El próximo presidente de la Generalitat se encontrará con, como mínimo, 11 pesadas herencias, en parte, producto de la acumulación de problemas que el período Aragonès no habrá aligerado y, en parte, problemas generados por su propia gestión:
- Incumplimiento del plan de obras para el aprovisionamiento y tratamiento de aguas que se estableció después de la sequía de 2018.
- El derrumbe de la enseñanza que el último informe PISA sitúa en el peor de los estadios y la falta de una mínima respuesta satisfactoria dada la dimensión del derrumbe.
- El grave pecado de haber politizado a los Mossos. Lo ha hecho a través del conseller Elena con su absurda «feminización» que ha debilitado la calidad de los mandos intermedios y, por extensión, al conjunto de la policía. Y politización también por arriba, abriendo justo antes de las elecciones un proceso para nombrar segundo mayor de los Mossos, pensado para que sea ocupado por el actual responsable, Sallent que carece de esta categoría. Esta forma de proceder ha creado malestar como ya ocurrió con la convocatoria para sargento en el seno de la policía. En definitiva, lo que trata Aragonés en este último caso es de situar a un hombre de confianza en una convocatoria para nombrar al segundo mayor en libre designación, que no tiene otra finalidad “que corregir la anomalía de tener un responsable del cuerpo que no tiene la máxima categoría profesional”.
- El paro de la opción sobre cuál debe ser el futuro del aeropuerto de Barcelona.
- El paro del abastecimiento de energía eléctrica procedente de Aragón, lo que pone en riesgo la capacidad para atender demandas futuras, un hecho que, unido a la baja tasa de instalaciones de energías renovables, señala un cuello de botella estratégico para el futuro desarrollo.
- El colapso permanente de la AP7, que sigue sin tener una solución satisfactoria y que ha alterado profundamente la movilidad y sus costes del eje viario principal de Cataluña.
- La situación de las prisiones, que finalmente ha estallado y que tiene un problema añadido que es cuestionar el modelo catalán muy basado en la reinserción, que necesita como contrapartida disponer de recursos humanos suficientes y de medidas disciplinarias adecuadas para evitar que el proceso de reinserción se vea cuestionado por hechos como el del asesinato de la cocinera en la prisión de Tarragona y, especialmente, el continuado incremento de agresiones contra los funcionarios responsables.
- El derroche sistémico de dinero de TV3 y por extensión de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). El nuevo acuerdo, también llevado a cabo antes de las elecciones, significará un compromiso de aportar 1.347 millones de euros en 4 años a condiciones que han sido señaladas críticamente por el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), advirtiendo sobre la falta de claridad y proporcionalidad de las aportaciones presupuestarias y la falta de concreción en los objetivos y actividades “de carácter prestacional específicas”.
- Una administración que no funciona. Aragonès deja como herencia la acumulación de una bola de nieve que ha ido creciendo a lo largo de los años sin remediarla. Una administración de la Generalitat que en su inicio se quería nueva, fresca y eficaz, y que en realidad hoy es una de las más envejecidas de España y presenta serias deficiencias en su funcionamiento interno y en la atención al ciudadano, que no han encontrado respuesta en el gobierno.
- La muy elevada fiscalidad específica de Cataluña, acentuada por el fenómeno de la inflación, y que el gobierno Aragonès no ha querido en ningún caso resolver. Desde la pesada carga fiscal en los tramos autonómicos del IRPF hasta el carácter depredador del impuesto de sucesiones, que está obligando en muchos casos a que los herederos tengan que renunciar a los bienes heredados porque no pueden satisfacer a la Hacienda catalana. Todo ello constituye un maltrato que el nuevo gobierno debe enmendar con urgencia.
- Haber malversado el peso decisivo de los diputados de ERC en la estabilidad del gobierno Sánchez. La larga lista de cuestiones vitales que no han sido abordadas, o que si lo han sido no se han resuelto, es larguísima. De hecho, declaraciones al margen de que nadie ya se toma en serio, ERC se ha ido comportando en relación con el gobierno español más como un aliado incondicional que como un sujeto independiente celoso de sus prerrogativas y dispuesto a utilizarlas para satisfacer las necesidades de Cataluña.
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