La Ley de Amnistía, eje central del actual equilibrio parlamentario en España, ha sido señalada por la ciudadanía como el acontecimiento negativo más relevante de la historia reciente, incluida la COVID-19, según los últimos datos del ElectoPanel.
En paralelo a esta percepción social, el debate sobre la amnistía ha adquirido una dimensión jurídica internacional con la publicación no oficial de un informe crítico de la Comisión Europea. Este informe, dirigido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y no al público general ni al Gobierno español, se enmarca en la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas sobre la legalidad de la ley frente al derecho comunitario.
Un informe crítico que tensiona el tablero institucional
La Comisión Europea sostiene que la ley “parece ser una autoamnistía”, al haber sido negociada y aprobada con la participación directa de quienes se beneficiarían de ella. A juicio de Bruselas, la norma no responde a un “objetivo de interés general reconocido” por la Unión Europea, desmontando así el argumento principal del Ejecutivo español, que la defendía como una vía para la distensión social y política en Cataluña.
Más aún, el informe lanza una acusación de mayor gravedad: que la ley vulnera el principio del Estado de derecho, al permitir que el poder político garantice la impunidad de sus socios parlamentarios a cambio de apoyo para la investidura. Esta afirmación representa un duro golpe para el relato gubernamental y refuerza las posiciones críticas tanto en el ámbito judicial como político.
Una excepción favorable: sin impacto en fondos europeos
No obstante, la Comisión Europea aclara que la ley no afecta los intereses económicos de la Unión, al no encontrarse un vínculo directo entre las acciones del ‘procés’ y el uso de fondos europeos. Este único punto coincide con la narrativa oficial defendida por el Gobierno y la ministra portavoz Pilar Alegría, quien subraya este aspecto favorable en su comunicación pública.
Medios polarizados y versiones opuestas
La cobertura mediática del informe refleja, una vez más, la polarización del debate nacional. Mientras medios afines al Gobierno, como La Vanguardia y El País, priorizan la ausencia de impacto económico y restan peso a las críticas jurídicas, otros diarios como El Mundo, ABC, La Razón o El Confidencial destacan las advertencias más severas de Bruselas.
El Español, por su parte, ha publicado que la Comisión Europea “defenderá ante el TJUE su informe contrario a la ley de amnistía de Sánchez”, mientras que Cadena SER reconoce tanto la ausencia de perjuicio económico como las objeciones al “interés general” esgrimido por el Gobierno.
Tiempos judiciales y silencios incómodos
El dictamen filtrado de la Comisión llega antes de que el Tribunal Constitucional español, presidido por Cándido Conde-Pumpido, emita su sentencia definitiva. La falta de recusación del presidente, a pesar de su vinculación política previa, ha generado tensiones sobre la neutralidad de la Corte. A esto se suma la controversia por el borrador previo de sentencia, que mostraba reparos únicamente marginales hacia la ley.
Este cruce de tiempos entre Europa y España pone al alto tribunal en una situación comprometida: ¿cómo armonizar un posible respaldo constitucional con una crítica explícita de Bruselas?
Una anomalía democrática bajo escrutinio europeo
Para muchos observadores, si esta situación se produjera en países como Hungría o Polonia, ya habría motivado expedientes sancionadores por parte de la UE. La diferencia, apuntan algunos analistas, es que en esta ocasión las objeciones al Estado de derecho no provienen de gobiernos de extrema derecha, sino de una administración socialdemócrata, lo que expone una aparente doble vara de medir dentro del bloque comunitario.
A la espera de la vista del TJUE prevista para el 15 de julio, la Ley de Amnistía continúa siendo más que un instrumento legal: es un símbolo de la actual lucha por el poder en España, de la fragilidad institucional en tiempos de alta polarización y del complejo equilibrio entre soberanía nacional y normas europeas.
La Ley de Amnistía continúa siendo más que un instrumento legal: es un símbolo de la actual lucha por el poder en España, de la fragilidad institucional en tiempos de alta polarización y del complejo equilibrio entre soberanía… Compartir en X
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