Es evidente que un punto crucial para la situación y la perspectiva futura de Catalunya es el acuerdo en materia de financiación firmado por ERC y el PSC. De él dependerá la estabilidad del gobierno Illa y también la disponibilidad de recursos económicos. El presupuesto del próximo año debería aportar alguna pista, por pequeña que sea, en este sentido. Si no lo hace, será un mal signo, porque hay que decir que el acuerdo está lleno de interrogantes. Recordando cómo fue el segundo Estatuto de Autonomía, el procedimiento no da pie al entusiasmo.
Referencias al Estatuto de Autonomía
Recordémoslo: el Estatut se llevó a cabo al margen, por no decir en contra, del PP. Fue sobre todo una iniciativa de Pasqual Maragall pactada con Zapatero, como un intento de desbordar a Convergència, que entonces ya regía Mas, por la parte de acentuar el autonomismo. Una suerte de carrera para ver quién de los dos lo era más. El resultado está a la vista: Pujol, seguramente el político de mayor tamaño de todo este periodo, nunca apoyó esta opción. Consideraba que, como así fue, era entrar por un camino conflictivo. Era partidario, como años antes lo había sido el líder de ERC Heribert Barrera, de modificar sustancialmente el Estatut vigente, como una vía más fácil de ganar capacidad de autogobierno.
Interrogantes sobre el pacto de financiación
Los interrogantes que nacen del pacto comienzan ya con el nombre que designa la cosa. Para ERC, es un concierto; para el gobierno español, una financiación singular, que la portavoz de ese mismo gobierno acaba de comparar extrañamente con las financiaciones de provincias como Teruel. Todo ello impera la confusión. Sánchez considera el acuerdo muy bueno, pero no se digna en explicar en qué consiste, como tampoco lo hace la ministra Montero. Dicen que es un proceso de federalización, pero un hito de este tipo es imposible sin un consenso de los dos grandes partidos, y estamos muy lejos de esa situación.
No es toda la cuestión, pero una parte importante es que el acuerdo significará más dinero que tendrá que poner sobre la mesa el Estado, no sólo para Catalunya, sino para el resto de autonomías. Este aspecto tampoco puede decirse que esté claro cuando el Estado tiene problemas de déficit y Bruselas exige reducirlos.
El papel de los recursos económicos
En cualquier caso, está la cuestión de las cifras. Como señalaba Enric Casanovas en su artículo de ayer en Converses “ Los retos de Salvador Illa (2): Financiación”, Catalunya aporta fiscalmente unos 58.000 millones y recupera 28.000 millones. Por tanto, quedan 30.000 millones, que es el margen superior de la ganancia que se puede obtener con el nuevo sistema. Según la Generalitat, para 2021, el gasto del Estado en Catalunya es de casi 15.000 millones, incluidos los 4.370 millones del déficit en el sistema de pensiones. Esta aportación debe haber aumentado sustancialmente tanto por las pensiones como por el gasto del Estado en estos últimos años.
Perspectivas del pacto
Se puede presuponer que de los 30.000 millones, al menos la mitad sean la aportación de Catalunya al Estado, si las cuentas del gobierno Sánchez no indican mayor cifra. A esto habría que añadir la solidaridad, que no está determinada. El balance final neto que quede para Catalunya dará idea de la bondad del pacto. Pero atención, cuanto mayor sea, mayor mejora reclamarán las demás comunidades autónomas, si se consigue un acuerdo con ellas.
Incertidumbres y problemas técnicos
Junto a las incertidumbres generadas por los autores del pacto, surgen problemas de su instrumentalización técnica y económica. Sin mezclarlo con la política, si se puede, son de gran entidad. Basta con leer las consideraciones de Andreu Mas-Colell en La Vanguardia del día 3 para constatarlo. Por un lado, es una negociación bilateral entre Cataluña y el gobierno español; por otra, afecta al conjunto de las comunidades autónomas. Se acerca mucho a la cuadratura del círculo, y con el antagonismo existente entre PP y PSOE, no está claro que prospere.
La estrategia de Sánchez
Una estrategia habitual de Sánchez con los problemas importantes es llevar la carencia de entendimiento al nivel más conflictivo posible, evitando así que el gobierno se moje adoptando soluciones concretas. Lo está haciendo con la cuestión de la inmigración y puede repetirlo con el tema de la financiación. Las ventajas son claras: Illa sería presidente, no habría acuerdo bilateral con Catalunya para la financiación y la culpa sería del PP. Todo serían beneficios, incluso para los populares, que podrían levantar la bandera del conflicto entre las autonomías con Catalunya.
Montero y la financiación singular
La pretensión de la ministra Montero de hacer posible una financiación singular para todos, que Mas-Colell parece defender, es un viaje muy caótico. Es raro que un académico con experiencia de gobierno crea que esto es posible sin crear un gran desorden en la administración, que chocaría con la oposición frontal de los cuerpos del Estado. La discusión sobre si es un concierto o financiación singular no tiene mucho sentido. Lo que sí podría ser, en el mejor de los casos, es el famoso pacto fiscal.
El pacto fiscal
Este acuerdo no será un concierto porque estas características están referidas sólo a País Vasco y Navarra, que tienen potestad normativa tributaria propia. Este punto marca la diferencia. Puede haber otros, dependiendo de cómo se concrete.
Por ejemplo, el concierto se basa en la cuota (cupo) con la que se pagan al estado los servicios que presta, pero mientras, en el acuerdo con ERC esta aportación se regula cada año y en el concierto se pacta por períodos.
Es muy posible que, si se lleva a cabo, acabe con una agencia tributaria única en la que también esté presente la administración central. Entonces, estaríamos en la propuesta del PSC que forma parte del Estatut.
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