Nos referíamos en Converses a las graves disfunciones que sufre Cataluña y que se van acumulando, y hablábamos de la inseguridad y de cómo crecían las organizaciones de delincuencia en torno a la marihuana, de la cronificación del problema de la AP-7, de Cercanías, etc.
Desgraciadamente, éste es un problema que no sólo no se resuelve en estas disfunciones, sino que crece y se acumula ante la incompetencia absoluta ahora ya de quienes nos gobiernan. Fíjese la paradoja: han comenzado las obras en las líneas R2 Nord y R11 de Cercanías que provocarán modificaciones puntuales en la R1 durante tres meses a causa de las obras de la estación de la Sagrera. Esto se sabía desde hace tiempo, se anunció a los usuarios, pero llegó el primer día y el resultado ha sido un nuevo colapso en Cercanías. El desconcierto de los pasajeros el pasado sábado fue absoluto, pero aún fue mucho peor el lunes, el primer día laborable. En realidad una parte importante del problema es la falta o la insuficiente planificación y coordinación práctica. Ahora resulta que no existen suficientes autobuses para prestar el servicio. Bien, la afectación incide sobre 73.000 pasajeros, que no es poco precisamente, y tiene un efecto destructivo sobre la productividad del país porque tiene una repercusión directa sobre la actividad laboral de todas estas personas, las empresas donde trabajan y las que se relacionan con ellas.
Esta falta de autobuses sólo puede calificarse de irresponsable porque, una vez más, como en el caso de la AP-7, no se trata de un hecho imprevisto sino de una crisis anunciada. La Generalitat, que tiene parte de competencias sobre Cercanías, insuficientes, pero las tiene (por ejemplo sobre los horarios), ahora que el pitafio está montado se limita a protestar, a considerar inaceptable la situación y a exigir el traspaso de Cercanías. Está bien que lo exija, pero ni el consejero, ni el gobierno, ni los funcionarios cobran por protestar, sino por ejercer su misión que en este caso es ser en parte responsable del buen funcionamiento de este servicio de transporte. La Generalitat debía velar para que la programación de Renfe fuera suficiente y en todo caso introducir los medios necesarios para que lo que está pasando no sucediera.
Pagamos por una gente que hace lo que nosotros hacemos cuando nosotros nos tomamos un café en el bar: criticar y protestar. El problema es que a nosotros no nos pagan por eso, sino por el trabajo por el que estamos contratados.
Esta degradación del funcionamiento de Cataluña está destruyendo el Parlamento, que no es que fuera sobrado precisamente de prestigio en estos últimos años. Ahora todo gira en torno al serial de Borràs, su suspensión como diputada y, por tanto, presidenta, la interinidad de la vicepresidenta y no ponerse de acuerdo para que haya un nuevo presidente elegido por el Pleno. Además los asesores de Borràs, que son seis, siguen cobrando sus salarios que suman conjuntamente la nada despreciable cifra de 26.000 euros para asesorar a una presidenta que ya no lo es. El ejemplo es pésimo.
Y mientras este vodevil sigue, las relaciones entre JxCat y ERC mantienen la política catalana ya en el plano de la caricatura permanente. Parecía que JxCat amenazaba y estaba dispuesta a romper con el gobierno, y los medios de comunicación se llenaron de páginas y páginas analizando este hecho, al que, por cierto, Converses dedicó muy poca atención porque presumíamos que la cosa evolucionaría en los términos como lo ha hecho. Ahora que se avecina el debate en el Parlamento sobre política catalana, JxCat recoge velas. Ya no hay ultimátum, ni presión y lo que era una fecha límite para reubicar el horizonte de la independencia, precisamente el debate de política general en el Parlamento, ahora resulta que ya no lo es. Ya no hay fecha. Y no lo dice uno cualquiera, sino el adalid del independentismo de hocico fuerte, Laura Borràs. O sea que nada.
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