Ayer martes 30 de enero, apareció un cisne negro en el Congreso de los diputados. Nadie esperaba que el proyecto de ley de amnistía fuera tumbado precisamente por los que más la habían impulsado: JxCat. Su voto, unido al de la oposición, hizo imposible lo que Sánchez deseaba, que la ley desapareciera rápidamente del escenario polític. .
En esa decisión imprevista de Puigdemont han pesado tres factores. El primero, evidentemente, es que ahora el texto no ofrece suficientes garantías para todos los supuestos, dadas las iniciativas judiciales de intentar incorporar el terrorismo, por un lado, y la traición, por otro, en el listado de delitos cometidos. También fue una ocasión para mostrarle a Sánchez su dependencia y, por tanto, un aviso de cara al futuro. Finalmente, les servía para poner en evidencia a ERC ante el electorado independentista, presentando a esta fuerza como aquellos que siempre acaban pactando lo que sea; más como aliados incondicionales de Sánchez que como defensores de la independencia. En el escenario de ayer el papel de Junqueras, líder de ERC, y de la recién ascendida vicepresidenta del gobierno catalán, Laura Vilagrà, fue galdoso porque acudieron a celebrar un triunfo y se encontraron que, en realidad, les levantaban la camisa.
Sin embargo, es importante subrayar que lo ocurrido no significa una ruptura entre el PSOE y JxCat. Una cosa es transformar el Congreso en un infierno por cada iniciativa del gobierno español y otra muy diferente ir a elecciones, algo difícil además porque la coalición que gobierna Sánchez es de goma y está dispuesta a asumir cuantas contradicciones y renuncias sean necesarias mientras los botones del poder del estado estén en sus manos. Véase si no el papel que está desarrollando el gobierno español al negarse a apoyar la iniciativa por la libertad de navegación en el Mar Rojo, que ha abierto muchos interrogantes en su solidez como aliado fiable del bloque occidental encabezado por EEUU. Pero Sánchez sabe que su coalición no soportaría una prueba de este estrés y que se vería en la necesidad de aprobar la autorización para la nueva misión internacional con los votos del PP. Un coste inasumible por su política de polarización y muros.
Es evidente, que no estamos ante el fin de la ley. Sencillamente ésta volverá a la comisión y se reiniciará el proceso de debate y negociación hasta que se resuelva y se presente un nuevo texto en el plenario del Congreso. La cuestión clave aquí es que Sánchez tendrá que ceder en algún aspecto porque es evidente que Junts no puede permitirse votar afirmativamente un texto que ha rechazado antes. La ingeniería jurídica debe entrar necesariamente en juego y veremos qué maravillas nos ofrece.
Lo que sí ocurre es que los plazos se dilatan. Nada de una aprobación rápida como quería el presidente para dejar atrás una cuestión que tiene un coste político e institucional importante. Ahora vuelve a empezar todo el proceso, comisión, plenario, y si sale vivo el texto legal pasará al Senado, donde con mucha certeza permanecerá dos meses, que es el plazo máximo que tiene la segunda cámara para dictaminar una ley. Total, nos situamos en avanzada la primavera, en el mejor de los casos.
Por tanto, el PSOE irá a las elecciones en Galicia con el debate de la ley de amnistía bien vivo. ¿Qué peso puede tener sobre su electorado? No hay datos para decirlo. Pero de lo que sí se puede tener la certeza absoluta es que en modo alguno le sumará votos, Es una carta más para los populares que tienen en la batalla gallega más que perder que ganar.
En el mientras tanto, los jueces seguirán funcionando. García Castejón con su intento de demostrar que Tsunami es una organización terrorista que implica a Puigdemont, más un añadido importante, el del juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que ha prolongado su causa sobre la injerencia de Rusia en el proceso catalán por otros 6 meses, pero sobre todo le ha dado una dimensión que no tenía. Ahora se presenta con la aparente certeza de que se trata de una agresión, no ya contra la democracia española, sino dirigida a la desestabilización de Europa.
Llama la atención que Aguirre hiciera, el mismo día que declaraba la prórroga de plazos y la vuelta antes del debate sobre la amnistía en el Congreso, unas declaraciones a la cadena pública de televisión alemana ARD en el marco de un programa más amplio dedicado a la estrategia de desinformación impulsada por Rusia. Si bien no está prohibido, es insólito que un magistrado hable ante las cámaras cuya causa está viva y que depende de su instrucción, porque da pie a pedir su recusación acusándole de no ser suficientemente neutral. Y por las declaraciones que formuló ese juicio tendría fundamentos.
Sea como fuere, lo que era casi una anécdota conocida, el papel de Rusia, ha tomado una dimensión extraordinaria al convertirlo en la instrucción de un delito por traición, que también dejaría, como el de terrorismo, a Puigdemont fuera de la amnistía.
Continuará…