Es terrible, pero las imágenes servidas directamente por los servicios de comunicación de la Moncloa -porque ningún medio de comunicación fue invitado- de la visita de Sánchez al Valle de los Caídos, expresan bien la realidad española.
Estas imágenes gráficas, Sánchez acompañado del ministro de la Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por cierto afectado por el caso Koldo, resultan tétricas. Sánchez y sus acompañantes, vestidos con monos blancos, en una especie de gran sala de hormigón gris, se veían acompañados de mesas metálicas en las que se podían observar calaveras, mandíbulas, tibias, fémures, y otros restos humanos. Más bien parecía un escenario de película de terror. Pero no, era la carta de presentación del líder socialista y el signo de que había comenzado su campaña electoral utilizando un arma bien conocida por él, el de la memoria histórica, convertida en la revitalización de una España de dos bandos sembrada de cadáveres. En los que hay, por un lado, él y sus seguidores y, por otro, la fachoesfera, con todos los que no se llevan bien con sus puntos de vista.
Quizás sí que rodearse y utilizar como arma electoral los pobres restos humanos de una guerra fratricida le funcione para captar votos, pero en todo caso es una forma incivilizada de empezar, insólita en Europa, propia del Tercer Mundo y muy indicativa de una mentalidad que recupera como arma política el vicio histórico de dos Españas enfrentadas y mortalmente irreconciliables. Es la destrucción definitiva del gran capital acumulado por la transición y sustitución por el cainismo de la calavera, que pasa a ser la enseña de la política española entendida según Sánchez.
A esta característica se le añade una segunda. La cultura del sin perdón. Es sabido que la presunción de inocencia es una condición necesaria del estado de derecho. Nadie es culpable si no se demuestra lo contrario. Pero esa condición necesaria ya no existe en España. Basta, no ya con una imputación, cuya certeza deberá resolverse en un juicio, sino que es suficiente con el anunciado de un medio de comunicación, para que la sentencia de culpabilidad ya sea efectiva.
Esta mentalidad la han fomentado algunas leyes desde el feminismo de la lucha de géneros en las que el hombre es culpable de entrada, o la ley trans y sobre personas homosexuales que formalizan la inversión de la carga de la prueba; es decir, si un trans o un homosexual acusa a alguien, es este último quien deberá demostrar su inocencia y no el acusador. Todo esto determina un estado terrible de cosas.
Todo el mundo, especialmente en política y en medios de comunicación y en las tertulias cada vez más cainitas, se dedican a buscar culpables, señalarlos y perseguirlos. Se trata de arruinarles la vida. En realidad, estamos en una de las diversas consecuencias de una sociedad que ha perdido su cultura cristiana, en la que el perdón va por delante, siendo sustituido por el instinto que existe desde el inicio de los tiempos, como narra la Biblia: Caín siempre quiere matar a Abel. Hemos perdido todo fundamento de civilidad. Hace años que se empuja en esta línea, en la que la cultura woke y la de la cancelación la han fomentado, pero sobre todo es en este período Sánchez cuando esa perversión democrática y humana ha alcanzado la máxima escala.
Calaveras, y sin perdón. Y todavía falta el tercer elemento que caracteriza hoy nuestro escenario, la depredación fiscal, que castiga sobre todo a las clases medias, a aquellas personas que ingresan entre 21.000 y 54.000 euros, que son los más castigados por la presión fiscal, que en el período del gobierno Sánchez ha crecido de forma extraordinaria. De hecho, es el tercero de Europa donde más ha aumentado, como ya explicaban en otro punto clave.
Si a esta presión fiscal se le añade la inflación, que es otro impuesto, y la carencia de ayudas a familias con hijos, el drama para los hogares que aparentemente tienen unos buenos ingresos, está servido. Cada vez tenemos un gobierno más rico y unos ciudadanos con los bolsillos más vacíos.
Esta campaña, hacienda prevé recaudar un 12% más, pero devolverá un 1,8% menos. Difícil de entender. En el 2018 la diferencia entre lo recaudado y lo devuelto fue del orden de 1.000 millones. Hoy hacienda prevé que será de casi 8.000 millones. Recaudarán sobre 19.000 millones de euros y devolverán 11.650 millones. Y esto significa otro abuso. Los ciudadanos actuamos como prestatarios de la hacienda pública española. Pagamos más de lo que toca, nos guardan el dinero sin intereses y nos lo devuelven al cabo de un tiempo. Es un gran negocio y abuso intolerable. Como lo es que los mecanismos para detectar el fraude fiscal estén orientados a las declaraciones de renta medias y pequeñas en lugar de apuntar a las grandes fortunas. El gobierno, que dice que se alza contra los ricos para proteger a los pobres, no deja de ser una caricatura carnavalesca de Robin Hood.
Lo dicho, calaveras, sin perdón, depredación fiscal. Éste es el escenario de la actual política gubernamental española.