El colapso no es puntual: es la desintegración de un sistema

El caos, la desintegración de un sistema, nunca es un hecho breve ni se resuelve en pocos días. Es un proceso. Y este proceso es exactamente el que vive Cataluña hoy: las consecuencias acumuladas de una situación caótica que se ha alargado en el tiempo y que ahora estalla con toda su crudeza.

En la movilidad cotidiana, sus efectos son inmediatos y visibles. Muchos trayectos de Cercanías y media distancia han duplicado su tiempo. Lo que antes duraba cuarenta minutos se alarga ahora hasta una hora y media. La alta velocidad entre Barcelona y Madrid, una línea rectilínea que había sido una buena solución para los desplazamientos entre ambas ciudades, ha quedado prácticamente deshecha y exige ahora hasta cinco horas de viaje. Hemos retrocedido en un auténtico túnel del tiempo.

Todo esto es dramático para la vida cotidiana de la gente. Pero el mayor impacto económico no es el que se percibe en la calle. El golpe real, que puede tener consecuencias estructurales durante décadas, es mucho menos visible: el colapso logístico del puerto de Barcelona.

El puerto ha quedado prácticamente aislado del transporte ferroviario de mercancías con el resto de Europa. Hay un bloqueo en la entrada y en la salida de trenes. Aunque las obras que se realizan sean calificadas de máxima prioridad, el resultado es devastador: cadenas de producción en Bélgica y Alemania que dependen de suministros que llegan por el puerto de Barcelona se encuentran en graves dificultades. Los convoyes están cargados, pero no pueden circular.

Desde fuera, la imagen es impresionante. Países industriales observan con perplejidad cómo España solo dispone de una salida ferroviaria hacia Europa, y cómo esta es deficiente, frágil y mal gestionada. Las pérdidas económicas inmediatas serán muy importantes, pero lo será aún más el daño a la imagen de marca del puerto. Un puerto que no ofrece certeza ni seguridad deja de ser fiable y cuando la confianza se pierde, a menudo no se recupera.

Éste no es un problema puntual ni una suma de incidencias. Es la manifestación de un sistema que lleva tiempo funcionando al límite y que ahora entra en fase de descomposición visible. Cuando una infraestructura esencial deja de garantizar regularidad, tiempo y fiabilidad deja de ser una infraestructura y se convierte en un factor de riesgo. La AP-7 y su colapso habitual al que ahora sí se le añade un corte de semanas de duración es un indicador de la incapacidad de los gestores públicos, del Gobierno de la Generalitat y del Estado.

La movilidad diaria de decenas de miles de personas se ha convertido en una lotería. Salir antes no garantiza llegar a tiempo. Planificar de nada sirve. La única certeza es la incertidumbre. Este deterioro erosiona la vida laboral, familiar y personal, pero sobre todo genera un efecto aún más peligroso: la normalización del desastre. La gente se acostumbra a perder horas, a llegar tarde, a renunciar. Cuando esto ocurre, el colapso deja de indignar y pasa a formar parte del paisaje.

Y mientras todo esto falla, existe una sola cosa que funciona con una eficacia implacable y con beneficio directo para el Estado: Hacienda y la recaudación de impuestos. Cada vez actúa de forma más autoritaria, dejando a los ciudadanos en una situación prácticamente de indefensión. Un ejemplo ilustrativo: por una deuda de 0,11 euros –sí, once céntimos– en la Tesorería General de la Seguridad Social tuvo como consecuencia precintar y requisar un vehículo. Resuelta la incidencia, la tramitación para poder recuperarlo se prolongó durante semanas. Esta es la lógica de una administración muy diligente para exigir y recaudar, pero extraordinariamente negligente a la hora de prestar los servicios que tiene la obligación de garantizar.

Todas las costuras del país están saltando. Y eso es lo que ocurre cuando una sociedad acumula tres años sin presupuestos, con un gobierno irresponsable que insiste en que no pasa nada. Ahora, a los problemas acumulados se añaden otros nuevos.

Los ingenieros de presas alertan sobre la falta de inversión y mantenimiento, denuncian sobrecarga de trabajo, estrés laboral y carencia de personal. Se necesitan entre 250 y 500 millones de euros anuales, más los recursos necesarios para absorber déficits acumulados. Y no hablemos de una cuestión menor: una presa que falle es una catástrofe asegurada.

La enfermedad no se detiene en las infraestructuras. También se extiende a la sanidad. España ha dejado de ser un estado libre de sarampión, según declaración de la OMS, algo que evidencia un retroceso gravísimo. La sanidad pública ha fallado de forma escandalosa. Y no vale excusarse diciendo que la gente no se vacuna: la responsabilidad de la administración es alertar, incentivar y fomentar estas prácticas esenciales.

En el caso concreto del desastre ferroviario en Cataluña, los puntos de riesgo detectados en Cercanías, se elevan a una treintena. Esto no se ha producido de un día para otro, ni a causa de las últimas lluvias. En la mayor parte del territorio, las precipitaciones fueron habituales. Lo que aflora es una acumulación insólita de dejadez sistemática por parte de Adif, la falta de alerta de Renfe y, en último término, la incapacidad del Gobierno de la Generalidad —titular formal del servicio— de supervisar con eficacia la situación.

Los gobiernos de ERC primero y del actual ejecutivo después han demostrado que saben reclamar, pero no saben asumir competencias. Al menos habrían podido ejercer una exigencia cotidiana, no solo sobre el funcionamiento de los trenes, sino también sobre el estado de la infraestructura, haciendo públicos los defectos que ahora han estallado de repente. Existe una grave responsabilidad política en todo ello, que descalifica cualquier pretensión de buena gestión.

Éste es el verdadero colapso: no solo de trenes, puertos u hospitales, sino de un Estado que deja de cumplir sus funciones básicas mientras exige cada vez más a sus ciudadanos. Y cuando esto ocurre, el problema ya no es técnico ni coyuntural: es político y estructural.

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