¿Será la contrapartida amnistía media cortina de humo y una enredada más de Sánchez a los independentistas ilusionados?
La razón es muy sencilla de explicar:
La aprobación de la ley es una condición necesaria, pero ni mucho menos garantiza los resultados. Y en este sentido existe un hecho sintomático: el gobierno ha introducido una disposición en un decreto ley en la que señala que si algún juez presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, la norma quedará suspendida hasta que sea respuesta por esa instancia, y esto significa unos 2 años de espera.
¿Significa una novedad esta disposición que ahora hace el gobierno? La respuesta es que sí y no. Y esa da pie a una nueva pregunta: ¿por qué ahora introduce esa precisión? Hasta el momento presente si un tribunal, un juzgado, está considerando una causa y entiende que puede vulnerar aspectos jurídicos de la UE, puede elevar -no tiene obligación- la cuestión al TJUE y, en este caso, el procedimiento queda paralizado . El interrogante planea cuando es un órgano judicial distinto al que está llevando aquella cuestión, pero el que tiene una relación colateral que hace la misma cuestión prejudicial. En ese segundo caso, no es tan evidente que la causa quede paralizada. La razón es evidente: no se debe continuar una tramitación de un proceso que puede quedar en nada cuando lo resuelva el TJUE. Ahora, cuando quien lo plantea no es un juez o un tribunal que está llevando directamente a cabo la cuestión, la consulta no quedaba claro que paralizara la aplicación de la ley.
Por ejemplo, el Supremo parece rechazar ir por la vía del TC, que es lento y no inspira confianza a nadie, y acudir a Europa. ¿Suspendía esta cuestión la aplicación de la amnistía durante la tramitación europea? Ahora, con el nuevo decreto del gobierno sí que lo hará sin lugar a dudas. Por tanto, lo más probable es que los casos de Puigdemont, Junqueras, de los acusados de terrorismo por García-Castellón se encuentren que la amnistía no se les aplica porque queda suspendida hasta que la justicia europea resuelva, un plazo que si no se acelera oscila normalmente en aquellos 2 años.
Más inofensivo será el recurso de inconstitucionalidad del PP porque no detiene la aplicación de la ley y porque el TC, además de que en su actual composición tiende a dar siempre la razón al gobierno, puede tardar de 5 a 10 años en resolver el caso. Esta realidad trae otra consideración muy grave: la vía constitucional se ha convertido en una vía muerta. Y la pregunta es: ¿por qué no logran tener al menos la misma diligencia que los europeos.
En cualquier caso, sea como sea, en relación con la amnistía y sus efectos queda mucha tela por cortar a causa de la justicia.
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