Lo más positivo del acuerdo
Lo más positivo del acuerdo alcanzado por el PP y el gobierno Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial es el pacto en sí mismo. La paralización de los nombramientos a consecuencia de la represalia adoptada por el gobierno de impedirlos legalmente como un elemento de presión para conseguir la renovación, ha llevado a la justicia española a una situación límite o incluso más allá. De hecho, la administración de justicia ya sufría y sufre profundos problemas que ese pacto no va a resolver. El país se ha acostumbrado a funcionar con esta tercera pata del estado de derecho en una situación muy deficiente, lo que es muy negativo.
Cambios en el sistema de elección
Además, existe un acuerdo para cambiar el sistema de elección. En principio, si se realiza, será la última vez que los miembros del CGPJ son elegidos por los dos partidos mayoritarios. Sin embargo, hay que decir que el acuerdo no tiene una clara garantía de cumplirse. El pacto consiste en que el nuevo Consejo elaborará una propuesta que será presentada al gobierno, al Congreso y al Senado para ser transformada en ley. A partir de ahí, entrará en una nueva fase en la que los jueces elegirían a sus representantes sin intromisiones de los partidos. Esto será dentro de seis meses, y habrá que ver si ese compromiso llega a buen puerto o fracasa como otros.
Nuevo CGPJ y la representación territorial
En todo caso, lo que sí es cierto es que existe un nuevo CGPJ acordado por ambos partidos. Por la parte de los jueces hay 7 miembros que pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura, por 3 de Jueces por la Democracia, que es la organización minoritaria favorable al gobierno. De estos 3 jueces progubernamentales, 2, Carlos Hugo Preciado y José María Fernández, son jueces en Barcelona. Si se le añade Lucía Avilés, magistrada del juzgado de lo penal de Mataró y experta en violencia de género, resulta que la circunscripción de Barcelona es la que aporta un mayor número de miembros de signo gubernamental.
En esta ocasión, a diferencia de los casos precedentes, en el CGPJ no habrá nadie cercano a las filas de los partidos nacionalistas, ni vascos ni catalanes. En este sentido, el peso extraordinario de los diputados de este signo en el congreso, de los que depende la mayoría del gobierno, una vez más no tienen traducción en las correlaciones de gobierno que se originan en ámbitos del estado.
Según La Vanguardia, los jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) son 5, por tanto, entre los medios de comunicación no existe un criterio compartido de qué es uno y de qué es el otro. Sin embargo, el resultado parece muy equilibrado, si bien siguen presentes magistrados de trayectoria política muy clara. Es el caso de Inés María Herreros, fiscal de derechos humanos y de memoria democrática, exportavoz de la Unión Progresista de Fiscales y estrecha colaboradora de la anterior fiscal general del estado, Dolores Delgado. También es el caso de Bernardo Fernández, ex vicepresidente del Principado de Asturias con el PSOE, o Ricardo Bodas, un magistrado jubilado del Tribunal Supremo que fue director general con Zapatero.
Nuevas medidas para la independencia judicial
El pacto incorpora novedades interesantes que aliviarán en el futuro la condición política de los miembros del Consejo. Por ejemplo, establece que los jueces o magistrados no puedan reingresar en el servicio activo hasta dos años después de haber dejado el cargo político que había determinado que dispusieran de una excedencia voluntaria. También se establece la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del estado, lo que no deja de ser una desautorización en toda regla al nombramiento que Sánchez hizo de Dolores Delgado. Además, se señala que tendrán que pasar 3 años como mínimo fuera de un cargo público para poder ostentar esa condición. Existen exigencias de profesionalidad como que el magistrado del Supremo debe tener una carrera profesional de 5 años.
Elección del presidente
Por primera vez, y eso también es positivo, los partidos no han acordado quién será el presidente, y serán los mismos vocales quienes lo elegirán.
En todo caso, el acuerdo muestra las contradicciones y debilidades constitucionales y del estado de derecho de España. Se ha firmado en Bruselas y no en Las Cortes. Lo han protagonizado dos dirigentes políticos de la oposición y del gobierno, cuando preceptivamente era una función que debían haber llevado a cabo en el Congreso con sus representantes y en el Senado, dirigido en ambos casos por sus respectivos presidentes. La partitocracia se ha apoderado de todo e, incluso cuando se llegan a acuerdos necesarios, lo hacen bajo este vicio de las cuotas de partido.
Es llamativo que si los criterios que figuran en el acuerdo se hubieran aplicado en la renovación del Tribunal Constitucional, con toda certeza su composición sería muy diferente porque ni el presidente del Tribunal, el antiguo fiscal general del estado , ni el ministro de Justicia, ni los magistrados del TC que proceden directamente de cargos gubernamentales tendrían lugar.
También llama la atención que la fotografía del pacto de Bolaños y González Pons firmando el acuerdo sentados en una mesa esté enmarcada por la imagen tutelada de la vicepresidenta europea, Věra Jourová, que de pie, detrás suyo, parece vigilarles.
