Existe el mito, fruto de utilizar un indicador incorrecto, de lo que significa qué pagamos a Hacienda en términos reales para los bolsillos de todos nosotros personas de carne y hueso y no abstracciones estadísticas.
La cuestión radica en el uso de la presión fiscal, que se entiende como el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que el Estado recauda en impuestos y cotizaciones.
Pero lo que expresa el esfuerzo que hacemos es el sacrificio fiscal, que mide el esfuerzo que supone para el contribuyente, considerando su capacidad económica –es decir, la carga impositiva en relación con la renta per cápita y el nivel de vida.
Finalmente, la cuña fiscal (tax wedge) se define como la diferencia entre el coste total de un trabajador para el empleador y el salario neto percibido por el empleado, incluyendo impuestos y cotizaciones sociales, y que define de forma más completa la extracción fiscal que se opera sobre el trabajador y que en gran parte le pasa desapercibida, porque no es él quien paga directamente, sino la empresa, que se lo descuenta de su salario bruto.
Presión fiscal: España vs. Europa
Según estadísticas de Eurostat, España registró una presión fiscal de aproximadamente el 38,3% del PIB en 2022. Este valor es inferior a la media de la Eurozona, que se sitúa aproximadamente en el 41,9% del PIB. Con cifras actualizadas, la diferencia ya es menor por el efecto de la inflación particularmente grande de estos dos últimos años.
Esto puede interpretarse como que, en términos absolutos, España recauda una menor proporción de su producción económica en comparación con otros países europeos. Y éste es el argumento de los depredadores fiscales que nos gobiernan.
Asimismo, debe considerarse que en varios países de la Unión Europea se observa que una mayor presión fiscal se acompaña de sistemas de protección social más amplios y mayores ingresos per cápita, lo que tiende a mitigar el impacto relativo sobre el ciudadano. Por ejemplo, la protección a la familia en España es casi inexistente. Sólo considerando esta diferencia, el diferencial de presión fiscal queda prácticamente absorbido.
Según los datos disponibles, España destina un porcentaje significativamente menor de su PIB a ayudas familiares en comparación con la media de la Unión Europea:
- España: 1,19% del PIB
- Media de la UE: 2,12% del PIB
Es importante destacar que España se encuentra entre los países que menos invierten en prestaciones familiares en relación a su PIB. De hecho, España es el cuarto Estado miembro de la UE-28 que menos ayudas públicas notificadas concedió en relación al PIB.
Desglosando las ayudas familiares en España:
- Prestaciones familiares dinerarias: 0,51% del PIB
- Total de prestaciones familiares (dinerarios y en especie): 1,19% del PIB
Estos datos contrastan significativamente con otros países europeos. Por ejemplo:
- Francia: 2,88% del PIB
- Alemania: 2,3% del PIB
- Italia: 1,98% del PIB
Esta baja inversión en políticas familiares en España se refleja en indicadores sociales como la tasa de pobreza infantil, que ha permanecido por encima del 26% desde 2005.
Si el diferencial de esta ayuda de los países europeos lo reducimos al español y detraemos su magnitud fiscal, la diferencia española en términos de presión fiscal desaparece.
Sin embargo, el indicador realmente expresivo es otro: el Sacrificio Fiscal
Aunque la presión fiscal en España es inferior en términos porcentuales, estudios recientes –como el análisis de Funcas en La insoportable levedad del índice de presión fiscal– muestran que el sacrificio fiscal para los españoles es sustancialmente mayor. Esto se debe a que, teniendo una renta per cápita menor, el esfuerzo relativo que deben hacer los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones es mucho mayor.
Un estudio comparativo ha puesto en evidencia que el índice de sacrificio fiscal en España alcanza valores cercanos al 148,6%, mientras que en países como Alemania se sitúa en torno al 103,4%.
Esto implica que, en términos relativos, los ciudadanos españoles soportan una carga impositiva aproximadamente un 50% mayor en función de su capacidad económica. Este hecho subraya la necesidad de interpretar la presión fiscal no sólo en términos absolutos, sino también en función del poder adquisitivo y distribución de la renta.
Además, varios análisis de medios especializados (por ejemplo, La Razón) han profundizado en estas diferencias, resaltando cómo la menor renta per cápita en España agrava el impacto del esfuerzo impositivo.
Y ahora vamos por la tercera manera de medir la depredación fiscal a la que estamos sometidos: La Cuña Fiscal en el contexto europeo
La cuña fiscal mide el “coste” del empleo desde el punto de vista del trabajador, reflejando la diferencia entre el coste laboral total y el salario neto. Es un indicador clave para evaluar la competitividad laboral y el incentivo en el empleo en cada país.
En España, la cuña fiscal tiende a ser moderada si se compara con países donde la presión impositiva nominal es mayor (como en algunas economías nórdicas o en Francia). Sin embargo, al combinarse con unos salarios que, en promedio, son más bajos, el efecto final es un sacrificio fiscal más notable para el trabajador. En otras palabras, aunque el porcentaje de impuestos y cotizaciones sobre el coste laboral pueda ser inferior, el impacto real en el bolsillo del ciudadano es mayor cuando se tiene en cuenta la capacidad adquisitiva.
En algunos países europeos, la cuña fiscal elevada se compensa con mayores servicios públicos, subsidios y una redistribución de la renta que reduce el impacto negativo sobre el trabajador. En España, la menor recaudación en términos relativos y el menor ingreso per cápita hacen que el “coste” efectivo del trabajo –o el sacrificio que supone para el ciudadano– sea sustancialmente superior, afectando tanto a la competitividad como a la percepción de justicia fiscal.
La Unión Europea dispone de indicadores detallados sobre la cuña fiscal a través de Eurostat y de estudios de la OCDE. Éstos muestran que, en economías con altos niveles de protección social, la cuña fiscal puede superar el 40-45% del coste laboral, mientras que en España suele estar en un rango inferior, pero con el efecto de un sacrificio fiscal amplificado por la menor renta disponible.
Estos datos evidencian la compleja relación entre la carga fiscal, la protección social y el bienestar del trabajador.
Conclusiones y perspectivas
El diagnóstico comparativo revela que, pese a contar con una presión fiscal nominal inferior a la media europea, España afronta un desafío importante: el elevado sacrificio fiscal que deben asumir sus ciudadanos, producto de una renta per cápita relativamente baja y de las particularidades en la estructura de la cuña fiscal.
La cuña fiscal, como indicador, aporta una dimensión adicional al análisis al revelar cómo se traduce la carga impositiva en el salario neto de los trabajadores. En el contexto europeo, la comparación muestra que no es suficiente con analizar la presión fiscal en términos de PIB; es imprescindible considerar el impacto sobre la competitividad laboral y el nivel de vida.
Para conseguir un sistema más equilibrado, es necesario replantear la estructura impositiva, buscando medidas que reduzcan el sacrificio fiscal sin comprometer la financiación del Estado. Esto podría incluir la revisión de deducciones, la progresividad efectiva del sistema y la integración de políticas que impulsen el crecimiento de la renta per cápita.
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