En plena crisis el gobierno español nada en la abundancia. Ahora recibirá otros 12.000 millones de los fondos Next Generation, ya serán 31.000 millones, una cifra realmente astronómica, los que habrá ingresado el gobierno. A esa magnitud hay que añadir los fondos europeos ordinarios, que siguen funcionando, pero que ya los hemos olvidado dada la lluvia de dinero extra que está llegando. Además existen los ingresos extras que la inflación genera en la recaudación del IVA y el IRPF. El fenómeno inflacionario detrae renta de las personas, familias y empresas, y traspasa una parte de esa renta a las arcas del Estado. En este sentido, las ayudas que viene aplicando el gobierno solo son una parte de ese exceso recaudatorio que disfruta, por encima de lo que serían unas condiciones normales de una inflación situada en torno al 2%.
El problema es que ni las medidas controlarán la inflación a criterio de la inmensa mayoría de economistas que se han pronunciado, ni en contadas excepciones, como la rebaja en el transporte público, representarán una ayuda significativa para las rentas inferiores. Pero es que, además, cabe recordar que ese descuento sobre el transporte no se producirá hasta el mes de septiembre y, por tanto, solo tendrá vigencia durante 4 meses hasta final de año.
En este escenario además se está produciendo un deterioro creciente de las clases medias. Cuando Sánchez reivindica su defensa frente al poder económico, hace una afirmación que no se corresponde ni de lejos a la realidad. Primero porque no dedica ningún recurso a las clases medias, ni tiene en cuenta al grupo de población siempre más castigado: el de las familias con hijos, que ven como además de estar siempre en la cola de Europa en apoyo económico, ahora encima sufren, multiplicado por sus miembros, el efecto de la inflación.
Cuando Sánchez afirma que se enfrenta al poder económico es necesario recordar que tal afirmación hasta ahora es una entelequia, porque su comportamiento político es más bien todo lo contrario. La idea de que “nos quieren derribar” forma parte del nuevo relato construido por los alquimistas de la Moncloa después de la gran derrota en las elecciones andaluzas.
Si observamos los hechos constataremos que el presidente del gobierno no ha tomado hasta ahora ninguna medida que signifique rascar el bolsillo de lo que él dice «el poder económico». Recordemos: la rebaja que se produjo en el recibo de la luz y que dio lugar al déficit de tarifa se acabó traduciendo en un incremento que pagamos todos en nuestro recibo para afrontarlo. Cuando se produjo la ampliación de la autopista AP-7, la que ahora ha quedado colapsada en Catalunya, se hizo a través del pago por parte de los propios contribuyentes. Al final, fueron 1.000 millones de euros que salieron de nuestros bolsillos. Cuando ahora se ha aplicado la famosa contención del precio del gas en el cálculo del precio de la electricidad, ha ocurrido lo mismo. Por un lado, se pone un tope al precio del gas y por otro la diferencia de éste con el precio real la pagamos los usuarios.
Nada en la práctica de los socialistas (Podemos incluido) hace pensar que ahora se levante como un nuevo Robin Hood que “roba” a los ricos para distribuirlo entre los pobres. El hecho de que el nuevo impuesto sobre las eléctricas lo posponga hasta el inicio del próximo año y lo tramite como ley (procedimiento que siempre es más garantista) significa que difícilmente antes del segundo semestre del próximo año esta ley estará en vigor. Se hace difícil creer que entonces se aplicará con efectos retroactivos del excedente de beneficios que hayan podido obtener este año, al margen de que este “excedente” tiene unas notables dificultades para ser determinado sin abrir una gran polémica.
Si nos atenemos a la tradición de los gobiernos, lo que puede ocurrir es que lo que saquen con una mano de estas empresas se aplique a nuestros recibos por otra. Basta recordar por ejemplo el escandaloso caso de la perforación de Castor frente a nuestras costas y su necesario ulterior cierre que ha dado lugar a una indemnización que todavía estamos pagando. En realidad, es siempre una tentación demagógica decir que le cobras otros 1.000 millones a las grandes empresas para después por la puerta trasera recuperarlos a base de que cargue a cada ciudadano o a cada usuario 10 euros más cada mes, porque eso no ocasiona ninguna revuelta y porque poco a poco se llena el fregadero.
