El colapso de Cercanías de Cataluña empezó la noche del 20 de enero de 2026, se extendió al 21 y siguió en contra de las previsiones iniciales el jueves 22, seguramente por presiones de los maquinistas que consideraban insegura la situación.
En dos días, del orden de cerca de un millón de personas se han visto obligadas a no utilizar un servicio necesario, lo que a su vez ha colapsado buena parte de los accesos viarios a la capital y en especial la conexión que se realiza por la AP7 que sigue cortada en Gelida.
Es difícil encontrar un precedente de esta magnitud y todo ello sin que previamente se haya producido una gran catástrofe. Es cierto que la tormenta Harris provocó una precipitación elevada, pero ni mucho menos en todo el territorio. La catástrofe ha mostrado la extrema debilidad de las infraestructuras catalanas y en último término del propio gobierno de la Generalitat.
Cataluña ha sufrido una catástrofe insólita generada por los propios responsables de velar para que estas cosas no se produzcan: Renfe, Adif y el teórico gobierno de Cataluña, que ha puesto en evidencia que es una comparsa no ya del Gobierno español sino de las histerias de Óscar Puente y su Ministerio.
Nunca en ningún sitio y menos en nuestro país se ha producido algo parecido, ni siquiera por amenazas terroristas. Han logrado que la gente piense que tomar el tren “es como ir a la guerra”, lo han convertido en una práctica de riesgo.
Las causas de la catástrofe
El día antes de la decisión catastrófica se habían producido dos descarrilamientos relacionados con el temporal Harry. El día 20 hubo un descarrilamiento grave en la R4 entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia por la caída de un muro o talud en la vía, con muerte del maquinista y decenas de heridos. Casi a la vez, otro tren descarriló entre Blanes y Maçanet-Massanes al impactar con una roca caída en la vía.
La tragedia de los muertos y heridos en un caso era una excepción, pero lluvias torrenciales en Cataluña hemos sufrido casi cada año, como corresponde al clima mediterráneo. Es más, en el área del accidente más grave en el Penedès, las lluvias fueron inferiores a las máximas registradas en otros períodos, porque la “llevantada” no afectó por igual a todo el territorio catalán, sino sobre todo al litoral y prelitoral gerundense. Ayer cayeron 23,9 l/m² en Sant Sadurní d’Anoia y 23,4 l/m² en Gelida, cantidad de precipitación habitual en cualquier punto de nuestro país.
Hay que decirlo porque ahora van a intentar decir que llovió el diluvio universal para justificar que no tienen la infraestructura en buenas condiciones. Y eso no es nuevo, eh, que en el 2023 se inventaron que había caído un rayo sobre un tren para intentar justificar un colapso ferroviario. ¿La realidad?, cero rayos en la zona.
Ni la lluvia catastrófica afectó ni de lejos a todo el territorio, ni había necesidad de una medida tan radical, salvo por la histeria instalada en el Ministerio, Renfe y ADIF y la presión de los maquinistas.
Ante aquellos dos incidentes y otros menores, Adif decretó la suspensión total de la circulación en todas las líneas de Cercanías de Cataluña (R1, R2, R3, R4, R11, R15, etc.) para revisar vías, catenarias, taludes y señalización antes de permitir de nuevo el paso de trenes. Atendía así la reclamación del sindicato de maquinistas SEMAF que pidió detener el servicio «hasta nuevo aviso» hasta que hubiera garantías mínimas de seguridad, presionando para que no se reanudara la circulación sin inspecciones completas.
Lo que debía ser una acción preventiva hasta las 6:00 h se convirtió en un paro total de prácticamente dos días. Lo hicieron sin previo aviso, sin que la Generalitat cursara una alerta general advirtiéndolo el día antes, aunque sí ha hecho uso de este mecanismo en anteriores ocasiones por fenómenos meteorológico de mucha menor incidencia.
