No cabe duda de que hablar de delincuencia e inmigración en la misma frase es hoy, en el marco de la cultura dominante, una concepción polémica que, incluso, lleva a la denuncia.
Véase sino el caso del inspector jefe de la Policía Nacional de Valencia, Ricardo Ferris del 14 de octubre en un acto de Vox, que equiparó inmigración y delincuencia. No sólo ha sido suspendido del cargo y se le ha abierto un expediente por parte del ministerio del Interior, sino que ahora una treintena de asociaciones le han denunciado por posible delito de odio. Dejando al margen la mayor o menor fortuna de las afirmaciones de Ricardo Ferris, lo que sí hay que situar es que existe un problema real, objetivo, con la inmigración y sus consecuencias sobre la cifra de delitos. Los datos así lo manifiestan.
Ahora se han hecho públicas las referidas al 2021, y en el caso de la provincia de Barcelona señalan que, en relación al tipo de delitos, el porcentaje que corresponde a los inmigrantes con papeles es el siguiente: 72% de robos en la calle con violencia, 61% de robos en domicilios con violencia, 51% de las agresiones sexuales con penetración, 50% de los homicidios y asesinatos. Esto con respecto al paquete de delitos que mayor alarma generan.
Si se considera el conjunto, el 48% han sido cometidos por inmigrantes, con el hecho adicional de que no se contabilizan los que carecen de papeles y, por tanto, el porcentaje puede ser sensiblemente más alto en todos los casos. Para hacernos una composición más exacta del escenario de la provincia de Barcelona, es preciso recordar que la población inmigrante significa el 15,3% del total. Es evidente que estas cifras deben preocupar y que el problema no se resuelve a base de querer ocultarlas, porque lo único que se hace actuando así es esconder bajo la alfombra algo que crece en la alarma ciudadana, y que además afecta sobre todo a unos determinados sectores de población, que no son precisamente aquellos que disponen de mayores ingresos.
En cuanto a Barcelona y en el Eixample, el 51% de todos los delitos cometidos han corrido a cargo de inmigrantes. Y aún otra cifra que no es coherente con las anteriores que nos dice, según la Guardia Urbana, que el 80% de los delitos cometidos en Barcelona corresponden a MENA y magrebíes. Quizás las diferencias se deben a que la Guardia Urbana refiere las cifras en relación con los delitos en los que ella interviene.
Ante este panorama es evidente que es necesario rehuir los dos extremos. Aquel que dispara a todo lo que se mueve, que considera que toda crítica y cuestionamiento a la inmigración es delictiva y debe ser represaliada. El otro extremo es aquel que focaliza todos los problemas que sufrimos precisamente en los inmigrantes.
La inmigración es evidente que trae problemas, pero también lo es que aporta soluciones en una sociedad envejecida, en la que cada vez hay más personas que deciden no tener hijos, bien porque consideran que las circunstancias económicas no lo hacen posible, bien sencillamente porque su modo de vida no lo hace compatible.
¿Qué conclusión provisional podemos extraer de todo esto?
Pues que es evidente que existe una relación entre inmigración y delincuencia, pero que no es exacto atribuirlo a la condición sólo de inmigrante, sino a las condiciones socioeconómicas y familiares que rodean su vida.
En consecuencia, un capítulo esencial es crear las condiciones que hagan posible una mejor integración de estas personas. Pero, como este proceso tiene un coste, también es evidente que la sociedad no puede asumir sin tensiones ni conflictos, que perjudican también a los propios inmigrantes, la entrada de todos los que quieran venir. Una buena canalización de la inmigración y la atención a sus necesidades básicas se convierte en la mejor respuesta. Es todo lo que señala, por el contrario, el ejemplo de los MENA y el abandono que sufren por parte de la administración.
El problema añadido es que otorgar esta atención tiene un coste y que, a su vez, nuestra población presenta unas deficiencias de atención que en algunos aspectos es escandalosa. Se trata de la gente sin hogar y del caso más extremo de los que viven en la calle. De las largas esperas para ser atendido por el sistema de dependencia porque el Estado no cumple de forma sistemática su obligación de financiar, según ley, la parte que le corresponde, que es el 50%. Que esté instalada en el 20% o menos es inadmisible porque es hacer trampas en el solitario. O, por citar un caso más extremo todavía, la falta de prestaciones para las personas que padecen enfermedades que incorporan una dependencia total y que en muchos casos además son degenerativas. Aquí la omisión vuelve a ser de juzgado de guardia.
El conflicto con la inmigración por la delincuencia no es otra cosa que un espejo de la ineficacia de los gobiernos para utilizar bien los recursos, más cuando éstos son desperdiciados de forma masiva en subvenciones y actividades que para nada forman parte de las necesidades básicas de las personas.
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