La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) se ha ganado a pulso su reputación de falta de transparencia y oscurantismo. Los medios de comunicación lo han denunciado en diversas ocasiones, como vuelve a hacer Enric Sierra en La Vanguardia.
Sabían—lo explican ellos mismos—que las retiradas de custodia ejecutadas por esta institución de la Generalitat, separando a hijos de sus padres, no siempre contaban con orden judicial. También sabían que las ayudas a los extutelados eran discrecionales—¿arbitrarias?—y que las contrataciones millonarias se realizaban sin transparencia. Pero nunca se preocuparon por averiguar a qué entidades iban a parar esos fondos, cómo se utilizaban, cuánto cobraban los directivos, ni por qué los técnicos sociales que atienden a los menores recibían salarios bajos y precarios.
Ahora, esos mismos medios estallan de indignación ante el caso de una niña de 12 años violada entre 2020 y 2021 por una red de explotación sexual de menores, sin que nadie en la DGAIA ni en la Generalitat se percatara de ello. Solo la investigación judicial ha sacado a la luz el escándalo, y ahora «corremos todos».
Tampoco reaccionaron cuando la Sindicatura de Comptes expuso en sede parlamentaria—con luz y taquígrafos—su informe de fiscalización del período 2016-2020, donde se detallaban graves irregularidades, algunas presuntamente penales, cometidas por la DGAIA. Esquerra Republicana lo justificó todo, se opuso a cualquier acción y, con la ayuda del PSC y los Comuns, el asunto fue archivado. Ningún gran medio profundizó en un informe que afectaba millones de euros de dinero público.
Pero el problema no es solo la DGAIA. También lo son los responsables políticos del departamento que la tutela y que cambia de nombre según el gobierno de turno. Hoy es el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión. Ayer era simplemente Derechos Sociales. Antes, Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Y en sus inicios, Benestar Social. La responsabilidad política de lo sucedido recae, como mínimo, desde el gobierno de ERC hasta la actualidad.
Lo que ocurre es demasiado grave: una corrupción económica sistémica a gran escala y violencia sexual bajo tutela pública. Demasiado grave para que no afecte a quienes han gobernado: Aragonès, ahora Illa, y los grupos parlamentarios que han protegido la impunidad: ERC, PSC y Comuns.
El caso de esta niña violada durante dos años lo dice todo. Cuando tenía 15 años, la DGAIA le permitió irse a vivir con un adulto de 25. Es evidente que el Código Penal prohíbe las relaciones sexuales entre un menor y un adulto, y que ni siquiera un supuesto consentimiento invalida esa norma. No hay excusas.
Ahora, la estrategia de los cómplices políticos se articula en tres puntos:
- Trasladar toda la culpa a los depredadores sexuales —el violador, la red, las redes sociales, el machismo—y presentar a la DGAIA como víctima. El argumento es conocido: “Cuando una niña sufre una agresión así no es culpa suya ni de sus padres, ni tampoco de la Generalitat”. Pero esto es falso. La Generalitat tenía el deber legal y moral de proteger a esta niña. No lo hizo.
- Crear una comisión parlamentaria controlada por los mismos partidos que bloquearon cualquier acción tras el informe de la Sindicatura. Una maniobra de distracción.
- Anunciar un «plan de reorganización» de la DGAIA para hacer borrón y cuenta nueva, evitando una investigación a fondo sobre la red corrupta de fundaciones del Tercer Sector con las que se vincula. Una red que el medio Octuvre lleva tiempo denunciando.
Todo esto es un encubrimiento. Lo que realmente se necesita es:
– Que la Sindicatura de Comptes y la Síndica de Greuges abran una investigación a fondo, cada uno en su ámbito—financiación y abusos sexuales—y que trasladen todos los posibles delitos a los tribunales.
– Que los departamentos de Justicia e Interior elaboren un informe basado en datos judiciales y policiales sobre la violencia sexual contra menores en Cataluña, porque el caso de la DGAIA es solo la punta del iceberg.
Los datos son alarmantes
El escándalo de la DGAIA y la red de pederastia no es un caso aislado. La Generalitat tutela a 9.000 menores dentro del millón largo de mayores de 3 años que hay en Cataluña. Y las cifras son preocupantes.
En 2023, en Cataluña se registraron 4.361 delitos contra la libertad sexual, de los cuales 3.210 ocurrieron en la provincia de Barcelona. A nivel nacional, la media española es de 4,5 casos por cada 10.000 habitantes, mientras que en Cataluña la cifra asciende a 5,5, variando por provincias: 6,2 en Lleida, 5,5 en Barcelona y 5,3 en Girona y Tarragona. Las cuatro provincias catalanas están entre las diez con mayor incidencia de España.
Aproximadamente el 44% de estos delitos corresponden a menores, lo que supone unos 2.000 casos anuales en Cataluña. Para una población de algo más de un millón de menores, esta cifra es escalofriante—mucho mayor que la registrada en adultos. Mientras que sobre la violencia de género en mujeres adultas se realizan campañas constantes, en el caso de menores mucho más afectados no existe ninguna iniciativa similar, solo indiferencia.
El libro de reciente publicación de Josep Miró i Ardèvol, La pederastia en la Iglesia y la sociedad, revela por primera vez el enorme escándalo de este delito y la complicidad pasiva de los poderes públicos. En solo siete años, los casos de abusos se han duplicado.
Un análisis estadístico sobre los datos y la probabilidad de ocurrencia, tomando como referencia los 9.000 menores acogidos por la DGAIA, en relación con el total de casos en Cataluña y España, arroja una estimación de 18 casos de abusos sexuales en 2023. Pero como parte de estos delitos son cometidos por los propios padres—y esta no es la situación de los acogidos por la DGAIA—la cifra más ajustada a la realidad se sitúa entre 6 y 9 casos de abusos sexuales potenciales. Esto puede incluir violaciones, tocamientos, exhibicionismo, pornografía infantil y acoso en internet.
Este solo dato en un año debería encender todas las alarmas y exigir de la Generalitat un informe sobre la última década en relación con los delitos de abusos sexuales a menores en Cataluña. Ese informe debe basarse en datos judiciales, investigaciones policiales y registros oficiales del departamento al que pertenece la DGAIA, llámese como se llame en cada momento.
Esta es una urgencia para evitar que la comisión parlamentaria se convierta en una mera estrategia de encubrimiento.
Lo que ocurre es demasiado grave: una corrupción económica sistémica a gran escala y violencia sexual bajo tutela pública. Demasiado grave para que no afecte a quienes han gobernado Compartir en X
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