Finalmente ha estallado con fuerza un escándalo bien conocido, pero sistemáticamente ignorado: el de los servicios que la Generalitat ofrece para atender a cerca de 9.000 niños y jóvenes en situación de riesgo. Estamos hablando de menores provenientes de familias desestructuradas, con graves problemáticas sociales, o directamente abandonados. También incluyen a menores no acompañados. Todos ellos dependen de la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia), organismo adscrito al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, antes conocido con otros nombres según modas y gobiernos.
El foco sobre la DGAIA se ha intensificado por dos razones graves y coincidentes:
- El escándalo de una red de abusadores sexuales que utilizó durante años una menor tutelada, a la que el Departamento había autorizado a vivir con un adulto de 25 años cuando ella tenía 15.
- El estallido de un presunto caso de corrupción sistémica con desvío de fondos públicos durante más de una década a través de fundaciones del tercer sector. Este caso afecta también al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de Servicios Sociales (60% Generalitat, 40% Ayuntamiento) y otros consejos comarcales.
Documentos ignorados… hasta ahora
El Informe de la Sindicatura de Cuentas, presentado en el Parlamento el año pasado y referido al período 2016-2020, ya alertaba de posibles fraudes y prácticas irregulares con indicios penales. Pero no ocurrió nada. Ni ERC, ni el PSC, ni Junts se dieron por aludidos. Ahora, con el foco mediático encima, han pedido una comisión parlamentaria que revise desde 2011 hasta la fecha. Quince años de presunta mala gestión con gobiernos de varios colores. Si esto no es una quiebra sistémica, ¿qué lo es?
También ha intervenido finalmente la Oficina Antifraude, a raíz de la denuncia de un funcionario represaliado por negarse a colaborar con procedimientos que consideraba irregulares.
Octuvre, la fuente olvidada
El medio Octuvre ha aportado información valiosa y bien documentada, pero ha sido ampliamente ignorada por los grandes medios. Nosotros hacemos uso y reivindicamos su valor. Según la Sindicatura, entre 2016 y 2020, la DGAIA gastó 788 millones de euros en servicios de atención. Sin embargo, estos servicios no los presta directamente, sino que los subcontrata a una constelación de entidades del tercer sector.
El gran problema: una red sin control
Este modelo implica una grave falta de transparencia y control público, tanto en el ámbito económico como en la calidad del servicio. Cuando el dinero llega a las fundaciones, el rastro se pierde. Conocer sueldos y gastos es una odisea. La situación empeora cuando muchos de los directivos de la DGAIA provienen de las propias fundaciones, y viceversa. No estamos delante de puertas giratorias: es un círculo vicioso institucionalizado.
Entre 2016 y 2020, se gastaron casi 300 millones por vía de urgencia, sin concursos ni publicidad. Octuvre ha demostrado que algunas fundaciones cobran por plazas inexistentes y otorgan ayudas a quienes no cumplen los requisitos.
Plataforma Educativa: la pieza clave
Una entidad clave en este entramado es Plataforma Educativa, una organización que hace de paraguas de 10 fundaciones y asociaciones diferentes: Fundación Resilis, Fundación Astres, Fundación Gentís, Fundación Infancia y Familia, Fundación FASI, Fundación Utopía, Eina Activa, Idària, Fundación El 7 y Acciona’t. Estas han gestionado más de 300 millones de euros en siete años.
Doce personas acumulan 47 cargos directivos. Por ejemplo:
- Jordi Pascual es director general de Plataforma Educativa y, simultáneamente, vocal del patronato de Resilis, vocal del patronato de Astres, del patronato de Gentis y del patronato de Utopía.
- Pilar Bosch desempeña roles clave en Resilis, FASI, Eina Activa y Utopía.
- Ricard Calvo, exdirector de la DGAIA, es ahora vicepresidente de Infancia y Familia, y director general de El 7.
- Anna Suñer es vocal de Resilis, secretaria de Astres, miembro del patronato de Gentis, gerente de Infancia y Familia y secretaria de Eina Activa.
- Glòria Fàbrega es secretaria de Resilis, tesorera de Sallar, coordinadora de Astres y vocal de Gentis.
- David Ruiz es vocal de Resilis, gerente de Resilis, secretario de Sallar y presidente de Astres.
- Albert Rosa es gerente de Idària, gerente de El 7, gerente de Utopía y vicepresidente de Utopía.
Los sueldos son desconocidos, y se han negado a hacerlos públicos. La Vanguardia solo ha apuntado dos fundaciones: Resilis y Mercè Fontanilles.
Una red de poder y dinero público
Plataforma Educativa recibe subvenciones de múltiples instituciones: departamentos de la Generalitat, ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones e incluso fondos Next Generation. Su presencia es transversal y casi omnipresente.
Denuncias graves, respuestas lentas
La Oficina Antifraude investiga irregularidades graves en Resilis, a raíz de la denuncia de un trabajador que alertó de falsificación de documentos para cobrar fondos públicos. La alta funcionaria de la DGAIA que recibió la denuncia, Maria Teresa San Miguel, no actuó. Ahora, Antifraude ha dado protección oficial al denunciante.
Tres exigencias claras
Este caso no es un accidente: es un cáncer institucional.
- Es necesaria una instancia independiente, liderada por la Sindicatura de Greuges, que investigue todos los casos de abusos sexuales a menores en instituciones bajo tutela pública en la última década.
- La Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude deben realizar un informe exhaustivo sobre el funcionamiento de la DGAIA y todas las entidades receptoras de fondos.
- Es necesario disolver la DGAIA, crear una nueva agencia con profesionales ajenos a los partidos y a las fundaciones implicadas, y reorganizar el Departamento con un nuevo consejero.
O se hace tabla rasa, o la metástasis continuará.
La Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude deben realizar un informe exhaustivo sobre el funcionamiento de la DGAIA y todas las entidades receptoras de fondos Compartir en X
