En un Congreso que supera todos los límites de crispación, con insultos y descalificaciones de “traidor” y “corrupto”, por un lado, y “neonazi” y “neofascista”, por otro, se escenificaba este 30 de mayo la existencia de dos Españas que parece que no tengan nada en común y muy en contra la una de la otra, si bien parece, solo lo parece, que la realidad de la calle es otra. Se estaba aprobando la ley de la amnistía.
El enfrentamiento y crisis institucional es total
El Senado contra el Congreso y este descalificante en la Cámara Alta. Fiscales del Supremo contra el fiscal general del estado y viceversa. Letrados en un bando y en otro con posiciones contrapuestas.
La gravedad de la situación rezumaba en el editorial del ABC del 31 de mayo. Este diario monárquico escribía: «Esta ley es, sobre todo, una ley injusta que nuestro rey no puede firmar«. Es algo insólito. El medio que defiende la monarquía a capa y espada, y que nació para este fin, el ABC, situaba ante el rey la exigencia de que no firmara la amnistía. Lo que daría pie a una crisis terminal para la propia monarquía. Hasta ese nivel llega el enfrentamiento.
En ese contexto tan dramático, el presidente del gobierno no estuvo presente en todo el debate y llegó solo en el momento de la votación. Es una desconsideración y un desdén extraordinario hacia la institución parlamentaria. Si bien es necesario añadir que no es la primera vez que lo hace. En realidad no ha estado presente en ninguno de los debates previos sobre la ley de amnistía. Seguramente por no sufrir la contradicción que le recuerda sus palabras literales antes de las últimas elecciones, en las que negaba toda posibilidad a la amnistía.
¡Qué paradoja! Los diputados socialistas fueron elegidos contra la amnistía y ahora la aprueban con grandes aplausos. ¿Puede soportar impunemente el sistema político, la democracia, estos retorcimientos?
El gobierno, por boca de Bolaños, un ministro de Justicia que no acaba de llenar el escenario que le corresponde en su misión y que suple la carencia con un alud de consignas, reiteraba ayer que la ley tiene el visto bueno de la Comisión de Venecia, una instancia jurídica asesora del Consejo de Europa. Pero esto, como en tantas otras cosas, no responde a la realidad porque lo cierto es que la Comisión de Venecia dio el visto bueno a una idea general de la amnistía y fijó, al mismo tiempo, las circunstancias y criterios que debía cumplir.
Uno fundamental, según la Comisión, era que estuviera avalada por un amplio consenso, precisamente para evitar que una ley de este tipo fuera utilizada por intereses partidistas aprovechando mayorías coyunturales. Y ese es el caso, 177 votos a favor y 172 en contra. No se pueden aprobar con estos márgenes leyes de esa naturaleza. Porque esto es imponer “trágalas” al 50%.
Sánchez aduce la pacificación de Catalunya. Sería más adecuado hablar de fatiga y desánimo por parte de unos y otros. Y está por ver si la amnistía no vuelve a insuflar aire al independentismo, entre otras razones por las que apuntaron ayer Míriam Nogueras, celebrando el éxito que había alcanzado el independentismo y señalando que era el primer paso hacia la independencia, y Rufián, apuntando que era la primera victoria contra el régimen del 78. También puede darle vida por la evidente razón de que con la nueva legislación, un nuevo proceso tendría mucha más impunidad jurídica y sanciones mucho más leves.
La realidad es que la división se ha trasladado a España, que el independentismo no considera el resultado como una reconciliación sino como una victoria cuyo segundo objetivo es el referéndum. Significa un cuestionamiento de la administración de justicia y su crisis a todos los niveles.
Y, por último, la liquidación del consenso como mecanismo político para las grandes cuestiones y su sustitución por el voto de una mayoría modesta. La colaboración entre ambos grandes partidos políticos del estado es más imposible que nunca. La cuestión de fondo, la hipótesis, es si es así, ¿por qué ya no hay un estado común sobre el que consensuar?
