El problema viene de lejos. Al menos desde 1935, cuando Josep Antoni Vandellós publicó Cataluña, pueblo decadente, una obra inicialmente polémica, reeditada en 1985, y que con el paso del tiempo se ha convertido en un texto de referencia. Ya entonces se apuntaba una constante histórica: Cataluña ha tenido siempre una demografía débil, y buena parte de su trayectoria colectiva se explica en esta clave. También ha sido siempre un país de inmigración.
Pero nunca como ahora, la descompensación había sido tan grande ni tan intensa, hasta el punto de poner en riesgo la propia continuidad del país. Nunca la ola inmigratoria —en relación con la población autóctona— había alcanzado una magnitud comparable, y nunca la natalidad había caído a registros tan bajos: algo más de 1,1 hijos por mujer en edad fértil, cuando la tasa de reemplazo se sitúa en 2,1.
Sin embargo, hay indicadores aún más alarmantes, porque no solo describen una situación demográfica, sino que expresan una determinada mentalidad colectiva. Los abortos representan ya cerca del 40% de los nacimientos, una cifra extraordinaria en parámetros europeos. Asimismo, por cada aborto anual, llegaron entre cuatro y cinco personas nacidas fuera.
Cataluña es hoy la comunidad con el mayor número absoluto de personas nacidas en el extranjero. Su saldo migratorio exterior anual encabeza habitualmente las estadísticas: en 2023, por ejemplo, el saldo neto superó a las 126.000 personas. Una de cada cuatro personas residentes en Cataluña ha nacido fuera de España.
En algunos municipios, el fenómeno es aún más extremo. Guissona, en la Segarra, supera el 51% de población extranjera, principalmente vinculada a la industria cárnica. Castelló d’Empúries se acerca al 45%, impulsado por el sector servicios y el turismo. Salt, en el Gironès, con un 37%, es uno de los núcleos urbanos con mayor diversidad del país. En Barcelona, el 33,6% de los residentes nació en el extranjero.
El crecimiento natural es negativo: muere más gente de la que nace. Cerca del 34,6% de los bebés que nacen en Cataluña son de madre extranjera, siendo la población inmigrante sensiblemente más joven. En la franja de edad entre 30 y 40 años, casi la mitad de los residentes han nacido fuera de España. No es menor el hecho de que el reciente crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social en Cataluña se explica casi íntegramente por los trabajadores nacidos fuera.
Ante este escenario, se han levantado posiciones que van de la indiferencia a la celebración.
Desde la derecha económica, una parte importante del mundo empresarial lo ve como algo positivo o, al menos, necesario, sin muchas más consideraciones. Desde sectores de la izquierda, se celebra abiertamente, porque la idea misma de un pueblo catalán les parece sospechosa o directamente reprobable. Estas mentalidades han sido determinantes en el desastre actual, en el que han participado todos los gobiernos y todos los partidos.
Posteriormente, ha emergido una reacción de nueva planta: aparentemente contundente, pero engañosa, inviable e irracional —“echamos a los que han venido, no dejamos entrar a nadie más”—, que evita afrontar el problema de fondo.
De la misma forma que el problema entre nosotros no es que haya demasiados musulmanes, sino que hay pocos cristianos —de fe o de cultura—, la inmigración no tiene respuesta posible sin un cambio radical de la natalidad. Y es radical porque exige la convergencia de tres grandes vectores.
El primero: políticas públicas en favor de la familia y de la maternidad que superen ampliamente la media europea en su cuantía. Esto no significa pequeños ajustes, sino más que doblar las actuales asignaciones presupuestarias.
El segundo: resolver los graves problemas económicos, profesionales y laborales, así como el déficit de reconocimiento social, que impiden que muchas parejas se casen y tengan hijos.
Pero sería un error confiarlo todo solo en ese ámbito. Hay una tercera dimensión, cultural y moral, que también debe ser abordada: aquella que ensalza la paternidad y, sobre todo, la maternidad; que reconoce que la transmisión de la vida es el acto más importante que pueden realizar un hombre y una mujer.
Para afrontar estos retos es necesaria una gran convergencia de los poderes públicos, de la sociedad civil organizada, del capital social movilizado con este objetivo. Y también de la Iglesia, que sigue siendo la principal agencia de anuncio y observancia moral que existe en el mundo y en nuestro país.
¿Por qué es tan vital pasar de la actual cifra -absolutamente suicida- de 1,1 hijos por mujer, primero a acercarnos a los dos y después a superarlos? Porque, de lo contrario, se está produciendo un proceso de sustitución de la población autóctona por otra de orígenes diversos y heterogéneos, que acaba anulando toda referencia a lo que somos, hemos estado y pretendíamos estar en la historia.
Esto no es estar contra la inmigración. Es estar a favor de tener hijos. A favor de una natalidad que exprese confianza en el futuro. De una paternidad y maternidad responsables en el pleno sentido del término: de la sabiduría que permite entender que no solo existe una responsabilidad individual hacia uno mismo y el entorno inmediato, sino también hacia el pueblo al que pertenecemos.
Se ha criminalizado este diagnóstico por parte de aquellos que, política, ideológica y culturalmente, son responsables del proceso de extinción, criminalizando el concepto de “reemplazo”. No hay problema. Yo no lo llamo así. Lo llamo, simplemente, sustitución. Es lo que estamos viviendo.
No es menor el hecho de que el reciente crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social en Cataluña se explica casi íntegramente por los trabajadores nacidos fuera. Compartir en X
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