El gobierno español parece encarnar la versión política del carpe diem, lo que hace que determinadas personas quieran vivir intensamente porque al final siempre está la muerte que te espera.
Está claro que en el caso español de lo que se trata es precisamente de gastar y gastar intentando evitar la muerte política que por el momento le otorgan las encuestas.
En un período en el que las familias y las empresas pasan por dificultades por falta de ingresos, el gobierno español ha presupuestado el mayor límite de gasto no financiero de la historia, 198.221 millones de euros, con la incorporación de los fondos europeos, algo que ya hizo el año pasado. Asimismo, bate un récord con el dinero que dará a las autonomías para el 2023, 134.336 millones, lo que se produce precisamente en año electoral para los municipios y para las autonomías, excepto aquellas que tienen un régimen específico, como Cataluña y el País Vasco. El papel lo aguanta todo, pero las perspectivas son más bien negras para el próximo año.
Pese a que la corriente principal de la interpretación económica señala que no habrá recesión, esta no puede descartarse. Y en todo caso lo que sí existe es una convergencia de criterios al prever un significativo menor crecimiento de las economías europeas y mundiales, porque simultáneamente China, EEUU y Europa sufrirán este efecto de reducción.
En una reciente intervención el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, señaló cuatro condiciones que definían la posibilidad de que se produjera la temida recesión. Una era que las tensiones de occidente en Rusia se mantuvieran hasta 2024. La otra que no se registraran problemas de abastecimiento de productos básicos. La tercera parece muy difícil cumplir, que no hubiera restricciones de gas ruso en Europa, que ya se están produciendo. Y la cuarta, también dotada de dificultades, que la guerra de Ucrania no se alargue mucho más. En ese cuadro todo inspira a la prudencia.
Pero es que, además, el Fondo Monetario Internacional ha empeorado las previsiones para este año y el próximo, y ha alertado sobre la temida recesión mundial. A escala global ha rebajado el crecimiento de 2022 en 0,4 puntos, pero es que hay que recordar que en abril ya hizo otro recorte de 0,5 puntos. La previsión es que crezcan un 3,2% para este año y un 2,9% para el próximo año que significa 0,9 puntos menos que la previsión inicial, al tiempo que revisa al alza la inflación.
Para España le otorga solo un crecimiento del 4% este año y un migrado 2% el próximo. Si se confirmaran estos datos, querría decir que el 31 de diciembre de 2023 todavía no habríamos recuperado los niveles previos de PIB de la covid. Pero es que además todas estas previsiones son anunciadas con reservas porque las variables globales del tipo de las anunciadas por el gobernador del Banco de España pueden aún perjudicarlas más.
En este contexto los nuevos impuestos del gobierno en las empresas eléctricas y en la banca son considerados de dudosa legalidad por una entidad independiente Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, al considerar que las medidas tributarias a la carta son de difícil encaje en la legalidad. Detrás existe una reflexión bastante evidente. Se trata de recuperar para el erario público, por medio de más impuestos, un aumento notable de beneficios. Lo lógico es aplicarlos a todas las empresas que tengan niveles de beneficios similares con independencia del sector al que pertenecen. En cualquier caso es una razón más que pone en duda la viabilidad de recaudar una cifra importante del orden de 5.000 millones de euros o más por esta vía. Sería un factor más que descuadraría los presupuestos, al igual que un aumento continuado de la inflación está creando un grave desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social que acaba repercutiendo en el equilibrio fiscal del Estado.
Cargando ...
