La clave del parón radica en una palabra inglesa “lawfare”. Esta concepción fue la que impidió el pasado jueves, cuando todo parecía hecho, que se escenificara el acuerdo entre los representantes socialistas y los independentistas de Junts. La razón era que la ley de amnistía, que por la tarde asumiría ERC, no contemplaba garantías suficientes para todos aquellos a los que Puigdemont considera afectados por el proceso y que entiende que van más allá de las fechas estrictas que lo enmarcan, sino que además deben contemplarse reacciones judiciales posteriores que vendrían a querer penalizar a personas destacadas del independentismo para debilitarlo y ejemplificar la extensión de las medidas para impedir que los hechos se repitan.
Y todo esto se resume con la idea de “lawfare”, que significa la utilización de las leyes y el sistema judicial para alcanzar objetivos políticos y económicos dirigidos a debilitar o neutralizar al oponente.
El lawfare toma diversas formas. Puede consistir en la presentación de demandas legales falsas o abusivas, que es la práctica más extendida de ese instrumento de guerra política y económica. También puede ser la utilización del sistema judicial para perseguir a opositores políticos e ideológicos. Y todavía existe una tercera modalidad, que no viene al caso, que es el uso del derecho internacional para atacar a un país o un gobierno.
El lawfare es una práctica cada vez más extendida en el mundo actual. Y España no es una excepción y se ha utilizado para atacar a partidos políticos y activistas. Seguramente es en Estados Unidos el lugar donde más recorrido tiene, pero en regímenes autoritarios o dictatoriales forma parte de la lógica del sistema, como ocurre en China, Venezuela y Cuba.
Puigdemont pretende que esta aplicación no sea posible contra los independentistas y que, por tanto, necesita garantías de que la ley de amnistía lo contemplará.
La pregunta del millón es: ¿Cuáles son los supuestos que debe incorporar la ley para cumplir con esta condición de Puigdemont dado que evidentemente no puede citar nombres de personas ni causas concretas, porque entonces se estaría entrando en el terreno del indulto general que, ese sí, está explícitamente prohibido por la Constitución.
Lo que no se sabe es qué causas y qué nombres tiene Puigdemont en la cabeza cuando plantea esta cuestión. Algunos parecen evidentes, como Josep Lluís Alaiy, jefe de su policía, también los de los afectados por el caso Volkhov, pero reina la incertidumbre sobre si también considera que son aplicaciones del “lawfare” las acusaciones contra Miquel Buch, exconsejero, Laura Borràs, condenada por corrupción, y aún más su abogado, Gonzalo Boye, que tiene cuentas con la justicia importantes por cuestiones que nada tienen que ver con el proceso. Todo esto no lo veremos hasta que la ley se haga pública, e incluso puede quedar oscuro el alcance de ésta.
En la medida en que se introduce este concepto, aumenta el segundo problema, que es el de la interpretación que los jueces harán de la ley porque en definitiva ellos son quienes deben aplicarla. Ya ha ocurrido con la reforma del Código Penal, cuando el Tribunal Supremo interpretó que el cambio legal en la malversación no era de aplicación para los afectados del 1-O. Y, por tanto, ahora podrían darse interpretaciones más o menos restrictivas del alcance. En la medida en que se apliquen “refinamientos” técnicos para dar cabida a todos los casos, más fácil es que los jueces, en concreto del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, planteen una cuestión de anticonstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y que cree un problema de fondo si la solución no es totalmente satisfactoria. Está claro que en este terreno el gobierno Sánchez juega con ventaja porque tiene una mayoría gubernamental muy descarada que no duda en aplicar el derecho creativo y la reinterpretación constitucional sin demasiados límites, pero, aun así, el gran disturbio que existe en el mundo de la judicatura es evidente que también presionará a este TC de parte.
Otra cuestión es el trato que darán a los policías. Si excluyen a algunos de ellos, como parece apuntarse desde el inicio, y, por otra parte, el ámbito del borrado de culpas por el proceso es muy amplio, se produciría aquí otro punto de conflicto. Incluso puede darse una interpretación de trato desigual que también podría ser acusada de inconstitucional. Los dos sindicatos más importantes en el ámbito policial, relacionados con la Guardia Civil y la Policía Nacional, han acordado ya movilizaciones de protesta por la amnistía esta misma semana.
Realmente, una parte importante del aparato del estado está en contra de ella y, eso sí, la única fuerza que parece mantener a Sánchez derecho es que sus votantes siguen fieles a él. La última encuesta de NC Report para La Razón señala que el 87,6% de los votantes del 23-J volverían a repetir su voto y como las pérdidas hacia el PP son moderadas, sólo un 3,1%, y las ganancias que registra en relación con los votos provenientes de Sumar el 15%, el PSOE podría quedar igual, perder a lo sumo 3 diputados o incluso ganar 1, según el abanico que da la encuesta.
Ésta es la principal fortaleza de Sánchez, que merece ser examinada con calma en otro momento. Naturalmente, estos cálculos están realizados sobre una participación del 66% que no es singularmente alta, pero es la que se produjo el 23-J. Una modificación de ese registro alteraría el resultado en una forma desconocida.
