Parece extraño, pero en toda la extensa literatura periodística abocada sobre el nuevo sistema de financiación y los agravios comparativos, la ordinalidad invisible, y el mejor trato a Cataluña, muy pocos por no decir nadie han prestado atención a la nueva «trampa» del Estado con todas las Autonomías, también con Cataluña. Una trampa que es un clásico en los comportamientos estatales: pagar tarde y mal.
Durante meses, el Gobierno ha presentado el nuevo sistema de financiación autonómica como un giro histórico. La cifra central del relato es contundente: 21.000 millones de euros adicionales para el conjunto de las comunidades autónomas, con Cataluña como una de las principales beneficiarias, con unos 4.700 millones. El mensaje político está claro: se ha hecho un gran esfuerzo y se ha corregido una anomalía estructural.
Sin embargo, cuando se analiza la reforma con rigurosos criterios económicos, el diagnóstico cambia radicalmente. El nuevo sistema no compensa la pérdida real causada por más de una década de retraso en su actualización. No es cuestión ideológica, sino aritmética. El Estado debe poner mucho más dinero sobre la mesa para compensar las pérdidas por inflicción en el retraso, es decir compensar lo que las autonomías habrían percibido en igualdad de condiciones si la reforma se hubiera hecho cuando legalmente correspondía.
Un sistema caducado desde 2014
El sistema de financiación vigente proviene de 2009 y, según la misma normativa, debía revisarse a los cinco años, es decir, en 2014. Esta revisión no llegó ni en 2014, ni en los años siguientes. La reforma se ha aplazado hasta 2025–2026, acumulando 11 años de retraso, de los cuales la mayor parte, más de 7 corresponden al período Sánchez.
Durante este período, las comunidades han continuado asumiendo competencias esenciales —sanidad, educación, dependencia— mientras los costes aumentaban. Especialmente, a partir de 2021, la economía española ha experimentado una elevada inflación que ha erosionado de forma significativa el poder adquisitivo de los recursos públicos.
El criterio correcto: porcentajes, no cifras absolutas
Un error frecuente en el debate público es limitarse a deflactar los 21.000 millones anunciados. Pero este no es el cálculo relevante. La pregunta clave es si el incremento porcentual del nuevo sistema de financiación es suficiente para compensar la inflación acumulada sobre la financiación preexistente.
Antes de la reforma, el volumen aproximado del sistema de financiación autonómica se situaba en torno a los 130.000 millones de euros anuales. Entre 2014 y 2025, la inflación acumulada en España ha sido de aproximadamente el 26%. Esto implica que, solo para mantener el mismo nivel real de recursos, el sistema habría necesitado unos 34.000 millones de euros adicionales.
El nuevo modelo aporta 21.000, que equivalen a un incremento del 16%. El resultado es inequívoco: solo se compensa aproximadamente el 60-62% de la pérdida real acumulada. El resto, unos 13.000 millones, queda sin cubrir.
Cataluña: mismo porcentaje, misma insuficiencia
El mismo ejercicio aplicado a Cataluña refuerza la conclusión. La financiación de la Generalitat procedente del sistema se situaba en torno a los 29.000 millones de euros anuales. Aplicando la inflación acumulada del 26%, se necesitarían unos 7.500 millones adicionales para no perder poder real respecto a 2014.
El incremento anunciado, 4.700 millones, representa también un aumento del 16%, prácticamente idéntico al del conjunto del sistema. Es decir, Cataluña recupera solo dos tercios del terreno perdido. No existe ningún “salto estructural”: existe una corrección parcial que consolida una pérdida histórica.
En Cataluña, por tanto, no solo se ha incumplido los términos del pacto entre ERC y PSC que le dieron la presidencia en Illa, y queda a años lejos de lo pactado con Puigdemont, sino que ni siquiera compensan la inflación. Solo para que esto se produjera haría falta una ganancia de 7.500. Millones.
¡Ya está bien de dejarnos levantar la camisa!
Una reforma que redefine el déficit como normalidad
El problema de fondo no es solo económico, sino político. Presentar esta reforma como un éxito total redefine como punto de partida un sistema ya erosionado. El retraso no se repara completamente; se normaliza. Esto tiene claras consecuencias: presión persistente sobre los servicios públicos, conflicto territorial latente y un debate fiscal que queda aplazado, una vez más.
En síntesis, los 21.000 millones llegan tarde y cortos. Y mientras no se asuma esa realidad, el sistema de financiación autonómica seguirá siendo una solución incompleta a un problema estructural.
Cataluña recibe 4.700 M€, pero necesitaba unos 7.500 solo para no perder poder adquisitivo. Esto no es un salto, es una corrección parcial que consolida el déficit como normalidad. #FinanciaciónCataluña Compartir en X
