Aunque España presenta un buen nivel de inflación general comparado con el conjunto de países de la zona euro, con un 7,3% cuando la media está situada en un 10,6%, en realidad la política llevada a cabo por el gobierno comporta uno importante fracaso en controlar la inflación que más afecta a las familias: la de los alimentos y las bebidas, que presentan una tasa que más que dobla la de la inflación general. Concretamente en octubre se ha situado en un incremento del 15,4%, lo que contribuye a deteriorar en gran medida las rentas de las personas, sobre todo las que tienen ingresos por debajo de la media, dado que como es bien sabido los salarios están creciendo a un ritmo muy inferior.
Este es el primer e importante fracaso del gobierno, el precio de los alimentos, porque además la previsión es que estos niveles de dos dígitos se mantengan durante meses.
Si a este hecho se le añaden los importantes incrementos de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades, tendremos un panorama microeconómico que nada tiene que ver con los valores de las magnitudes generales que se puedan manejar. Por tanto, la idea de que se ha controlado la inflación general conlleva una visión deformada de la realidad de cómo el incremento de los precios, alimentación y alquileres, afectan a la población.
¿Es algo inexorable? No. El gobierno podía haber adoptado, puede todavía, una medida clara y concreta: reducir el IVA de los alimentos a fin de conseguir que el impacto fuera mucho menor, porque lógicamente el aumento del precio se ve multiplicado por el efecto del IVA, que eso sí, tiene una consecuencia muy positiva para el gobierno porque le permite ingresar mucho más dinero por este impuesto. O sea, que además de la inflación debemos soportar sobre nuestras espaldas las ganancias que gracias a ella obtiene el gobierno, de las que además no hace un buen uso.
Porque esta es la otra cara de la moneda. La bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina y gasóleo es una medida absolutamente contraproducente por dos importantes razones. La primera porque reciben la misma subvención los «ricos» que los «pobres» . Mejor dicho, los primeros, que suelen tener vehículos más potentes, se ven más beneficiados. Era mucho más lógico no aplicar esa medida, que además es carísima, y proceder a rebajar el precio del IVA.
Pero el gobierno no ha actuado así porque sus acciones no están presididas por criterios de racionalidad económica ni de beneficio a la población. Lo que busca es una ganancia electoral y Esta se ve más claramente reflejada si se van dando unas ayudas, que si se dicta una medida general que pronto permanece en el olvido. En el caso de la subvención a los combustibles, es además una práctica totalmente contraria a los criterios de la transición ecológica porque incentiva el consumo de combustibles derivados del petróleo.
Los exégetas de las políticas del gobierno atribuyen la reducción de la inflación a la excepción ibérica. Es decir, de las que gozan España y Portugal de poner un límite al precio del gas. Pero en su aplicación práctica este hecho ha tenido una incidencia reducida. Basta con ver como Francia tiene una inflación (7,1%) aún menor que la española y no goza de esta medida. Y Portugal, que sí la tiene igual que España, sitúa la inflación en el mismo nivel de la media comunitaria, 10,6%.
Sobre los consumidores las consecuencias pueden resumirse así: los principales beneficiarios del tope del precio del gas son los consumidores regulados por PVPC y los libres con precio indexado en el mercado. Para este grupo, la reducción de la factura ha sido del 16% en relación con el precio que deberían haber pagado sin la aplicación del mecanismo. Pero para los consumidores que tienen vigente el contrato libre a precio fijo, este tope no les ha afectado para nada. Por otra parte, ya se sabe que el precio que se realiza incorpora un coste adicional de compensación que incrementa la factura. En resumen, ha habido un impacto, pero como decía, ha sido parcial y de por sí no explica la evolución de la inflación española.
Entonces, ¿por qué España tiene una inflación general menor? Por una razón bien conocida del mundo económico. Porque el paro español es el más alto de Europa y una elevada tasa de paro es incompatible con una inflación elevada. Así de sencillo, así de concreto. Es más, el gobierno español debería explicar cómo, a pesar de este nivel de personas que no trabajan, tiene una inflación importante cuando en realidad debería ser teóricamente menor. Además, cabe añadir que el paro español, tras la modificación de la legislación laboral, no es real porque gran parte de los contratos fijos discontinuos en realidad ocultan a personas que no están trabajando que cobran del paro, pero que no figuran en las listas. Toda esta bola de nieve actúa de forma eficaz para controlar los precios generales.
El tercer factor de fracaso es que las ayudas que deben llegar a los más vulnerables, el famoso escudo social , no lo hacen y los sindicatos ya han avisado al ministro Escrivá del fracaso del ingreso mínimo, dado que se han rechazado el 73% de las peticiones. UGT, CCOO y CSIF han convocado para este viernes una concentración ante el ministerio de Seguridad Social para protestar por el pésimo funcionamiento de esta medida, la del ingreso mínimo, que estaba pensada para atenuar el impacto de las crisis sobre las familias con menos ingresos. De hecho, del presupuesto dedicado a este capítulo solo se ha ejecutado el 56%. Y quedan pendientes de solicitud un 57% de los posibles beneficiarios, que representan a 400.000 hogares, es decir, más de 1 millón de personas. El añadido adicional es que incluso quienes lo reciben ven también cómo esta exigua compensación ha quedado deteriorada por la inflación. Es exigua porque representa una prestación media de 194 euros mensuales por beneficiario y 437 euros por hogar. Esta paupérrima aportación explica el porqué, por ejemplo, Cáritas y los Bancos de Alimentos están absolutamente desbordados.
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