Un caso de libro

Hay informes que no sólo cuentan una historia: la desvelan. El último dosier de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil —una pieza de investigación fría, meticulosa, casi quirúrgica— retrata con una inquietante nitidez lo que puede convertirse en un caso de financiación ilegal de libro. El mecanismo es viejo: comisiones por obra pública. El contexto, no tanto: una trama que nace en Navarra, sube hasta el Gobierno central y tiene como ejes a hombres de la máxima confianza de Pedro Sánchez.

El primer elemento señalado es tan simple como demoledor: la prisión provisional de uno de los protagonistas, Santos Cerdán, mano derecha del presidente y pieza central del PSOE orgánico, está «sobradamente motivada». La UCO habla de riesgo de destrucción de pruebas, de una arquitectura de contrataciones irregulares que funciona durante años y de un engranaje que no improvisa: opera. El relato policial es brutal, pero consistente.

En Navarra, la trama de concesiones de obra pública con retorno obligatorio del 2% ya hacía camino cuando el socialismo foral gobernaba. Pero su alcance se ensancha sin fisuras cuando Sánchez llega a la Moncloa y nombra a Ábalos ministro. Lo ficha, le ordena, le protege. Y aquí aparece la pregunta que serpentea por todo el informe como una sombra persistente: ¿es creíble que un sistema de tantos años, con figuras tan cercanas al presidente, funcionara a sus espaldas?

Para responderla, hay que observar un detalle que rara vez aparece en los titulares: Sánchez gobierna rodeado del mayor dispositivo humano que ha tenido nunca un presidente español. Más de 470 personas destinadas directamente a la Presidencia, un presupuesto de 79 millones de euros y una estructura pensada para el control político-mediático, para el análisis constante, para saberlo todo. Es la antítesis de la ignorancia. Un presidente que tiene obsesiones, sí, pero el olvido no es una.

Así, cuando se invoca el concepto jurídico in vigilando, aquel que atribuye responsabilidad no por la acción directa, sino por la falta de vigilancia sobre los propios subordinados, no es una figura abstracta. Es un diagnóstico. Un padre responde por sus hijos. Un directivo por sus empleados. Un gobernante por los hombres que elige, protege y sitúa en el corazón del poder.

Sánchez ha construido una presidencia basada en la hipercentralización de la información y estrategia. Pretender que una trama de 6,2 millones en comisiones —cifra que la investigación no da todavía por cerrada— operara al margen del presidente, equivale a presentarle como un ermitaño desconectado de su propio gobierno. Y esto es sencillamente incompatible con su forma de liderar y los enormes medios de control que dispone.

De hecho, si algo muestra este caso es que la palabra “trama” no solo designa a un grupo de personas. Designa un ecosistema.

Un ecosistema que requiere tres elementos:

1. Una puerta de entrada institucional -el Ministerio de Transporte o de Obras Públicas.
   Por eso ponen políticos leales, no técnicos: Ábalos es el ejemplo perfecto.
2. Un mecanismo financiero –el 2%-3% de retorno, el clásico de la política española durante décadas.
3. Un destino final de los fondos —y ahí está el núcleo del asunto: ¿alguien cree que 6 millones acaban repartidos entre Cerdán, Ábalos y Koldo? Es una hipótesis tan pobre que cae por su propio peso.

La UCO retrata costumbres menestrales: restaurante de la esquina, compras en El Corte Inglés. Ni rastro de gasto de lujo millonario. Givenchy, Loewe, Hermès, Louboutin, Pradera, Cartier Tiffany. ¡El Corte Inglés!

No es que justifiquen cifras millonarias. Hablamos de decenas de miles de euros, no de millones. La conclusión, pues, se impone sola: la mayor parte del dinero no era para ellos.

Y si no era para ellos… ¿para quién era?

La respuesta más plausible es también la más incómoda: una parte de estos fondos habría servido para nutrir al PSOE. No sería la primera vez que ocurre en España ni sería la trama más sofisticada. Solo sería una más. Una que encaja demasiado bien con la cronología, perfiles y cifras.

Y aquí volvemos al principio: o Sánchez lo sabía, o Sánchez no controlaba nada. Y las dos hipótesis le condenan.

La primera, porque la responsabilidad política sería directa. La segunda, porque le situaría como el presidente más incompetente de la historia reciente.

Con la Audiencia Nacional abriendo diligencias por financiación ilegal, el reloj corre ya. Y cuando el reloj corre en política, siempre lo hace hacia un mismo sitio: la verdad o la destrucción.

Mientras, los aliados de Sánchez -ERC, Bildu, BNG, Podemos, Sumar- siguen abrazados a un relato de moralidad togada y woke. Los mismos que levantan el dedo contra la corrupción ajena callan frente a la propia. El PNV, como siempre, juega a ser neutral en aras de una superioridad moral que nadie sabe exactamente de dónde sale. Y todos, absolutamente todos, esperan que un juez realice el trabajo que no quieren asumir políticamente.

Pero el caso es demasiado grande, demasiado antiguo y demasiado coherente para desaparecer. Es, como dice el informe, «un caso de libro». Y los casos de libro no se archivan: se cuentan.

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