El pasado mes de julio, el Banco Central Europeo (BCE) anunció un nuevo instrumento de política monetaria llamado Instrumento para la Protección de la Transmisión o IPT.
Se trata de una herramienta que, según la presidenta del BCE Christine Lagarde, debe permitir contrarrestar «dinámicas de los mercados que supongan una amenaza seria a la transmisión de la política monetaria a través de la zona euro».
Como en su momento afirmó Víctor Pou en este mismo diario, se trata de «un instrumento creado para comprar, si fuera necesario, la deuda de los países en dificultades para financiarse en los mercados, es decir, los países del sur de Europa, los mediterráneos, nuestra casa’.
Que el BCE disponga de una arma que le permita como último recurso sostener a la moneda única europea es, en principio, una buena noticia. Sin embargo, si se emplea de forma masiva e indiscriminada para rescatar a países como España, Italia, Grecia o incluso Francia (este último país merecería una atención especial que de momento no está recibiendo), los riesgos en materia de estabilidad fiscal y económica son inmensos.
De hecho, los mercados recibieron el anuncio del IPT con escepticismo. En vez de hacer remontar el euro, su bajón ha proseguido hasta que, a finales de septiembre, sigue situándose por debajo de la paridad con el dólar.
El principal problema del IPT es su falta de definición, que incentiva a que los gobiernos abusen de las ventajas que ofrece. El BCE tan sólo impuso cuatro condiciones muy vagas para activar el IPT: conformidad con el marco fiscal de la UE, ausencia de desequilibrios macroeconómicos severos, deuda sostenible según las conclusiones de un conjunto de instituciones y aceptación de otras recomendaciones de la UE.
En la práctica, y como explica el economista y eurodiputado Luis Garicano en el Financial Times, la primera condición se encuentra neutralizada ya que la UE ha concedido un período de gracia que ha prolongado hasta el 2023 incluido. La segunda y la cuarta no parecen demasiado efectivas puesto que dejan a la UE un amplio margen de interpretación.
En el momento de la verdad, sólo Polonia y Hungría se han visto obstaculizadas, pero por cuestiones políticas y no económicas. Todos los demás planes de recuperación han recibido el visto bueno (más que cuestionable en el caso de países como España, donde se destina dinero por ejemplo a cambiar ventanas).
Por lo que se refiere a la tercera (deuda sostenible), una simple declaración de las instituciones que diga que la deuda es sostenible parece ser suficiente.
Por si fuera poco, el BCE se reserva el derecho de tomar estos cuatro criterios como simples «elementos de entrada» («inputs»).
En definitiva, el BCE se ha puesto a sí mismo en una situación insostenible: con el IPT, ha enviado todas las malas señales posibles a los mercados. Éstos ahora temen, y con razón, que los países más endeudados sigan incrementando su déficit sin límites mientras el IPT siga existiendo.
Gobiernos como el español o el francés, poco responsables en materia de disciplina fiscal, seguirán gastando sin contar a base de subsidios indiscriminados a los carburantes, subvenciones a la energía, revalorizaciones de pensiones y sueldos del sector público…
Además, Madrid, París o Roma sabrán perfectamente que si el BCE detiene el programa del IPT, pondrá en riesgo al conjunto de la zona euro.
En definitiva, con su falta de voluntad para subir los tipos de interés y al mismo tiempo desplegando el IPT, el BCE ha decidido prorrogar de forma totalmente artificial la era del endeudamiento desmedido. Pero en realidad la historia acabará atrapando igual al Banco Central Europeo, que en un momento u otro tendrá que asumir responsabilidades y hacer frente a una situación cada vez más desesperada para el futuro del euro.
La resaca, como señalábamos en otro artículo, es inevitable. La única diferencia es que, como seguimos consumiendo alcohol desmedidamente, cuando llegue será aún peor. Y los principales responsables de esta gravísima situación son, trágicamente, los mismos que siguen dirigiéndonos.
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