No hace falta decir mucho más de las causas del escándalo del diputado socialista Tito Berni. Se publicaron kilogramos de papel y ocupó minutos y minutos de televisión.
Pero lo que llama seriamente la atención es la actitud del PSOE y del gobierno Sánchez. Si bien en un primer momento pareció que iban a llevar a cabo una reacción ejemplar, que empezaba con la expulsión del diputado del Congreso, a medida que han pasado los días y se acumulan los hechos el panorama se va enturbiando porque los procedimientos que denotan la voluntad de no aclarar lo sucedido implican además a la presidencia, a la mesa del Congreso y a la propia fiscalía.
Para empezar, el diputado, pese a la imputación, las pruebas y la existencia de lo que parece una trama organizada dirigida a obtener favores del estado, no se ha visto reflejada con la prisión preventiva. Ésta se aplica en este tipo de casos durante un plazo para evitar que el inculpado, al permanecer en libertad, pueda deshacerse de pruebas y trabajar para alterar testigos. Sorprendentemente, en esta ocasión la fiscalía ha denegado el ingreso en prisión, y como ésta es una facultad de esta instancia de la justicia, el juez no ha podido hacer otra cosa que quejarse, pero Tito Berni está circulando por donde quiere y cómo quiere.
Tampoco se ha efectuado ningún registro en su despacho del Congreso, aunque es público y notorio que utilizaba sus dependencias como un elemento convincente dirigido a impresionar a los empresarios que quería que ingresaran en la lista de quienes pagan por conseguir favores, siempre como es lógico supuestamente.
No ha sido hasta muy tarde que se ha autorizado a que la policía entrara en su despacho en el Parlamento, pero este hecho queda en nada porque durante las semanas que han pasado hasta producirse la intervención, el despacho no ha sido precintado por la comisaría del Congreso. Ni la presidenta, Meritxell Batet, ha pedido medida alguna en este sentido. Resultado: el despacho de Tito Berni ha podido entrar quien ha querido y modificar los contenidos informáticos y documentales de la forma que le ha parecido bien. Por tanto, es muy difícil a estas alturas de la película que de este punto fundamental de la trama la policía pueda extraer nada de utilidad.
Y por si fuera poco, el partido socialista se ha opuesto a la iniciativa del PP de constituir una comisión de investigación en el Congreso utilizando el mismo argumento que el PP inicialmente utiliza para intentar que le constituyen comisiones que le investiguen a él.
La razón es que el tema ya está siendo llevado por la justicia y no vale la pena el esfuerzo parlamentario. Pero claro, esta lógica que ahora aplica el partido del gobierno no la utiliza para los casos como Gürtel o Kitchen, pese al procedimiento judicial ha querido que se produjera la correspondiente comisión parlamentaria.
Lo más interesante del caso se convierte, sin embargo, en que los partidos “justicieros” de turno, es decir UP, ERC y Bildu, en esta ocasión han decidido gobernarse sus impulsos para depurar responsabilidades y asumir lo que quería el PSOE, que no se votara a favor de constituir la comisión por el caso Tito Berni.
Y todavía hay otra maniobra que se ha producido en el último momento, que es investigar, eso sí, el otro posible escándalo relacionado con la Guardia Civil y las obras en los cuarteles; pero está claro, en este caso no hay ningún dirigente socialista implicado. Los presuntos responsables serán en todo caso jefes de la Guardia Civil.