Cuestiones clave que hay que aclarar y pedir responsabilidades
- ¿De qué sirve el acuerdo entre Generalitat y Gobierno para gestionar Cercanías?, qué utilidad tiene, de qué ha servido. ¿De qué va a servir?
- ¿Comunicó el Ministerio, Adif, Renfe la decisión catastrófica a la Generalitat? ¿A quién, cuándo, cómo? Que pinta el gobierno catalán ante algo tan grave.
- ¿Por qué no se avisó la noche anterior utilizando los medios de alerta de los que se dispone?
- ¿Por qué ni gobierno ni ministerio adoptaron medidas de emergencia proporcionadas para evitar el colapso en el desplazamiento de medio millón de personas todos los días?
- Las consecuencias económicas tan grandes de estos daños, ¿recibirán alguna compensación?
Aquí no puede haber silencio, el gobierno debe explicarse por qué se debe a la ciudadanía y el Parlamento debe actuar para aclarar y establecer responsabilidades políticas, a pesar de que ERC y los Comunes, han demostrado su incapacidad para el servicio público, ya que han adoptado una posición de perfil bajo, lo que supone que ya hay mayoría para que además del colapso real, las aclaraciones y petición de responsabilidades queden también colapsadas.
Dimensión del colapso y afectaciones
Estaciones como Barcelona-Sants, Plaça Catalunya, Arc de Triomf o Sant Andreu se llenaron de pasajeros sin información clara, con pantallas en blanco, megafonía cambiante y colas para intentar llegar al trabajo o a los estudios.
Entidades sociales, sindicatos y medios han señalado responsabilidades compartidas entre Adif, Renfe, Generalitat y Gobierno español, remarcando la falta de mantenimiento, la vulnerabilidad de la infraestructura frente a temporales y la mala información a los viajeros.
Es necesario saber el coste de todo ello. Cercanías mueve a unos 400.000–500.000 pasajeros diarios en Cataluña, muchos de ellos trabajadores pendulares, por lo que el impacto humano y laboral es alto.
Estimaciones de personas afectadas
Una primera estimación de Converses señala la magnitud de ayer y solo en costes directos, sin considerar los indirectos y las secuelas temporales que seguramente son de gran magnitud. El colapso afectó a 400.000–500.000 usuarios directos al día: Es el volumen diario habitual de Cercanías (R1–R4, etc.), que quedaron sin servicio durante la mayor parte del día, especialmente en la hora punta matinal. Cientos de miles indirectos: Incluye familias, estudiantes y usuarios que saturaron FGC, metro y autobuses, con colas largas y retrasos adicionales.
Basado en paros anteriores (ej. 228.000 horas en 4 meses de retrasos en 2023), asumiendo 2–4 horas de retraso por trabajador afectado en un paro total. Coste laboral directo: de 50 a 100 millones de euros. Total económico directo.
Empresas de Barcelona y cercanías (tecnología, comercio, servicios) son las más afectadas, con recomendaciones de Pimec para teletrabajo y análisis caso por caso, ya que no todas las ausencias se pueden recuperar fácilmente.
Estas cifras son extrapolaciones razonables, pero provisionales; una estimación oficial debe ser hecha pública, así lo esperamos y sobre todo esperamos concreción sobre las indemnizaciones.
A todo esto se le añadió además el hecho de que la autopista AP-7 quedó cortada en sentido sur entre Martorell y Sant Sadurní d’Anoia como medida preventiva por el riesgo de derrumbamiento del puente que atraviesa la vía del tren, debido al muro de contención caído durante el accidente de Gelida. El corte se inició el 21 de enero (martes) a las 15:30-18:00 h aproximadamente y se mantiene activo sin horario concreto de reapertura porque requiere inspecciones técnicas y obras de reparación. No hay confirmación de reapertura inminente.
Tres conclusiones
- Cataluña no tiene gobierno solo tiene unos masoveros que se gastan nuestro dinero con publicidad en los medios.
- El País está en manos de RENFE y ADIF que pueden decretar en horas el colapso total.
- Y el gran interrogante. ¿Quién nos defiende con eficacia?
