El primer ministro de Francia, François Bayrou, declaró en una rueda de prensa el 15 de abril que los franceses «no trabajamos suficiente, no producimos suficiente», alertando de que «no disponemos de suficientes recursos porque nuestro país no produce suficiente».
El centrista Bayrou, jefe del gobierno desde la moción de censura a Michel Barnier el pasado diciembre, ha formado un «comité de alerta de los presupuestos» y ha declarado «el estado de urgencia presupuestaria».
Francia cerró el ejercicio fiscal 2024 con un déficit público que fue peor que las previsiones iniciales, llegando al 5,8%. Prácticamente, el doble de lo exigido por el Tratado de la UE. El endeudamiento público se situó también en cifras de récord, del 113% del Producto Interior Bruto (PIB).
Esta situación límite es el resultado de una bulimia fiscal típicamente francesa.
En 2023, el último año con datos publicados por Eurostat, el gasto público total del país alcanzó el 58,4% del PIB, situándose Francia como el país de la UE (de hecho, del mundo) con el sector público más grande.
Pero, desgraciadamente para Bayrou, en el país de las huelgas, las subvenciones públicas, la semana de las 35 horas y la jubilación a los 62 años, este mensaje tiene todos los números de ser recibido de la peor forma posible por los electores.
De hecho, el veterano político no es ni mucho menos el primer mandatario que alerta a los franceses de que el país no puede seguir sosteniendo su modelo de vida fuertemente dependiente de las ayudas públicas.
Los presidentes Nicolas Sarkozy y Emmanuel Macron ya intentaron discursos en pro del valor del trabajo y la importancia de la productividad, pero ambos acabaron por claudicar, empeorando de hecho el estado de las arcas públicas a lo largo de sus respectivos mandatos.
Francia acumula todavía otros datos preocupantes: es el estado con el mayor gasto social del mundo (en 2019 concentraba el 1% de la población y el 15% de todo el gasto social del planeta), y la evolución de su productividad en los últimos 20 años ha empeorado sensiblemente.
Sabedor de estos males, Bayrou ha multiplicado las alertas de forma bien explícita, apuntando que «Francia es el país del mundo que más dinero público gasta», que «muchos países más desarrollados que nosotros […] han reducido sus gastos cuando se han visto amenazados», que «el exceso de gasto público no es la clave de la felicidad», y que la deuda es «una trampa peligrosa, potencialmente irreversible e inaceptable porque no podremos sostener en el tiempo la carga».
El primer ministro francés ha subrayado que la deuda «es políticamente insostenible, pero aún más rotundamente, es moralmente inaceptable». Por último, ha apelado al pueblo: «hay horas de la verdad que son decisivas y esta es una de ellas […] Nuestra convicción es que […] solo la toma de conciencia de nuestros conciudadanos, solo la confrontación de los ojos abiertos con la verdad de nuestra situación, puede sostener una acción determinada».
El ejecutivo ha insistido en que lo esencial del esfuerzo que debe permitir reducir el déficit al 5,4% del PIB este año, provendrá de una reducción de los gastos públicos.
Pero no está nada claro que los franceses, acostumbrados como están a que el estado les saque las castañas del fuego ante la mínima dificultad, quieran entender las razones del ejecutivo. De momento, los sindicatos han exigido ya nuevos impuestos al capital y a la riqueza.
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