mayoría una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada a la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular. Aquel respaldo transversal parecía abrir la puerta a un debate parlamentario de calado sobre inmigración, legalidad, derechos humanos y sostenibilidad económica. Nada de eso ocurrió. El texto fue literalmente archivado y permaneció inmóvil, guardado en el cajón de la Presidencia del Congreso, sin trámite alguno, sin ponencia, sin debate y sin explicación pública.
Ahora, de forma súbita, el Gobierno de Pedro Sánchez decide activar aquella regularización. Pero no lo hace recuperando la ILP ni sometiéndola al procedimiento legislativo ordinario, sino recurriendo a la vía más excepcional y menos deseable en términos democráticos: el decreto ley y, procedimiento de urgencia.
La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que una medida que durmió durante dos años el sueño de los justos se convierta, de repente, en una necesidad perentoria que exige legislar de inmediato?
La respuesta no se encuentra en una repentina iluminación humanitaria del Ejecutivo, sino en la aritmética parlamentaria y en la extrema fragilidad de la mayoría que sostiene al Gobierno. Esa mayoría, en la práctica, ha dejado de existir. Junts per Catalunya decidió romper su apoyo, y sus siete votos son hoy decisivos para cualquier iniciativa relevante. Sin ellos, el Gobierno apenas puede legislar y es incapaz de aprobar unos presupuestos.
¿Y qué tiene que ver Junts con una regularización que, formalmente, se pacta con Podemos?
Precisamente ahí reside el núcleo del intercambio político. El Gobierno cede a Podemos el protagonismo público de la regularización —presentándola como fruto de su presión— y, a cambio, Podemos se muestra dispuesto a retirar su veto al traspaso de la competencia integral en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña, una reivindicación estratégica de Junts.
El resultado es una operación compleja, opaca y profundamente insatisfactoria desde el punto de vista democrático: se regulariza a más de medio millón de personas sin debate parlamentario real, sin evaluación técnica exhaustiva y sin transparencia.
La inmigración masiva, y más aún una regularización de esta magnitud, es inevitablemente polémica. El decreto prevé regularizar a más de medio millón de personas en un plazo extremadamente corto, entre principios de abril y el 30 de junio. Materialmente, este calendario hace imposible una verificación rigurosa de la documentación exigida. De hecho, el propio texto introduce mecanismos excepcionales para sortear las comprobaciones.
Si el país de origen no remite a tiempo la información administrativa o penal, bastará una declaración jurada del interesado. Los antecedentes penales solo se considerarán en caso de condena firme en España, dejando fuera, de facto, los antecedentes policiales o judiciales en otros países, pero también en España, en gran medida.
En la práctica, esto abre la puerta a la regularización de personas instaladas en entornos de delincuencia o marginalidad, no porque se quiera deliberadamente, sino porque el diseño del procedimiento impide una verificación suficiente. Todo ello, además, dentro del corsé de la Ley de Extranjería: cualquier desviación sustancial podría ser ilegal y dar lugar a recursos que dejarían la regularización total o parcialmente en el aire.
La fragilidad jurídica de la medida es evidente, y el recurso más que probable. España legisla mal, y como en este caso a veces muy mal como sistema y esto que parece gratis tiene enormes costes para el país, como ha demostrado sin la menor duda la Nueva Economía Institucional (NEI), si las instituciones no funcionan y las leyes son elementos clave de esta institucionalidad los países empobrecen.
El debate público tiende a polarizarse. Vox exagera los riesgos hasta el extremo, y esa exageración facilita, por reacción, el discurso edulcorado del Gobierno y de los defensores de la regularización, que presentan la medida como una panacea económica y social. Se llega incluso a sostener que resolverá en buena medida el problema de las pensiones. Las cifras, sin embargo, indican más bien lo contrario.
