La crisis de las instituciones españolas se viene produciendo desde hace unos años porque arrastra vicios de origen, pero sobre todo porque el supremacismo del ejecutivo sobre los demás poderes que ha impreso Sánchez lo ha acentuado. Y ahora con todo el revuelo de la amnistía ha acabado por estallar.
El texto de la ley lo ha acentuado. Las portadas de los periódicos son explícitas. Si se observan las portadas de los 19 primeros diarios de España, se constata una insólita unanimidad, salvo los más descaradamente gubernamentales, El País, La Vanguardia y El Periódico, todos los demás titulan de forma similar: la amnistía borra todos los delitos y sanciones del proceso. La portada más extrema es la del ABC en la que sitúa su editorial bajo el título de “No debemos”. Mientras que El País, normalmente favorable, se pone bastante de perfil: Los socialistas registran en solitario la proposición de ley en el Congreso. Sánchez alumbra a la amnistía”. Como viene siendo común, La Vanguardia es la que se muestra más favorable, pero sin excesos.
Esta insólita unanimidad de un gran malestar tiene su traducción en la exacerbación de la crisis institucional. El Congreso, sede del poder legislativo y representativo de la voluntad general, ha quedado reducido a los dictados de la mayoría. Se activa o desactiva en función de lo que indica Sánchez desde la Moncloa. Y la actual presidenta, Francina Armengol, ha demostrado desde el principio que no está allí para ejercer como una autoridad arbitral sino como simple delegada de Sánchez. Hasta el extremo de que en su última comparecencia en los medios de comunicación y en ejercicio de su cargo, descalificó a los partidos de la oposición y las manifestaciones.
Todo lo decisivo, como los tiempos y el orden de las cuestiones a tratar, está sujeto estrictamente a los intereses del partido. Pero nadie puede extrañarse ahora de este exceso porque es consecuencia de un proceso acumulativo que el propio PP ha asumido. Por ejemplo, en la anterior legislatura, en 2022, el Congreso aprobó una proposición no de ley por iniciativa socialista y del PNV haciendo un encargo insólito al Defensor del Pueblo para que indagara el delito de pederastia, pero sólo limitado a la Iglesia y a las escuelas católicas. No existe ningún país del mundo que haya procedido así. Y es un caso flagrante de discriminación, prohibido por la Constitución, como señalaba en su informe al respecto el vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay. Lo que está pasando no es más que el aumento de velocidad de la degradación de la institución parlamentaria.
El Consejo General del Poder Judicial, otra institución básica, no se ha renovado y esto permite al PSOE una crítica importante por la falta de voluntad del PP de llevarlo a cabo. Está claro que hay que decir que después de lo ocurrido con la renovación del TC, que sí pactaron, y el escándalo de buena parte de sus recientes sentencias, no generan demasiado entusiasmo para hacer cumplir la letra de la ley.
Pero es que además la negociación para acordar los nombramientos del TC no corresponde ni al gobierno ni al partido de la oposición y cuando así se hace se está obviando la legalidad. En realidad es una iniciativa que corresponde a los presidentes del Congreso y del Senado, y cabe recordar que en ningún momento Meritxell Batet, la anterior presidenta del Congreso, adoptó iniciativa alguna invitando a negociar un acuerdo al presidente del Senado que también era socialista. Aquí había ya una grave deformación institucional al otorgar a Sánchez y al partido de la oposición unas facultades que carecen.
Pero es que, además, el Congreso, a iniciativa del gobierno, ha legislado por dos veces sobre las capacidades del Consejo General del Poder Judicial. La primera por desnudarla de todas sus funciones, que es extraordinariamente insólito. Si en lugar de Sánchez, uno de los pocos dirigentes socialistas que quedan en Europa, esa misma acción hubiera sido realizada por los gobiernos de Polonia o Hungría, los gritos en la CE y su presidenta se habrían oído en Sidney. Pero para abusar de la arbitrariedad se hizo una segunda norma legal para exceptuar de ese vaciado de competencias, nombrar a los magistrados del TC porque como lo había pactado con los populares el gobierno podía tener mayoría. La degradación en ese ámbito es excepcional. Y hay que recordar que se trata de la tercera pata del equilibrio de los tres poderes que definen el estado de derecho.
La otra institución esencial, la presidencia del estado, es decir el rey, con la ley de la amnistía, queda absolutamente desautorizado porque sus intervenciones públicas en relación a grandes problemas del país van en cuentagotas. Cabe recordar que intervino con un discurso para las televisiones con toda la formalidad del mundo en los momentos más conflictivos del proceso, condenando los hechos que ahora han dejado de tener consideración colectiva y visto el texto del pacto entre el PSOE y JxCat, tienen una clara justificación histórica. Tenemos un jefe de estado con atribuciones mínimas y además cuando conviene, el gobierno le pasa por encima.
La crisis se extiende al Tribunal Supremo, que se manifiesta porque en definitiva es quien soportó el peso y espectáculo de las condenas. Ahora también queda desautorizado con la amnistía, pero además aún puede acentuarse la gravedad de la situación porque, si es previsible, el TC presidido por Conde Pumpido declara constitucional la ley por el clásico resultado de 7 a 4, el choque entre ambas instituciones será de las que hacen época.
Y así llegamos a la pieza culminante, que es el Tribunal Constitucional. Cabe recordar que uno de los componentes de la mayoría gubernamental, el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, autor del indulto, firmó el texto del mismo en el que declaraba explícitamente que la amnistía era inconstitucional. Esto fue obra de un gobierno Sánchez y ahora otro gobierno también de Sánchez quiere convencernos de lo contrario. El problema es que indudablemente Juan Carlos Campo no podrá pronunciarse al respecto porque ya está contaminado con una manifestación formal anterior. Todo esto es muy escandaloso.
La degradación que se ha producido y la crisis institucional que estalla, la lógica consecuencia de que las mismas personas que a lo largo de los meses y hasta julio declararon que de la amnistía ni hablar, ahora sobresalen en el discurso de considerarla necesaria y constitucional.
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