El pasado domingo 17 de diciembre, El País publicó un reportaje a doble página “Abusos y pederastia en el deporte. 1.000 víctimas en dos décadas ” donde por primera vez ampliaba el foco para explicar que el fenómeno de la pederastia está extendido, como en este caso, en el mundo del deporte.
Sin embargo, los datos que aporta son muy frágiles. El propio diario reconoce que enviaron 152 cuestionarios a otras tantas instituciones deportivas interesándose sobre esa cuestión y los abusos a todos los efectos. Después, dice el diario, de dejar pasar más de un mes sólo han contestado 52 entidades, es decir, una tercera parte del total. Pero en realidad lo que han obtenido es mucho menos, porque 8 son respuestas incompletas. Sólo 17 admiten conocimiento de casos. Poco más del 10% del total.
Por su parte, el diario, sin explicar las fuentes, dice indagar y reunir 187 casos, que representan a 1.055 víctimas. También es muy poco porque se refiere a dos décadas. Llama la atención el elevado número de víctimas en caso de que revelaría una notabilísima impunidad.
Que una vez más los datos recogidos por El País no expresan la realidad lo señala el hecho de que la mayoría de las víctimas contabilizadas, un 63%, son hombres, cuando se sabe perfectamente por otras fuentes y por las estadísticas de denuncias formuladas, que la inmensa mayoría son chicas menores de edad.
Por ejemplo, el estudio de Save the Children de octubre de 2023 a partir del análisis de 389 sentencias judiciales de casos de abusos sexuales que representan a 478 víctimas del período 2021-2022, establece que el 80% son chicas y adolescentes. Si sólo con un primer vistazo El País ya han encontrado más de 1.000 víctimas que afectan a dos décadas, todavía resulta más escandaloso que se hayan dedicado durante más de 5 años a los casos de la iglesia, poco más de 500, a pesar de que se remontaban a más de medio siglo y el 30% eran previos a 1970.
Pero, en todo caso, el reportaje de El País tiene la virtud de señalar que la pederastia afecta a muchos ámbitos, de los que los atribuidos a la iglesia sólo representan entre el 0,2 y el 1,1% del total, según las fuentes. En otros términos, un 99% o más quedan fuera del foco y, pese a este hecho, son desatendidos por la propia administración del Estado.
Un ejemplo paradigmático es el propio Defensor del Pueblo que ahora ha elaborado un informe de la pederastia limitado sólo a personas de la Iglesia católica, algo insólito en el mundo, pero durante todos los años que fue ministro de educación, pese a disponer de datos, el mismo gobierno que señalaban los abusos sexuales a menores que estaban extendidos en el ámbito educativo, no hizo absolutamente nada.
Para dar una idea de la importancia, nada mejor que contemplar las denuncias sobre abusos sexuales a menores. Es evidente que una denuncia no significa la existencia efectiva de un delito, pero también es evidente que en el caso particular de los menores no se denuncian ni mucho menos todos los casos.
Las cifras son estas: en el 2019 se produjeron 6.153 denuncias, en el 2020, pese a la parálisis obligada provocada por la covid, se hicieron efectivas 5.685 denuncias. Al año siguiente se produjo un salto astronómico alcanzando las 8.317, cifra que prácticamente se ha mantenido en 2022 con 8.337 denuncias, si bien con una diferencia significativa porque lo que sí ha crecido de forma extraordinaria son las denuncias por violencia sexual. Como es sabido, la diferencia entre una y otra no es menor. En el abuso existe una acción sexual de toque en la que no ha habido consentimiento. Mientras que en la agresión existe el uso deliberado de la violencia o la intimidación para llevar a cabo aquella práctica sexual. Pues bien, la fiscalía en su informe sobre 2022 señaló un «preocupante aumento del 45% de las agresiones sexuales a menores». Muy por encima del incremento que también registraron las agresiones sexuales respecto a los adultos, que habían crecido un 31,5%.
A todo ello se le añade, según señala el informe de Save the Children, la existencia de un marco inadecuado en lo que respecta a la justicia para este tipo de delitos, a la vez que se multiplican los retrasos y casos en los que no se puede probar la culpabilidad. El número de casos que no se han resuelto también se han multiplicado y contrasta con el hecho en relación a la violencia sexual con adultos en la que el nivel de resolución es muy alto.
En realidad lo que hay es una ocultación por parte del gobierno de este problema, que afecta, por un lado, a ámbitos directos de su responsabilidad y, por otro, al de las familias y su entorno. No existen estadísticas adecuadas, ni los servicios policiales están bien preparados, ni son bien atendidos los niños víctimas del abuso, ni el sistema judicial tiene capacidad para actuar de forma diligente y al mismo tiempo protectora del niño. Todo esto es una grave injusticia que contrasta con la gran atención que se dedica a la violencia sexual entre los adultos.
