La famosa pregunta de Josep Pla “¿Y esto quién lo paga?” cuando llegaba por mar a Nueva York y veía deslumbrado la luminaria nocturna de la ciudad, es de clara aplicación al discurso de investidura de Sánchez y a sus prolegómenos, que no son otros que los acuerdos establecidos con Sumar y el conjunto de partidos independentistas de Cataluña, País Vasco y Galicia.
Alguna instancia independiente y rigurosa debería poner negro sobre blanco al coste de estos pactos y añadir los que planteó ayer que, sin ser extraordinarios, se añaden a una larga lista de compromisos en un escenario fiscal y financiero que más bien debería empezar a ser restrictivo si se quieren cumplir los compromisos con la UE.
Sánchez se comprometió a mantener y ampliar el transporte público gratuito para menores, jóvenes y parados. Sin mayores precisiones, prorrogar las rebajas del IVA hasta junio, mejorar el bonus joven para el alquiler, que ahora tiene una dotación de 250 euros mensuales, y elevar el umbral de renta de los que pueden acogerse, hasta los 38.000 euros. Con todo, la mayor promesa es la de disponer de 183.000 viviendas destinadas a alquiler social y asequible. Una cifra tan voluminosa que en breve necesitaría un calendario para resultar creíble.
También se comprometió a crear un fondo para indemnizar a las víctimas de la pederastia, se entiende que a todas, y apuntó que ese delito contemplaría también los casos históricos y prescritos. Claro que lo decía referido a la Iglesia, pero no se entendería ni seguramente sería constitucional que esta condición no se extendiera a todas las víctimas, porque, recordémoslo, según el mismo informe del Defensor del Pueblo sólo un 0, 6% de los casos guardan relación con la Iglesia y, por tanto, el 99,4% restante tienen otros orígenes: una parte 15 veces mayor que la eclesial relacionado con la escuela, sobre todo pública, y los ámbitos de la administración relacionados con los niños y adolescentes. En consecuencia, si esto va en serio, indemnizar a tanta gente, indemnizar a todas las víctimas, significará una fortuna muy importante.
También se comprometió a que hubiera atención de salud mental para todos y un plan radical para reducir las listas de espera de la sanidad. Asimismo se comprometió a que las ayudas por la dependencia tendrían un plazo máximo de 30 días. Ahora todo habrá que ver cómo se concreta.
Está claro que mientras ERC y Junts le apoyen, estos otros posibles incumplimientos no tendrán repercusión. Sin embargo, existe una variable independiente que se llama UP que si bien forma parte del pacto, ya se ha autoexcluido de Sumar e irá por libre. Esta variable se moverá en una doble tensión. La de hacer cumplir los acuerdos y seguir tocando poder, que perdería si rompiera con Sánchez, lo que provocaría una convulsión extraordinaria porque automáticamente el presidente del gobierno se quedaría sin la mayoría necesaria.
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