El escándalo que envuelve a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Cataluña, por presunta corrupción sistémica y por el caso de la violación de una menor tutelada durante dos años sin que se activaran las alarmas, amenaza con convertirse en un agujero negro que podría extender su daño al actual gobierno de Salvador Illa.
Este caso tiene como principales protagonistas a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (Junts) y, con la colaboración parlamentaria necesaria de los Comuns, que evitaron que el escándalo estallara antes.
El informe de la Sindicatura de Cuentas, presentado en el Parlament a inicios de este año, dejó constancia de numerosas irregularidades. Se trata del “Informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la contratación y adjudicación del servicio de acogida de la infancia y la adolescencia en Cataluña, ejercicios 2016-2020”, presentado por la síndica Maria Àngels Cabasés ante la Comisión de la Sindicatura del Parlament el 21 de noviembre de 2024.
El documento señala irregularidades como la contratación de 154 centros por el procedimiento de emergencia sin justificación legal, la prórroga de contratos sin documentación firmada, el reconocimiento extrajudicial de créditos por decenas de millones de euros y la adjudicación de 788 millones de euros a fundaciones privadas del tercer sector entre 2013 y 2020, incumpliendo la ley de contratos. Además, el informe advierte de indicios de delitos y prácticas irregulares con posibles responsabilidades penales, y ofrece recomendaciones para mejorar los procedimientos de gestión y control.
Lo más grave de la situación actual es que ERC, PSC y Comuns votaron en contra de una propuesta de resolución que instaba a aplicar directamente las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas. Este hecho fue criticado por Junts y otros grupos, que consideran que esta decisión obstaculiza la asunción de responsabilidades y la transparencia en la gestión de la DGAIA.
A esto se suma el caso de la violación de una menor por una red de pederastas, que podría ser solo la punta del iceberg de una serie de abusos sexuales a menores tutelados, sobre los cuales el Departamento y la Generalitat nunca han querido informar.
Vayamos por partes
Todos los partidos principales están implicados en mayor o menor medida, ya que Junts, ERC y PSC han dirigido el departamento afectado durante la última década, periodo en el que se ha degradado la DGAIA.
Los responsables han sido: Neus Munté (CDC, 2016-2017); Dolors Bassa (ERC, 2017-2018, aunque la Generalitat estuvo intervenida por el Gobierno español en ese periodo); Chakir El Homrani (ERC, 2018-2021); Violant Cervera (Junts, 2021-2022); Carles Campuzano (independiente en las filas de ERC, 2022-2024); y, finalmente, Mònica Martínez (PSC, desde 2024).
En pleno debate parlamentario, Salvador Illa señala a Junts como principal responsable y exculpa a ERC, a pesar de su clara implicación, porque depende de ellos para aprobar los suplementos de crédito (ya van por el tercero) que le permiten gobernar sin presupuesto. Una muestra de la arbitrariedad del partidismo. Aprobar un presupuesto y rendir cuentas parece haber pasado a la historia, tanto en el Congreso como en el Parlament, lo que equivale a decir que se ha liquidado uno de los fundamentos del sistema parlamentario.
Ahora todos quieren “refundar” la DGAIA, una forma de echar tierra sobre el agujero negro de su gestión.
Sin embargo, antes de cualquier refundación, es imprescindible responder al informe de la Sindicatura de Cuentas y esclarecer los casos de posibles abusos a menores en los ámbitos de la Generalitat en los últimos diez años: ¿qué expedientes administrativos se abrieron? ¿Cuál fue su resolución? ¿Existen sentencias judiciales? ¿Cuántas denuncias se han presentado a la policía?
Mientras tanto, se siguen conociendo nuevos detalles que evidencian abusos por parte de la DGAIA, conocidos por los distintos gobiernos y sin solución.
Por ejemplo, se ha constatado que, desde la administración, se retiraba directamente la tutela a los padres sin intervención de un juez. ¿Cómo es posible que un simple acto administrativo prive del ejercicio de un derecho constitucional sin consecuencias? ¿Dónde está el Estado de derecho? Además, solo el 16% de los menores tutelados por el sistema de acogida vuelven con sus familias, lo que evidencia un fracaso del sistema.
También se han detectado incumplimientos de obligaciones legales y una disparidad escandalosa: el coste de un menor tutelado en un piso de acogida asciende a 52.000 euros al año, mientras que una familia de acogida recibe solo 6.000 euros.
Todo esto configura un panorama de podredumbre moral, un agujero negro que no se solucionará con refundaciones si antes no se realiza un informe exhaustivo de todos los desmanes.
Illa debe encargar a la Sindicatura de Cuentas un informe ad hoc de control económico y otro sobre abusos sexuales a la Sindicatura de Greuges. Solo así se podrá restaurar la credibilidad, que ahora no existe. Las comisiones formadas por quienes hicieron posible el desastre o las “refundaciones” no serán suficientes.
Seguiremos informando sobre el tema.
Todos los partidos principales están implicados en mayor o menor medida, ya que Junts, ERC y PSC han dirigido el departamento afectado durante la última década, periodo en el que se ha degradado la DGAIA Compartir en X
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