El único argumento incuestionable a favor de la regularización es el humanitario. La situación de los inmigrantes irregulares es un círculo vicioso cruel: la irregularidad impide trabajar legalmente, y la imposibilidad de trabajar condena a la irregularidad permanente. Se les permite entrar, pero después se les encierra en condiciones vitales indignas. Eso es inhumano y debe corregirse.
Pero una regularización masiva solo se justifica si se cumplen dos condiciones esenciales. Primera, una reforma profunda de la Ley de Extranjería. Segunda, una política efectiva de control y ordenación de los flujos migratorios.
Si se regulariza sin modificar las condiciones de entrada, lo único que se consigue es reproducir el problema: en pocos meses, volverá a existir una nueva bolsa de cientos de miles de personas en situación irregular, abocadas a la misma inhumanidad. La regularización se convierte así en un parche periódico, no en una solución estructural. Ahora mismo ya hay como mínimo un cuarto de millón de personas en espera de la próxima regularización. Es la canción del nunca acabar
Más allá del argumento humanitario, se invocan razones económicas: pensiones e impuestos. Ambas son altamente discutibles.
En el sistema actual de pensiones, los inmigrantes de bajos salarios no generan superávit, sino déficit a largo plazo. El sistema español ofrece una tasa interna de retorno (TIR) demasiado elevada en relación con el crecimiento de las cotizaciones. Los pensionistas contributivos reciben prestaciones entre un 45% y un 65% superiores al valor actuarial justo de lo cotizado. Este desequilibrio no se corrige incorporando grandes masas de trabajadores con salarios bajos y cotizaciones reducidas; al contrario, se agrava.
El mismo razonamiento se aplica a los impuestos. Una parte importante de estos inmigrantes ya paga impuestos indirectos, principalmente IVA. El ingreso adicional relevante sería el IRPF, pero a cambio de recibir prestaciones del estado como la Sanidad, pero con salarios bajos, la aportación es mínima o inexistente. En términos de balance generacional —lo que una persona aporta y recibe a lo largo de su vida—, en España todos los ingresos inferiores a 25.000 euros anuales resultan deficitarios. Se recibe más de lo que se aporta. Y ese déficit lo asume el conjunto de la sociedad. La mayoría de los regularizados presentarán balances negativos.
Los estudios internacionales confirman este patrón: los inmigrantes procedentes de países occidentales desarrollados tienden a tener una contribución neta positiva; los procedentes de África y Latinoamérica, una contribución neta fuertemente negativa. Esto encaja con un dato clave del caso español: el decrecimiento del PIB por trabajador a tiempo completo equivalente desde 2019, pese al fuerte crecimiento poblacional por inmigración. La economía crece en tamaño, pero no en productividad.
El gráfico siguiente lo muestra con claridad:
El gráfico no explica el PIB por PTETC, Persona Trabajadora Equivalente a Tiempo Completo, que es la mejor medida de la productividad, y el ingreso real es negativo para el periodo considerado, en la plenitud del ejercicio del Gobierno de Sánchez y de la llegada masiva de inmigración. Pero es que incluso una medida más sencilla, la de la productividad por ocupación, está estancada y la productividad por hora ha tenido un crecimiento pírrico. Todo esto solo se explica por una economía dopada por el trabajo a bajo coste que facilita la inmigración masiva.
Todo esto también debe de tratarse porque el balance humanitario- no digamos ya el económico- no es solo el resultado de un acto instantáneo sino de sus consecuencias.
El diagnóstico racional de esta regularización es, por tanto, muy cuestionable. No por la finalidad humanitaria, sino por su improvisación, su fragilidad jurídica y su impacto económico a medio y largo plazo. Es un parche político, no una política pública seria. Y como tal, deja abiertos problemas mayores: en el ámbito europeo, en la estructura del electorado y, de manera muy particular, en Cataluña, donde el traspaso de competencias en inmigración añade una dimensión adicional de riesgo institucional.
Sin reforma de la ley de extranjería, habrá otra regularización… y otra. #InmigraciónEspaña Compartir en X
