La pequeña empresa, aquella que se sitúa entre 1 y 49 trabajadores, vive un mal momento y esto afecta en gran medida al tejido económico de Catalunya, ya que tiene en este tipo de empresas su base fundamental. El número total de empresas es de 634.000, de las que 236.000 son microempresas (aquellas que no llegan a los 10 trabajadores de plantilla) y 476.000 carecen de asalariados. El siguiente grupo, las que tienen como límite máximo a 49 personas, son calificadas de pequeñas empresas, siendo algo más de 23.000, mientras que las medias suman 4.200 y la gran empresa apenas supera el millar. Con esto está dicho todo: tal y como les vaya a la multitud de empresas de menos de 10 trabajadores, así irá la economía de muchos catalanes.
Pero son malos tiempos para ellas porque registran un alud de exigencias difíciles de cumplir por su volumen, sin que éstas vengan compensadas con medidas suficientes por parte de la administración que les permitan asumir estas cargas sin poner en riesgo su viabilidad.
Por una parte, el desarrollo creciente de normas laborales, junto con otras exigencias de la administración, determina una burocracia que las ahoga. Es algo parecido a lo que les ocurre a los agricultores, médicos y profesores de escuela, que en realidad dedican casi tantas horas a la burocracia como a su actividad principal. Es una paradoja terrible.
Las Administraciones Públicas y los políticos, que deberían contribuir a hacer la vida más fácil a la gente emprendedora, descargan cada vez más peso en sus hombros, mientras ellos eluden en mayor medida cada día más sus obligaciones y responsabilidades. Aquí es aplicable lo que Jesucristo dice a los fariseos en el Evangelio: “Descargue piedras pesadas sobre los hombros de la gente…”.
Por si esto no fuera suficiente, la plaga del absentismo laboral se ha desarrollado hasta límites inviables para la continuidad empresarial. Esto afecta a todas las empresas, pero en mayor medida a las más pequeñas, porque a mayor número de trabajadores, mayor facilidad para cubrir entre unos y otros los vacíos que se producen por este motivo. Pero cuando de 3 trabajadores falta 1, la desorganización de la producción de cualquier actividad es más que considerable.
El aumento rápido del salario mínimo interprofesional, siendo necesario, ha dejado de tener un impacto objetivo sobre el estado de cuentas de las empresas, aumentando sus costes. Este hecho se ha sumado a otro aumento de costes: el de la Seguridad Social, que castiga al puesto de trabajo y contribuye a disuadir a nuevas contrataciones, aunque por ahora el mercado laboral funcione a buen ritmo.
Un tercer elemento castiga los costes: la inflación. Este conjunto ha estrechado los márgenes, sobre todo en las empresas más pequeñas, porque son las que tienen mayores dificultades para ganar productividad que pueda compensar esta dinámica. A todo esto ahora se quiere sumar la reducción de la jornada laboral.
En este caso hay que decir que las consecuencias son diferentes según los sectores, porque ya hay algunos en los que la medida no surtirá efecto, dado que ya se trabaja 37,5 horas a la semana. Pero en otros, más intensivos en mano de obra, de menor productividad y mayor dificultad para ganarla, dado el tipo de actividad, como puede ser la hostelería, el coste puede ser importante. La reducción de la jornada laboral es deseable, pero debe resultar viable para la empresa, y no puede aplicarse una medida generalizada y centralizada; debería resolverse sector por sector, empresa por empresa, con programas a corto, medio o largo plazo para alcanzarla, vinculándola al estado ya compromisos futuros con la productividad.
El reciente ejemplo francés y el mal resultado que ha tenido para su economía, y que ahora se intenta corregir, de la jornada de 35 horas, pese a flexibilizarse en su aplicación inicial, debería hacer reflexionar sobre las consecuencias de concepciones propias de una burocracia centralizada.
Ante esta situación que afecta a una parte fundamental de la economía catalana y a las personas que viven de ella, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya tienen el reto de definir a quiénes sirven: si a la ideología del Gobierno, y específicamente a la de la vicepresidenta de dudoso prestigio, Yolanda Díaz, que impulsa la medida como parte de su campaña política personal y que ni tan siquiera; o bien si se inclinan por defender los intereses de Cataluña, votando en contra de la reducción de jornada.
Sánchez, finalmente, se ha inclinado por las tesis de Díaz, como una especie de respiración boca a boca para evitar que la víctima acabe de ahogarse –su hundimiento electoral–, sabiendo que el Ministerio de Economía, que es el más racional que tiene su gobierno, sabe perfectamente que la medida es adversa.
No puede gobernarse en el ámbito laboral imponiendo siempre las tesis sobre los representantes empresariales como si sus planteamientos no tuvieran ningún sentido. Esto crea condiciones para el conflicto a medio plazo, pero lo importante es que daña empresas y personas a corto plazo.
Si estos partidos votan a favor de la medida, su credibilidad, ya muy escasa, quedará definitivamente hundida. Han jugado con el independentismo hasta conseguir convertirlo en minoritario en el Parlament de Catalunya por la desafección que han creado, demostrando que, ocupando la Generalitat, no sabían gobernar, y se han mostrado, sobre todo Esquerra Republicana, más como una muleta de Sánchez que como un partido que defiende de forma razonable y objetiva los intereses de Catalunya.
Ahora tienen una oportunidad de demostrar que se han enmendado o que definitivamente se hunden en su propia agenda política, que vive en la autorreferencia y los aleja cada vez más de la gente.
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